ABC
Lejos de las libertades que se suponen para un régimen democrático, entre 1931 y 1936 abudaron las amenazas a periodistas, las multas a órganos de prensa y los cierres de muchas cabeceras... tanto de los gobiernos de izquierdas como de derechas
Día 15/04/2011 - 11.21h
«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera; durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos Repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Este editorial del 30 de noviembre de 1932 era la respuesta de ABC a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa durante el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe, y en un solo día, por parte del Gobierno de Azaña tras la sublevación del general Sanjurjo.
ABC
Portada que cubría la boda de Don Juan de Borbón
Una medida que no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaban la voz contra el nuevo régimen establecido hace 80 años. Porque, más allá del paraíso de libertad de expresión que pueda suponerse para un régimen democrático y constitucional -entre dos dictaduras donde no existió la prensa libre- lo cierto es que la Segunda República (1931-1936) estuvo plagado de amenazas gubernamentales a periodistas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al régimen, cierres por semanas e incluso meses de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y todo tipo de presiones y actuaciones que rozaban a veces el absurdo.
En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo quefue considerado parte de una «campaña contra la República». Y tanto en ABC, que fue censurado y multado en varias ocasiones por defender su ideas –«Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho, respetuosos con la voluntad nacional…», decía un editorial histórico el 15 de abril de 1931– como en otros muchos periódicos, comenzaron a alzarse las protestas contra esta falta de libertad de expresión.
La respuesta del Gobierno, la misma: semanarios como «Blanco y Negro», diarios nacionalistas como «Euzkadi» o «Bizkaitarra», o católicas como «La Gaceta del Norte», «Adelante» o «La Tarde» y otros como «La Ribera Deportiva», «El Fusil», «El Siglo Futuro»… da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido el 14 de abril de 1931 y todos sufrieron la mano censora de la República.
Censura por encima de la Constitución
Aunque la «Ley de Defensa de la República», del el 28 de octubre de 1931, primero, o la «Ley de Orden Público», fue considerada por muchos historiadores como impropia de un sistema democrático, lo cierto es que ya antes Niceto Alcalá-Zamora había arremetido contra la prensa. La primera, en mayo, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. Las autoridades, sin dudarlo, se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.
Con la «Ley de Defensa de la República» las medidas se endurecieron y nuevos periódicos eran censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga, trató de tranquilizar a los periodistas, con los que llegó a reunirse, para asegurarles que el Gobierno quería respetar la libertad de crítica en la prensa. Un mes más tarde, ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que tienen que merecer de todo los máximos respectos, he tenido que obrar en la forma que he dicho».
Muchos historiadores han coincidido que hasta su anulación en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático, máxime con una Constitución que decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura».
La primera sanción a ABC
Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos, en la primera etapa, y los de la tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933, en la segunda, encontraron muchísimas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión.
Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que Juan Ignacio Luca de Tena, su director, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932, casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obrero, los 67 redactores y los 81 empleados que tenía en aquel entonces ABC continuaron cobrando sus sueldos.
Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa» a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la «Ley de Orden Público» en 1933, que sustituyó a la «Ley de Defensa de la República», las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.
Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún periódico en los años precedentes cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.
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