Rajoy activa el 155 con apoyo del PSOE y accede a
reformar la Constitución
El requerimiento
del Gobierno al Govern establece como límite último el jueves a las 10.00
Mariano
Rajoy durante una rueda de prensa en respuesta al presidente de la Generalitat. JAIME VILLANUEVA
El
Gobierno está “acompañado” por el PSOE en la activación del artículo 155 de la
Constitución, que se aplicará a la Generalitat de Cataluña si su presidente,
Carles Puigdemont, no renuncia a la declaración de independencia. Este es el
compromiso de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. El líder socialista, a su vez, ha logrado que Rajoy se
comprometa a abordar la reforma de la Constitución. Si se aplica finalmente el
155 debe terminar en elecciones autonómicas, acordaron ambos líderes.
El requerimiento que Mariano Rajoy le ha
enviado este miércoles a Carles Puigdemont como paso previo
para la activación del artículo 155 de la Constitución establece dos plazos
antes de que el Gobierno asuma competencias concretas de la Generalitat. El
presidente del Govern tiene que aclarar antes de las 10.00 horas del lunes 16
si el martes proclamó la independencia de Cataluña, aunque luego la
suspendiera. En el caso de que haya sido así, el Ejecutivo le da hasta las
10.00 horas del jueves 19 para rectificar y restaurar el orden constitucional.
Si no, advierte la comunicación que firma Rajoy, se activará “de forma
inmediata en el Senado” el artículo 155 de la Constitución.
El texto enviado por La
Moncloa considera “premeditadamente confusa” la declaración de
Puigdemont del martes en el Parlament, donde anunció la independencia de Cataluña
y la suspendió inmediatamente. En consecuencia, no deja espacio a la duda: si
Puigdemont no contesta claramente al requerimiento, Rajoy asumirá que el
presidente de la Generalitat confirma que proclamó la independencia.
"Cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o
negativa se considerará confirmación", advierte el texto, que también
insta al líder independentista a comunicar el requerimiento a Carme Forcadell,
la presidenta del Parlament, y a la Mesa de la Cámara, "requiriéndoles
igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario".
“La pretendida imposición de una independencia
unilateral mediante la utilización de las potestades públicas confiadas al
Parlamento, al Presidente y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para
tratar de imponer una decisión preestablecida sin control democrático
constituye un ataque al marco de convivencia establecido en la Constitución”,
certifica la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que también es ministra
de la Presidencia y de las Administraciones territoriales, en el documento
enviado a Puigdemont. “La actuación del Presidente y del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña y de la mayoría no cualificada del Parlamento se ha
apartado con tal intensidad del cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales que de no ser atendido este requerimiento supondría un grave
riesgo para el mantenimiento del órden constitucional, y la propia Constitución
ha previsto las medidas a aplicar en este caso”, añade. “En consecuencia, es deber
del Gobierno de la Nación (…) proceder a activar la aplicación del
procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso
de que no se atienda este último requerimiento planteado por el presente
acuerdo”.
El requerimiento del Gobierno repasa todas las
ilegalidades cometidas por el Govern y el Parlament y luego suspendidas por el
Tribunal Constitucional. Así, menciona la aprobación de la Ley del referéndum y
de la Ley de transitoriedad jurídica y fundación de la República. También, la
celebración de un referéndum que califica de “ilegal” y que se considera no
celebrado por carecer de “cualquier garantía”.
Si Puigdemont no atiende el requerimiento del
Gobierno, Rajoy tendrá que enviar al Senado un plan detallado de las
competencias que quiere asumir del Govern. Ese plan ya ha sido discutido con
representantes del PSOE. Como el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta,
el Ejecutivo no tendría ningún problema para sacar adelante su estrategia,
aunque tardaría varios días en completar los pasos formales que exige el
reglamento.
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