Rubalcaba privatiza las escoltas que prestan Guardia Civil y Policía Nacional
Interior cambia la protección a una treintena de cargos socialistas y populares
MIKEL ORMAZABAL - San Sebastián - 29/03/2011
EL PAIS
Cargos públicos socialistas y popualres han mostrado su inquietud al Ministerio del Interior por la decisión de retirarles los guardias civiles y policías nacionales que tenían asignados como escoltas para sustituirlos a partir del 1 de abril por agentes de seguridad privada. Dado su descontento con esta medida, en algún caso amenazan con rechazar el nuevo servicio de guardaespaldas y "acudir solo y sin escolta al trabajo", asegura un edil guipuzcoano del PSE.
Cuatro políticos seguirán protegidos por agentes del instituto armado
La orden de reemplazar a las Fuerzas de Seguridad del Estado por empresas de seguridad podría afectar a una treintena de políticos, en su práctica totalidad ediles del PSE y el PP, según el recuento realizado por los propios afectados. Estos cargos amenazados por ETA de cuya protección se venían encargando agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía pasarán a ser custodiados desde el próximo viernes por personal privado, como sucede con la gran mayoría de los escoltados en Euskadi. Siempre según el testimonio de estas personas, no han recibido una notificación oficial de este relevo, ni ellos ni sus partidos. Tampoco conocen las razones que han llevado al ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba a adoptar una decisión de esta naturaleza. Se enteraron a raíz de una llamada a comienzos de este mes del responsable de seguridad del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
"No es lógico que se tome la determinación de privatizar las labores de escolta en vísperas de una campaña electoral, y menos sin haberse realizado una valoración del riesgo de estas personas", se queja un edil socialista que habla "en nombre de otros afectados que están en la misma situación". Al parecer, añade, el ministerio ha optado por dejar sus "vidas en manos de unos vigilantes privados" en aras de una racionalización de los servicios de seguridad. Ante la sospecha de que la privatización de los servicios de protección responda a motivos económicos, apunta que "la seguridad es un tema muy delicado para tratarlo tan a la ligera".
La negativa al cambio "es total". Este concejal del PSE afirma tajante: "El primer día que se presente en mi casa alguien que no es guardia civil, cojo el coche y me voy a trabajar solo". La medida afectará a 20 políticos guipuzcoanos y otros 12 más en Álava y Vizcaya. Solo se van a hacer cuatro excepciones -una dirigente del PP y tres cargos socialistas-, a quienes se les mantendrán los guardias civiles. La protección de estas personas supone en la actualidad para el ministerio destinar dos turnos con dos agentes cada uno por cada amenazado, además de otros 120 en total que realizan labores de contravigilancia en los domicilios y lugares de trabajo de los amenazados.
Un juntero guipuzcoano del PP, escoltado por guardias civiles desde hace 12 años, asegura que supo de este cambio por un mando militar. "Desde el 1 de abril nos asignan dos vigilantes privados y un coche", destaca. Este representante popular considera que el cambio de escoltas "responde al objetivo del ministerio de dar la sensación de normalidad" en el País Vasco. "Quieren acompañar con hechos la sensación de que estamos cerca del fin de ETA", opina.
La Secretaría de Estado de Seguridad, añade el político del PP, tiene la intención de ofrecer un solo escolta privado a los nuevos cargos públicos que tomen posesión tras los comicios del 22-M. Este dispositivo supone una reducción considerable con respecto a la situación actual. El procurador popular asegura que Interior va a rebajar la seguridad "de forma gradual". "Los cargos públicos veteranos seguiremos un tiempo con dos escoltas y un vehículo, lo que se conoce como 'módulo doble', pero a medio plazo pasaremos al módulo simple", concluye.
El cambio de los escoltas se concretará el próximo viernes, día 1 de abril, casi tres meses después del comunicado de ETA en el que declaraba un alto el fuego "permanente, verificable y de carácter general". Ya el año pasado, el Ministerio del Interior rebajó la seguridad a personas que seguían llevando guardaespaldas pese a habían abandonado tiempo atrás su responsabilidad pública. En algún caso se les retiró uno de los dos escoltas; en otros, la única seguridad que comenzaron a recibir fue la contravigilancia. También a comienzos de 2011 el Gobierno vasco comenzó a reducir los servicios de protección personal a los empresarios vinculados con el tren de alta velocidad, aunque también mantuvo las contravigilancias.
El ministerio y la consejería de Interior tenían contabilizadas en 2009 un total de 1.492 personas a las que se ofrecía servicio de escolta en Euskadi y Navarra. De ellos, el 89% estaba atendido por vigilantes pertenecientes a empresas privadas mientras que el resto dependía de las FSE y de la Ertzaintza.
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