El partido de Merkel actúa para aislar el caso
Puigdemont
La mayoría
conservadora en el Europarlamento tratará de que el caso del expresidente de la
Generalitat no se internacionalice
FOTO:
Carles Puigdemont en una rueda de prensa en Alemania el pasado 7 de abril. |
VÍDEO: González Pons critica la decisión de la justicia alemana de liberar a
Carles Puigdemont. JOHN
MACDOUGALL (AFP)EFE-QUALITY
La mayoría conservadora en el Europarlamento,
liderada por los diputados alemanes de la coalición de Angela Merkel, ha tomado
la iniciativa para minimizar al máximo los efectos de la decisión de la Audiencia
del land de Schleswig-Holstein de desestimar la
extradición de Carles Puigdemont a
España por los delitos de rebelión o
sedición. Por un lado, los eurodiputados alemanes están determinados a impedir
que la incómoda presencia de
Puigdemont en Berlín se convierta en un asunto político que
penetre de algún modo en los debates parlamentarios, algo que ya han logrado en
Bruselas. Por otro, han llamado a filas a los socios socialdemócratas de
coalición para que no se repitan imprudencias como la de la ministra alemana de
Justicia, Katarina Barley, que calificó la decisión del juzgado
alemán de “absolutamente correcta” para luego retractarse. En una palabra:
tratarán de que el Caso Puigdemont no se internacionalice.
“Vamos a dejar claro que es un problema
constitucional y político interno entre el Gobierno central español y el
Gobierno catalán”, asegura David McAllister, miembro de la ejecutiva de la CDU,
vicepresidente del Partido Popular Europeo (PPE) y presidente del Comité de
Exteriores del Europarlamento. “Es un problema interno español y por eso es muy
aconsejable que Alemania, como todos los demás Estados miembros de la UE, se
mantengan al margen de esto”. McAllister tomó parte el jueves y viernes en la
ciudad francesa de Lyon en una reunión de los conservadores europeos en la que
se trató el asunto y se acordaron políticas comunes.
En Alemania, el consenso gubernamental peligró
brevemente por las polémicas declaraciones de la ministra Barley, miembro de la
nueva coalición bipartidista. Junto a ella, ha habido algunas voces que han
cuestionado a Merkel y han pedido una solución política al margen de la
judicial e incluso una mediación internacional en el conflicto catalán.
El disenso más sonado esta semana ha sido el de
Alexander Dobrindt, líder parlamentario de la CSU, el partido aliado bávaro en
el bloque conservador de la canciller. Dobrindt, muy dado a las polémicas,
estimó que “lo que en el caso escocés se consideró derecho a la autodeterminación,
no debe ser considerado golpismo en el caso catalán”.
El círculo más cercano a Merkel ha tomado la
determinación de que no se vuelva a repetir una provocación de ese calado.
“Somos conscientes de que ha habido llamamientos a la mediación”, dice a EL
PAÍS McAllister, uno de los políticos más cercanos a la canciller. “Mi
respuesta es siempre la misma, hacen falta dos para bailar un tango y hacen
falta dos para encontrar un tercero que sea un mediador neutral. No he oído ni
una sola petición por parte del Gobierno central español de mediación. Ni una
sola vez. Y por eso no tenemos que contestar a estas preguntas. Es algo interno
que tendrán que resolver España y Cataluña. España tiene una Constitución,
España es una democracia y España es un país en el que rige el Estado de
derecho”.
Norbert Röttgen es diputado de la CDU y preside la
comisión de Exteriores del Bundestag alemán y explica que uno de los problemas
es que “en Alemania hay un claro desconocimiento de la Constitución y de la
historia de España. Nuestra experiencia federalista es totalmente distinta y
por eso a algunos alemanes les cuesta entender que se pueda extraditar a una
persona por rebelión sin que haya disparado un tiro”. Fuentes parlamentarias
atribuyen las declaraciones de Barley precisamente a esa “falta de conocimiento
de una situación ajena al federalismo alemán”, pero consideran que “no
representa la postura del Gobierno ni de la mayoría del Bundestag”.
