La Mezquita de Córdoba no es de los obispos, según
un comité oficial
Un grupo de
expertos en el que participó Carmen Calvo concluye que el monumento fue de
titularidad pública hasta hace 12 años y pide al Gobierno que impugne en bloque
todas las inmatriculaciones
Un
grupo de visitantes observa desde la macsura, espacio destinado al califa, el
mihrab de la Mezquita de Córdoba. FOTO: PACO PUENTES. VÍDEO: ATLAS
Una comisión de expertos ha concluido que la
Mezquita de Córdoba —declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la
Unesco— mantuvo durante 12 siglos su titularidad pública hasta que la Iglesia
la puso a su nombre en 2006. El clero se apropió del monumento gracias a una
reforma que el Gobierno de José María Aznar hizo de una ley franquista de 1946.
Este comité de cuatro expertos —comisionado por el
Ayuntamiento de Córdoba para fundamentar la titularidad pública de la Mezquita—
pide, además, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anule en bloque todas las
inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998, cuando Aznar permitió el registro
de los templos de culto, hasta 2015. En estas consideraciones participó Carmen
Calvo como constitucionalista cuando no era vicepresidenta.
Los expertos razonan que no hay rastro histórico
documental de que la Mezquita pertenezca a la Iglesia antes de 2006. Los
historiadores han constatado la estrecha relación de la Administración pública
con la organización del edificio durante siglos y cómo el archivero de la
catedral no menciona ningún documento de propiedad, a pesar de su utilidad como
lugar de culto. “El clero ha tenido la posesión, pero no se comprueba la
propiedad. Si hubiera estado acreditada antes de 2006, no se habría
inmatriculado”, razona Alejandro García Sanjuan, profesor de Historia Medieval
en la Universidad de Huelva y miembro del comité, que este sábado presenta sus
conclusiones en Córdoba. Los historiadores reclaman que la gestión del
monumento se haga bajo “criterios profesionales” —como por ejemplo en la
Alhambra— y no “confesionales”.
Los expertos apuntan alto y reclaman una solución
global para que el Gobierno anule en bloque las miles de inmatriculaciones
(bienes registrados por primera vez) que la Iglesia llevó a cabo entre 1998 y
2015. Esos años los obispos inscribieron catedrales e iglesias, hasta entonces
consideradas bienes públicos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,
elaboró las conclusiones jurídicas de dicho informe antes de entrar en el
Gobierno. Calvo fundamentó las vías jurídicas para anular las inmatriculaciones
y ningún otro jurista la sustituyó el pasado junio tras integrarse en el
Gobierno, aunque se desvinculó del comité. La vicepresidenta rehusó
pronunciarse. “No sería ni ético ni estético”, dijo una portavoz.
“Es una solución general a escala legal porque hubo
una disposición transitoria con medidas intolerables”, resume sobre la reforma
de Aznar el exdirector general de la Unesco y presidente de la comisión,
Federico Mayor Zaragoza. Los expertos entregan este sábado su dictamen al
Consistorio cordobés y este decidirá si lo eleva al Gobierno.
La Iglesia inmatriculó en 2006 la Mezquita de
Córdoba en el registro de la propiedad a cambio de 30 euros. En 2016 visitaron
el monumento 1,8 millones de turistas, a los que la Diócesis de Córdoba cobró
una entrada de 10 euros, como norma general. Ahora los expertos concluyen que
el Ayuntamiento puede emprender acciones legales contra la Iglesia para
recuperar su titularidad pública, pero que la fórmula ideal debe ser común y
provenir del Gobierno para evitar miles de pleitos por todo el país. “Preferimos
una acción conjunta desde el Gobierno central para retrotraernos a la situación
previa a la inmatriculación”, aclara García Sanjuan. Junto a la solución
global, los expertos hacen hincapié en “casos particulares con argumentos
concretos” como la Mezquita cordobesa o la catedral y la Giralda de Sevilla,
inmatriculadas en 2010 por la Iglesia.
Mandato a registradores
Sobre la solución jurídica global, el Gobierno
podría optar por un mandato a los registradores para que cancelen todas las
inmatriculaciones, dado que las considera nulas al ir contra los derechos
humanos, según tres sentencias recientes del
Tribunal de Estrasburgo, considera Antonio Manuel Rodríguez,
profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. El alto tribunal
calificó en sus fallos de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la
Iglesia y condenó al Estado español.
