Caos y confusión
Puigdemont se desautoriza a sí mismo mientras el soberanismo se divide
Carles
Puigdemont durante su declaración institucional este jueves. JACK TAYLOR (GETTY IMAGES) VÍDEO: EL PAÍS
En otra esperpéntica jornada que demuestra hasta qué punto el
soberanismo ha tocado fondo, el presidente Puigdemont sometió ayer a la ciudadanía
a otro ejercicio de funambulismo político.
Convocados los medios de comunicación en tres horarios distintos con
mensajes contradictorios sobre el contenido de los anuncios que se trasladarían
a la opinión publica, Puigdemont optó, una vez más, por inundarnos de retórica
vacía, medias verdades y falsedades manifiestas. Pero, sobre todo, otra vez,
buscó ganar tiempo y trasladar la responsabilidad a otra institución —el
Parlament—.
Es radicalmente falso, como señalaba el president, que haya agotado
todas las vías de diálogo: su incomparecencia en el Senado, que debía tener
lugar en el mismo momento en el que pronunciaba su discurso, es la muestra más
reciente de que el diálogo —según lo entiende el president— solo puede versar
sobre cómo forzar al Estado a aceptar la independencia de Cataluña, si por las
buenas o por las malas.
También falta a la verdad Puigdemont cuando caracteriza el artículo 155
de la Constitución como una agresión ilegal y autoritaria que pretende acabar
con el autogobierno: una vez más, el president obvia que es su desafío a la
Constitución, el Estatut y las sentencias del Constitucional las que motivan el
recurso a un artículo que todas las Constituciones democráticas incluyen,
precisamente para tratar casos como el que estamos viviendo en Cataluña.
No puede ignorarse tampoco su inveterada apelación al civismo del
movimiento independentista. Violar las leyes, forzar las normas democráticas,
romper la convivencia y, sobre todo, pretender privar ilegalmente de su
ciudadanía y derechos a millones de catalanes y a sus representantes políticos
legítimos dista mucho de constituir un comportamiento cívico y ejemplar.
El cúmulo de despropósitos que hay detrás de un discurso sombrío y
amenazante no acaba ahí. La convocatoria de elecciones autonómicas es, sin
duda, una prerrogativa del president. Que por supuesto tiene que darse dentro
de la ley y, como es natural, dentro del orden constitucional; no, como
pretende Puigdemont, como un elemento más en su estrategia de constante
chantaje al Estado.
El caos y confusión generados por Puigdemont apunta, en último extremo,
a la división existente en sus filas. El soberanismo, que forma una extraña
amalgama de radicales antisistema y movimientos callejeros con partidos
políticos tradicionales como Convergència —hoy PDeCAT— y Esquerra Republicana,
ha consumado su fracaso: ha fracturado a la sociedad, ha puesto en fuga a las
empresas, no ha logrado ningún apoyo internacional y, para culminar, está a
punto de desencadenar la aplicación del artículo 155 con el consenso de tres
grandes fuerzas parlamentarias —PP, PSOE y Ciudadanos—.
Se confunde Puigdemont al interpelar al PP y señalarlo como responsable
de la situación en la que vivimos. Es el Estado y sus instituciones, en pleno
uso de sus facultades constitucionales y en representación de la ciudadanía y
sus derechos, el que está dispuesto, hoy más que nunca, a actuar para
restablecer el orden constitucional ante el caos sembrado por el soberanismo.
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