31 de marzo de 2014

Mais de 1500 mulheres religiosas se apresentaram ao Exército de Israel




Edição 353    Diretor / Editor: Osias WurmanSegunda, 31 de Março de 2014


FLASH


Apesar de que o Grão Rabinato se pronunciou contrario a que jovens religiosas se unam às FDI, mais de 1500 mulheres religiosas se apresentaram ao Exército de Israel.

Boda homosexual, destino España

Boda homosexual, destino España

Más de 1.800 parejas extranjeras del mismo sexo se han casado desde 2005

Para las lesbianas, las leyes nacionales de reproducción asistida son un aliciente

El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo ha ido más allá de la celebración de bodas entre españoles o mixtas. Desde que el 3 de julio de 2005 entró en vigor, más de 3.700 extranjeros han pasado por juzgados españoles para formalizar su relación con una pareja también foránea.
Los más numerosos son los matrimonios entre hombres. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un total de 1.329 bodas masculinas y 522 femeninas. Son 1.850 enlaces, aunque probablemente las cifras actuales rebasen los 2.000 ya que los datos solo reflejan información hasta 2012. El año en el que se celebraron más bodas de este tipo fue 2009 (306; 225 entre hombres y 81 entre mujeres extranjeras), ya que a partir de entonces se legalizó este tipo de uniones en los dos países más próximos a España. Portugal lo hizo en mayo de 2010 y Francia en el mismo mes del año pasado, por lo que los ciudadanos de estos países ya no tienen la necesidad de desplazarse.
Al menos uno de los dos miembros de la pareja debe inscribirse como residente
Buena parte de ellos son hombres y mujeres que han acudido a España con el propósito expreso de casarse para conseguir el reconocimiento de unos derechos que su país ignora. Los registros del INE no distinguen ente parejas extranjeras ya residentes y aquellos que dejan su país para casarse en España, aunque hay indicios de que este último grupo es ampliamente mayoritario. “El 49% de las consultas que recibimos en 2012 [no hay datos más recientes] relacionadas con el matrimonio eran de personas que se comunicaban con nosotros desde otro país o cuya pareja era extranjera”, apuntan desde la Federación Estatal de [Homosexuales], Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (FELGTB). “Son bastantes”, añaden, “y aunque el matrimonio no es válido en su país, casarse les sirve para tener el reconocimiento, disfrutar de ese momento oficial en el que se formaliza la relación y quizás poder pelearlo [el matrimonio en su país de origen] en el futuro”, añaden desde esta entidad.
En todo caso, contraer matrimonio en España para una pareja de extranjeros no es tan sencillo como reservar un billete de avión, y pedir día y hora en los juzgados. “No puede venir cualquiera y casarse”, advierte Javier Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia. Al menos una de las dos personas de la pareja debe tener fijado su domicilio en España, lo que implica poder demostrar que “el centro de su vida social, económica y personal se encuentra aquí”, añade. ¿Cómo probar la residencia habitual? Con la inscripción en el padrón municipal, al menos, unos ocho o diez meses. “En este caso, el juez puede presumir que la pareja tiene en España su residencia habitual”, comenta el profesor de Derecho.
Cuando los matrimonios son entre mujeres, además de poder sellar su relación ante el juez, un alcalde o un concejal, España ofrece un aliciente añadido a las parejas que desean formar una familia, ya que la ley de reproducción asistida es de las más progresistas que existen en Europa. En Italia, por ejemplo, no es posible la donación de semen si no es para fecundar el óvulo de la propia pareja, es decir, no se puede recurrir libremente a bancos públicos de gametos. De hecho, está prohibido a mujeres solas someterse a inseminaciones o procesos de fecundación in vitro, al igual que sucede en Francia. En Alemania, Austria o Italia está prohibida la donación de óvulos.
En Italia o Francia no se puede inseminar a mujeres solteras
En España no existen estas limitaciones. La ley de Reproducción Asistida de 2006 deja bien claro que las usuarias de las técnicas de reproducción asistida son las mayores de 18 años “con independencia de su estado civil y orientación sexual”, lo que de forma explícita incluye a las solteras y a las lesbianas. En contra de lo que sucede en otros países europeos, en España existen programas de donación de gametos tanto masculinos (espermatozoides) como femeninos (óvulos). Ello abre las puertas a la posibilidad de acceder a un tratamiento de inseminación de un banco de esperma o, si fallara esta técnica, a un procedimiento de fecundación in vitro sin ningún obstáculo legal.
Es cierto que el Gobierno pretende limitar el acceso a lesbianas a los centros de reproducción asistida públicos, lo que sería aplicable tanto a nacionales como extranjeras con cobertura sanitaria en la red asistencial (aseguradas, según la jerga introducida por el Ministerio que dirige Ana Mato tras la exclusión sanitaria). En cualquier caso, siempre podrían acudir a un centro privado, ya que la ley ampara los tratamientos a mujeres solteras o a lesbianas. Que, de hecho, es lo que ya sucede en la inmensa mayoría de los casos.
Hay una ventaja más: la calidad y los competitivos precios de las clínicas de reproducción asistida nacionales. “Lo que te cuesta aquí la privada no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, donde es mucho más caro. En la mayoría de las clínicas te atienden en distintos idiomas”, apunta Gloria Fortun, de la Asociación de Familias Homoparentales LGTB Galehi.