En la reunión de los conservadores europeos tomaron
parte también los líderes de Los Republicanos, el partido conservador francés.
Su nuevo presidente, el exministro Laurent Wauquiez, fue informado de la
situación en Cataluña por el eurodiputado español Esteban González Pons.
Wauquiez preside la región de Auvernia-Ródano-Alpes y en calidad de líder
regional recibió peticiones de apoyo de los independentistas, que rechazó.
“El primer extremismo es el populista. La pulsión
es la de crear y cerrar fronteras. Pero Europa no puede construirse bajo los
escombros de las soberanías nacionales. Hay que salvar Europa y volver a darle
unos cimientos sólidos”, dijo Wauquiez a los eurodiputados reunidos, con la
idea del repunte del nacionalismo y el independentismo de trasfondo.
González Pons había
remitido previamente una carta al Parlamento Europeo en la que alertó de que
“algo no funciona en la Unión Europea cuando un tribunal regional puede
desmentir en dos días el criterio de un Tribunal Supremo nacional, elaborado
durante seis meses de investigación detallada y exhaustiva, basada en pruebas
legalmente demostrables”. “Creamos la orden europea de arresto para hacer la
entrega de criminales más simple, rápida y segura. Si estas órdenes no funcionan,
Schengen nos deja indefensos contra estos delincuentes y sus crímenes”, añade.
Precisamente una de las labores de los
eurodiputados es explicar a sus compañeros que las euroórdenes han fallado en
más de una ocasión y que el caso de Puigdemont no es una excepción.
Recientemente una juez de Irlanda se negó a extraditar a un ciudadano polaco
acusado de narcotráfico, alegando la supuesta falta de independencia judicial
en Polonia. El año pasado un juzgado holandés se negó a extraditar a Bélgica a
ocho acusados de narcotráfico alegando que un informe denunciaba condiciones
insalubres en las prisiones belgas.
“Que se libere a Puigdemont no quiere decir que no
apoyemos la Constitución española. Aquí no tiene apoyo político”, deja claro
Elmar Brok, europarlamentario de la también gubernamental CDU, a caballo entre
Berlín y Bruselas. Brok causó un cierto revuelo cuando el Frankfurter Allgemeine Zeitung le citó la semana
pasada hablando de mediación internacional en el conflicto catalán, una tesis
que en Berlín solo defienden Los Verdes y La Izquierda. Brok aclara que “cuando
hablo de mediación, dejo bien claro que tendría sentido solo en el caso de que
las dos partes lo soliciten y excluyendo la independencia como posible objetivo
último de la negociación, porque es contrario a la Constitución española”.
El diputado socialdemócrata alemán, Axel Schäfer,
dibuja un panorama similar en su partido. “Claro que en el SPD hay distintos
puntos de vista personales, pero lo que está claro es que para la Unión Europea
sería un desastre que se aceptara un movimiento secesionista. El nacionalismo
es claramente contrario a la integración europea. Aquí en Alemania, unas acciones
similares serían también ilegales”, asegura Schäfer. Lo cierto es que en
Alemania no hay, salvo reivindicaciones marginales, aspiraciones
independentistas entre los 16 Länder.
En el otro extremo del espectro político de los dos
grandes partidos de la gran coalición de Gobierno se encuentra Die Linke, la
formación de la izquierda poscomunista que se ha posicionado claramente en
contra del encarcelamiento de Puigdemont y que precisamente tratan de llevar al
terreno político el caso judicial. Die Linke ha pedido que se celebre una
sesión parlamentaria de las comisiones de Exteriores y Justicia, una iniciativa
que ha sido rechazado por el resto de partidos.
Andrej Junko, portavoz de Die Linke para Asuntos
Europeos, explica que “desde que encarcelaron a Puigdemont, nosotros hemos
defendido que la solución tiene que ser política. Creemos que se trata de un
conflicto político que sin embargo ha sido abordado con medidas judiciales. El
único camino es el diálogo”.
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