Los registradores, sin embargo, advirtieron
recientemente, en declaraciones a Abc, que se necesita
el concurso de un juez para declarar nulas esas inscripciones.
Las plataformas ciudadanas intentaron sin éxito que
el Congreso y el Parlamento andaluz interpusieran recursos de
inconstitucionalidad contra las leyes franquistas por “equiparar a la Iglesia
con la Administración y a los obispos con funcionarios”, denuncia Rodríguez,
pero no lograron el apoyo de los socialistas, que ahora han cambiado de
parecer. En 2015, el Gobierno del PP derogó ambas leyes de 1946 y 1947 para
evitar que fueran declaradas inconstitucionales al no existir, por lo que dejó
en un limbo legal todas las inmatriculaciones que había llevado a cabo la
Iglesia durante 70 años.
El Ministerio de Justicia
elabora ahora un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia y cuáles
de ellos reclamará. A pesar de que es previsible que la
Mezquita esté entre estos últimos, Justicia evita confirmarlo de momento ya que
entregará el listado al Congreso y este lo difundirá.
“La Mezquita es patrimonio de todos y tiene que
haber un respeto a la tradición y a la historia. Las inmatriculaciones que
realizó la Iglesia en toda España gracias a una ley que hizo el PP son
intolerables”, opinan fuentes de la Junta andaluza. El
Arzobispado de Córdoba declinó ayer comentar la polémica. Además de iglesias,
los obispos inscribieron fincas, cementerios, casas rectorales, casas de
maestros, frontones, ruinas, garajes, plazas y fuentes entre otros bienes.
“La gente no interioriza la importancia de
inmatricular la Mezquita o cualquier otro templo. Si es propiedad privada se puede
vender. No es un hecho menor, es muy importante. La Mezquita se podría vender”,
alerta uno de los expertos.
Cuando trascendió que el Gobierno podría reclamar
la titularidad de bienes inmatriculados por la Iglesia, los obispos hablaron de
“una desamortización encubierta”. Los laicos, sin embargo, se refieren a las
inmatriculaciones como una “desamortización a la inversa”. La batalla parece
evidente.
Sobre una hipotética negociación Gobierno-Iglesia,
el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza fue ayer tajante:
“No hay nada que negociar con la Iglesia”, dijo tras la nula disposición de la
jerarquía a devolver los bienes registrados sin títulos de propiedad.
Entre los episodios que denotan la titularidad
pública de la Mezquita de Córdoba y la implicación de las Administraciones a lo
largo de la historia, los expertos destacan cómo en el siglo XVI el obispo
Alonso Manrique quería hacer obras en la catedral —ubicada en el corazón de la
Mezquita—, pero el concejo de la ciudad andaluza se opuso. Dado que el obispo
no daba su brazo a torcer, el concejo decretó la pena de muerte para todo aquel
que participara en las obras previstas. La reacción del clero fue decretar la
excomunión de los miembros del concejo. “Finalmente, Carlos I decidió dar
licencia al obispo para ejecutar las obras del crucero, pero fue el rey [como
Administración de la época] el que decidió y eso es lo relevante”, subraya Juan
Bautista Carpio, historiador medieval de la Universidad de Córdoba y miembro
del comité de expertos.
La Mezquita fue un espacio de culto y
representación de la dinastía Omeya y dejó de funcionar como centro de culto
islámico en 1236, pero esta circunstancia no supuso que el rey Fernando III
otorgara la propiedad del monumento a la Iglesia, según han constatado los
historiadores. “Desde entonces, el cabildo ha tenido presencia permanente pero
no se ha comprobado su propiedad”, destaca Alejandro García Sanjuan,
historiador que ha formado asimismo parte de la comisión.
La inmatriculación de catedrales españolas de
extraordinaria riqueza artística contrasta con el ejemplo de países vecinos.
¿De quién es la catedral de Lisboa o Notre Dame? De los Estados portugués y
francés, respectivamente. “¿Por qué el Vaticano reconoce en Portugal lo que
niega en España?”, se pregunta el jurista Antonio Manuel Rodríguez.
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