El temor a la justicia parte el separatismo
La negociación de
la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios
que los independentistas habían construido en los últimos años
EL
PAIS - Barcelona 20 FEB 2018 - 17:28 BRT
Los
partidos independentistas trabajan contra el reloj para cerrar un acuerdo que
permita investir un Gobierno en Cataluña y se han conjurado para
lograrlo antes de diez días. Sin embargo, la negociación corre en paralelo al
desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían
construido en los últimos años. La acción de la justicia ha hecho dar varios pasos
atrás a los protagonistas del procés. La última en
hacerlo fue la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que este martes anunció que se quedará en Suiza para evitar tener que declarar este
miércoles ante el juez del Supremo Pablo Llarena como estaba
previsto. También echó el freno el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que
aseguró ante el juez que la declaración de independencia de octubre solo fue
“simbólica”.
Pancarta
de apoyo a Anna Gabriel en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). JOAN
SANCHEZ
Las críticas a la acción de la justicia se suceden en las filas independentistas,
cuyos protagonistas no cesan en su empeño de señalar a jueces y fiscales como
meros brazos ejecutores del Gobierno del PP. Sin embargo, la presión judicial
está coincidiendo con un cambio radical en el fondo y las formas de buena parte
de los dirigentes secesionistas. Los que no se han fugado reniegan ahora, al menos en público, de cualquier mecanismo que busque la
independencia unilateral.
Si las semanas anteriores ya hubo casos de supuesto arrepentimiento con las declaraciones ante el
juez de dirigentes del proceso independentista —como el
exconsejero Joaquim Forn o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell—,
ahora estos gestos se multiplican. Artur Mas no solo dijo ayer que la
declaración independentista del 27 de octubre fue “simbólica”, sino que además
aseguró ante Llarena que había advertido a Carles Puigdemont sobre las
consecuencias penales de dicho gesto. La declaración de Mas contribuyó a
presentar a Puigdemont como el único responsable de la declaración de
independencia y sus consecuencias. El lunes ya utilizaron una estrategia
similar ante el juez la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria
general de Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Gabriel, fugada
La marcha atrás del expresidente de la Generalitat coincidió ayer con el
nuevo frenazo del presidente del Parlament, Roger Torrent, que volvió a
posponer la tramitación de la reforma de la ley de la presidencia que impulsa
Junts per Catalunya y que pretende investir telemáticamente a Carles
Puigdemont. El argumento de Torrent fue que es necesario un nuevo informe de
los letrados, una decisión que no hizo más que confirmar las crecientes
diferencias que existen en la estrategia de los distintos partidos
independentistas. Torrent sigue anclado en la táctica de ERC de evitar nuevas
imputaciones judiciales. Sin embargo, el temor en las filas republicanas sigue
siendo importante, como reseñó ayer la senadora Mirella Cortés en su cara a
cara con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara alta. “Están
investigando indiscriminadamente al independentismo catalán, incluidas a las
senadoras y senadores de este grupo”, se quejó.
Pero, sin duda, el gesto más sonado de la jornada, y que también refleja
el temor de los independentistas a la acción de la justicia, fue el
protagonizado por Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP y principal cara
visible del independentismo radical confirmó desde Suiza que no piensa volver a
España para declarar hoy ante el juez Llarena como estaba previsto.
La decisión de no acudir a declarar estaba tomada desde hace tiempo,
pero faltaba la confirmación. Esta llegó a través de la misma Gabriel en una
entrevista publicada por el periódico suizo Le Temps, en la que
la dirigente de la CUP aseguraba que su intención es quedarse en Suiza. La
exdiputada comunicó también mediante un escrito presentado en la Sala Segunda
del Tribunal Supremo que no comparecerá ante el juez Pablo Llarena para
declarar como imputada en la causa contra los dirigentes del procés. “Como no tendré un juicio justo en mi
país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”, explica al diario
la exdiputada. “Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa
del Gobierno ya me ha condenado”, añadió desde Suiza. Si España solicita su
extradición pedirá asilo político, aseguró Gabriel.
La estancia de la dirigente de la CUP en Suiza se conoció el sábado. Ese
día, la formación informó de que su dirigente se había desplazado a Ginebra
“para preparar su estrategia de defensa”. La formación justificaba la decisión
en la necesidad de dar una “dimensión internacional” a la situación judicial y
señalaba que había en el país helvético “entidades, instituciones
internacionales y abogados” vinculados a la “defensa de los derechos civiles y
políticos”. La intención de fondo de Gabriel, más allá de intentar evitar un
eventual encarcelamiento preventivo, es abrir otro frente legal, político y
diplomático en este caso en Ginebra, principal sede europea de la Organización
de Naciones Unidas.
Tanto Gabriel como la CUP y buena parte del independentismo buscan
construir un relato según el cual Gabriel no ha “huido” sino que “busca
refugio”. La dirigente de la CUP se marcha a Suiza porque allí será “más útil”
para su movimiento “que detrás de las rejas”, según contó ella misma en las
entrevistas concedidas ayer a medios suizos. “Cuando he visto el destino de
algunos de mis colegas, que se encuentran en prisión desde diciembre pasado, me
he dado cuenta de que debía irme”, añadió.
Todo ello no impide que el independentismo siga buscando la fórmula para
cerrar un gobierno. Con la figura de Puigdemont cada vez más desdibujada en
Bruselas, sectores de su partido y de Esquerra Republicana esperan que los
próximos días surja la alternativa definitiva al que fue presidente de la
Generalitat hasta que el Gobierno central intervino el autogobierno. Puigdemont
parece dispuesto a ceder el puesto pero no sin antes sembrar más inestabilidad,
ya que baraja proponer como presidente a algún otro dirigente encausado,
comenzando por Jordi Sànchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana
encarcelado en Soto del Real. Esta opción se encuentra encima de la mesa pero
choca con la voluntad de ERC de que la presidencia sea asumida por alguien
libre de imputaciones judiciales, lo que volvería a señalar a otros diputados
como Elsa Artadi o algún alcalde del PDeCAT.
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