Los guardas forestales, con las alas cortadas

Los guardas forestales, con las alas cortadas

La nueva Ley de Montes establece que no podrán denunciar ante la fiscalía o el juez posibles delitos

Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes, que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.
El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.
Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.
El Gobierno asegura que la reforma consigue mayor coordinación
“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.
En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.
El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.
La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.
Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.
La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.

El Rey saludará a Obiang y a los principales invitados al funeral por Suárez

El Rey saludará a Obiang y a los principales invitados al funeral por Suárez

Los Reyes, los Príncipes y el matrimonio Rajoy presiden el oficio religioso en La Almudena

Los Reyes, los Príncipes de Asturias y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a su esposa Elvira Fernández, recibirán a las siete de esta tarde, a la entrada de la catedral de La Almudena, a una treintena de asistentes al funeral de Estado en memoria de Adolfo Suárez.
Entre los elegidos que serán saludados personalmente por don Juna Carlos figuran el dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, único jefe de Estado extranjero que estará en la ceremonia; el presidente de la Comisión Europea; José Manuel Durao Barroso; el vicepresidente argentino, Amado Boudou; el primer ministro marroquí, Abdelilah Bankirán; los viceprimeros ministros del Reino Unido y Portugal, Nick Clegg y Paulo Portas; o el secretario de la Navy, Ray Mabus.
Por parte española, asistirán los ex presidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes del Congreso y el Senado, del Tribunal Supremo y el Constitucional, los presidentes de las 17 comunidades autónomas, todos los miembros del Gobierno –salvo el titular de Economía, Luis de Guindos, que participa en una reunión de ministros de Finanzas de la UE en Atenas--, los portavoces de los grupos parlamentarios, y los padres de la Constitución Miquel Roca, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, entre otros.
El funeral en memoria de Suárez –que falleció el a 23 de marzo y fue enterrado el pasado martes en la catedral de Ávila-- será oficiado por el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco.

España llamaba catastrofistas ante el FMI a los que alertaban de la burbuja

España llamaba catastrofistas ante el FMI a los que alertaban de la burbuja

El Fondo temía en 2007 las consecuencias del pinchazo inmobiliario español y una grave crisis

