Injerencia inadmisible
Alemania debe mostrar un respeto escrupuloso al Estado de derecho
español
La
ministra de Justicia alemana, Katarina Barley. TOBIAS
SCHWARZ AFP
El Gobierno español se ha esforzado por mantener en público el respeto a
la independencia judicial a pesar del revés difícilmente justificable propinado
por el tribunal de Schleswig-Holstein al descartar entregar a Puigdemont por
rebelión y expresar sus dudas sobre la malversación.
El Gobierno alemán, por el contrario, ha cometido una injerencia
inadmisible en democracia e inaceptable entre socios europeos: la ministra de
Justicia, la socialdemócrata Katarina Barlay, expresó el viernes en una reunión
con periodistas que la decisión judicial es “absolutamente correcta, esperada”
y que Puigdemont vivirá ahora “libre en un país libre”, en referencia a
Alemania. Una salida de tono tan evidente que el Gobierno alemán se vio
obligado ayer a empeñarse a fondo para rebajar la tensión con España. La
ministra telefoneó a su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar lo que
consideró un “malentendido”. Y un portavoz del Gobierno alemán subrayó que el
“conflicto debe resolverse en el marco de la Constitución”.
El Ejecutivo español no ha sido eficiente en la batalla por la opinión
pública europea, atraída por el discurso victimista del independentismo y el
espantajo del pasado franquista que algunos agitan interesadamente. Pero lo que
no puede permitirse —además— es que Gobiernos aliados como el alemán cuestionen
el funcionamiento de la democracia y las instituciones en España. Que esto haya
ocurrido es un signo de debilidad de nuestra diplomacia. La única respuesta
conocida ha sido la carta —pobre recurso— que la embajadora de España envió
a Süddeutsche Zeitung, el
diario que publicó los comentarios de Barlay. La embajadora explica al público
alemán que no se trata de un conflicto entre España y Cataluña, sino entre
catalanes independentistas y no independentistas. Las apelaciones al diálogo
que ayer formuló el portavoz parlamentario del SPD están fuera de la realidad.
Es un fallo del Gobierno haber permitido que la demagogia populista que emplean
los independentistas haya recabado tantos apoyos en Europa.
La decisión del tribunal regional alemán ha abierto un debate sobre el
funcionamiento de la euroorden y sobre la actuación de unos jueces que en lugar
de actuar desde el principio de confianza mutua han entrado a calificar los
hechos desde los parámetros opuestos. Ese debate deberá resolverse por la vía
judicial. Pero lo que ya es intolerable para la higiene democrática de los
socios europeos es el juicio político a un procedimiento judicial por parte del
Gobierno de un país donde el independentismo, además, está prohibido.
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