“El riesgo de un ajuste brusco está sobrestimado”, contestó el Gobierno

El ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, con el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exvicepresidente, Pedro Solbes, en una reunión en La Moncloa en 2005 /RICARDO GUTIÉRREZ
“En estos tiempos casi aburridos de crecimiento generalizado, la prensa está particularmente ansiosa por buscar acontecimientos catastróficos en la continua búsqueda del nuevo enfermo de Europa. Tras leer las declaraciones preliminares de los directores, me doy cuenta de que probablemente desdeñamos excesivamente esta cobertura de la prensa, que uno podría llamar ‘la literatura del momentum catastrófico”. Estas palabras las pronunció el director ejecutivo por España, Ramón Guzmán, en su intervención el 16 de mayo de 2007 en la reunión del Consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI), celebrada para analizar la economía española (lo que se conoce como el artículo IV),según consta en las actas, ya desclasificadas. La actividad seguía entonces aupada por los frutos de la burbuja inmobiliaria y el consumo había llegado a su pico, y el FMI veía con gran temor las posibilidades de pinchazo y una grave crisis.
El Ejecutivo justificó el auge del ladrillo por la inmigración y el apetito inversor
Las declaraciones iniciales del resto de directores ejecutivos habían destacado las notables diferencias que había entre la visión de los técnicos de la misión que había analizado la economía española y la visión de las autoridades del país sobre los riesgos de la situación económica. Guzmán quiso aclarar que esas discrepancias se habían “malinterpretado” y que si en su declaración preliminar había destacado que con frecuencia se “sobrestimaban” las consecuencias del frenazo inmobiliario, “lo que queríamos reflejar es la extensiva cobertura que los acontecimientos del sector inmobiliario reciben en la prensa económica nacional e internacional”.
El milagro español empezaba a despertar recelos ya en aquel 2007, debido a que los precios habían empezado a bajar, pese a que aquel año pasado el PIB había crecido a un ritmo que hoy se antoja extraordinario, un 3,9%. Guzmán se afanó en argumentar que España no sufriría los efectos de una burbuja inmobiliaria. Es la época en la que el Gobierno de Zapatero defendía la idea de un “aterrizaje suave”. “Las predicciones de un freno brusco del crecimiento suelen empezar prediciendo desarrollos del mercado inmobiliario como de ‘burbuja de activos’ y presentando su participación en el crecimiento a lo largo de los años como ‘improductivo”, señaló el director ejecutivo, y recalcó que “este análisis falla, por una aparte, al captar los fundamentales que están detrás de los precios del sector inmobiliario en España en los últimos años”. Además, agregó que este planteamiento “olvida la fuente de riqueza adjunta al desarrollo de una industria sofisticada de turismo de servicios, salud y otros servicios para pensionistas y otros residentes europeos” en referencia al “modelo de Florida”. Así que, si bien admitió que las implicaciones financieras de este “exceso de inversión” eran “innegables”, recalcó que “el riesgo de un ajuste brusco estaba sobrestimado”.
El director ejecutivo también defendió el espíritu reformista de España contra lo que criticaba el estudio de los técnicos del FMI. “Al contrario de lo que un lector apresurado del informe de los técnicos podría inferir, las autoridades consideran que se ha hecho un gran progreso con los años al poner a España entre los máximos reformistas de Europa”, sacó pecho Guzmán. No obstante, recalcó que debía mejorar la productividad y prometió que no habría “riesgo de una actitud autocomplaciente en el futuro”.
No lo había. Eso también lo dejaba claro el comunicado que luego se hizo público tras la reunión. Los directores ejecutivos alababan el crecimiento económico, la buena marcha del empleo y el superávit de las cuentas públicas, pero alertaron sobre un ajuste superior a lo previsto, la necesidad de recuperar la competitividad con relación a la zona euro y “una posible corrección de los altos precios del sector inmobiliario”.
Los datos de construcción del Ministerio de Fomento empezaban a mostrar los síntomas de agotamiento del modelo: las cerca 665.000 viviendas libres iniciadas en 2006, el año cumbre, encogió hasta las algo más de 530.000 en 2007. Y en 2008 llegó ya el gran derrumbe: se iniciaron algo menos de 238.000.
Los organismos internacionales advertían de un sobreprecio del 30%
El número dos del departamento europeo del FMI, Alessandro Leipold, advertía de que tanto los técnicos del organismo, como la OCDE y el Banco de España coincidían en calcular “una sobrevaloración de entre el 20% y el 30%” del mercado inmobiliario. Sin embargo, Guzmán argumentó que la escalada de precios de los últimos años se debía a factores no especulativos, como el aumento de la demanda por el boom migratorio o de la “desconstrucción” de la unidad familiar tradicional, así como la caída de los tipos de interés, el apetito de los inversores de otros países europeos, entre otros.
Pero el deterioro posterior de las cifras de construcción explica bien porque en la siguiente reunión del Fondo, que tuvo lugar en marzo de 2009, esta “posible corrección” se transformó en un cálculo de una posible caída de precios potencial del 30% desde el pico. España estaba ya entonces en recesión y el economista jefe para España, Bob Traa, defendió su cálculo explicando que se habían reunido con los analistas de Caja Madrid y en sus propios modelos esperaban una bajada del 32% y que el BBVA estimaba entre un 24% y un 28%. “Así que nuestra estimación del 30% no es imposible, lo siento”, advirtió. Ese 30% es la caída de precio aproximada que se calcula hoy por hoy.