El Gobierno cesará a los altos cargos que no acaten
la legalidad
La intención del
Ejecutivo es que los 180 altos cargos del Govern y las decenas de responsables
de las empresas públicas sigan en sus puestos
EL
PAIS - Madrid 23
OCT 2017 - 06:18 BRST
Un
mosso custodia la puerta del Palau de la Generalitat, en Barcelona. Vídeo: las
medidas del Gobierno.MASSIMILIANO
MINOCRI
El Gobierno cree que el próximo sábado solo tendrá que cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de consejeros catalanes. La
intención del Ejecutivo es que los 180 altos cargos del Govern y las decenas de
responsables de las empresas públicas sigan en sus puestos para que lleven la
gestión ordinaria de la Administración autonómica. Esa es la intención, pero si
los altos cargos de la Generalitat se niegan a acatar la legalidad, el Gobierno
también tiene previsto su cese en Consejo de Ministros.
No será fácil que el Gobierno central cumpla sus deseos de que las
destituciones empiecen y terminen con los miembros del Gobierno de la
Generalitat y su personal de máxima confianza. “Se cambian personas no
políticas”, señalan fuentes gubernamentales, que confían en que haya un relevo
natural en los puestos de dirección de la Administración catalana. La idea es
que a los consejeros les sustituya el segundo o el tercero de cada
departamento. “Solo les vamos a pedir que sean profesionales y que sigan con su
trabajo de mantener en funcionamiento su consejería para seguir prestando
servicios a los ciudadanos”, explican estos interlocutores.
Según este esquema ideal, expresado por el presidente Mariano Rajoy a
sus ministros, una vez que se apruebe en el Senado el plan para relevar al Govern,
la Administración catalana no debería pararse. “Si alguien cree que desde
Madrid se van a dictar órdenes para que las consejerías de Educación, Sanidad o
Justicia introduzcan cambios en su quehacer diario parte de un error de base
profundo”, aseguran estas fuentes.
Además de que los hospitales funcionen, que se atienda a los servicios
sociales y que se desarrollen los juicios en los juzgados con total normalidad,
se cita a la Consejería de Educación como muestra de lo que no se va a hacer.
“No se van a dar más clases de castellano en los colegios ni se va a estudiar
la Historia con otros contenidos”, señalan los citados medios, que quieren
arrinconar las demandas de intervención dura que exigen algunos sectores de la
sociedad catalana y española.
La instrucción de Rajoy es tratar de que este proceso sea lo más breve
posible hasta llegar a las elecciones autonómicas para que un nuevo Gobierno
tome posesión de acuerdo con la mayoría que consiga, ya dentro del orden
constitucional. “Ni hay tiempo ni hay intención de llevar adelante cambios más
allá de impedir que se produzcan ilegalidades como las que han llevado a cabo
el Gobierno catalán y sus socios", señalan fuentes de La Moncloa que
conocen los planes previstos.
- Órganos superiores
y altos cargos: 180
- Altos directivos:
333
- Asesores
eventuales: más de 150 que dependen de los consejeros de cada consejería y
perderán su puesto cuando cesen sus superiores.
Relaciones
cordiales
No hay intención tampoco de que funcionarios o altos cargos de la
Administración central vayan a Cataluña a sustituir a las autoridades
catalanas. “Lo deseable es que los números dos o tresde cada departamento se hagan cargo de la
consejería”, señalan fuentes gubernamentales. Los ministros de Mariano Rajoy
tienen relaciones cordiales con altos cargos de la Administración catalana, con
los que no han dejado de hablar en estos días traumáticos.
Esta semana lo seguirán haciendo y como fruto de esas conversaciones
podrán tener elementos de juicio para prever qué puede ocurrir a partir del
sábado, cuando el president y el resto de Govern
sean cesados. ¿Hasta dónde llegará la solidaridad de los altos cargos de la
Generalitat con sus jefes? No es fácil la respuesta. El Gobierno da por hecho
que en los primeros momentos habrá un impacto emocional y que muchos altos cargos
pasarán apuros personales por aceptar la responsabilidad de sustituir a los
consejeros que les han nombrado. “Algunos pueden sentir que traicionan a sus
superiores, que han sido cesados por defender la independencia de Cataluña”,
señala como hipótesis nada descabellada un ministro de Mariano Rajoy.
Con eso cuentan, pero también con que los altos cargos de la Generalitat
saben de antemano que no tendrán que hacer nada que vulnere su conciencia al
insistir en que las políticas no se cambiarán. La Generalitat, según sus
propias cifras, tiene 202.383 trabajadores, de los que 180 son altos cargos y
333 altos directivos En todo caso, sus puestos quedan a disposición del
Gobierno, así como los 12.552 trabajadores laborales temporales que reconoce
tener el Govern.
Todos seguirán en sus puestos, salvo que trabajen “para la independencia
de Cataluña”, advierten en fuentes del Gobierno. El trabajo de control se hará
desde los ministerios en función de las consejerías que tengan asumir. A pesar
de los muchos anuncios de la Generalitat de que ha creado estructuras de Estado
propias, el Gobierno cree que no la realidad no es así. El embrión de Agencia
Tributaria sí se intervendrá y se estará muy encima del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías, la estructura informática sin la cual no
funciona la Administración autonómica. El mando de los Mossos d’Esquadra es
objeto de gran atención, con especial interés el servicio de información. En
esta área sí es más que probable que la intervención del Estado sea más
intensa.
La consejería de Asuntos Exteriores también será observada con más
atención, pero “no se van a cerrar las embajadas”, señalan
fuentes gubernamentales, siempre que no trabajen para el proyecto
independentista.
La decena de embajadas que ha abierto la Generalitat en el extranjero
quedará bajo la vigilancia del Gobierno, que impedirá que mantengan su
actividad propagandística en favor de la independencia. “Eso es seguro”,
resumió una fuente próxima a Mariano Rajoy, que el viernes vio cómo José Manuel
García Margallo, exministro de Exteriores, señalaba que “si hay un supuesto de
extralimitación de competencias [por parte del Govern], es este”.
La red se extiende por EEUU, Portugal, Austria, Italia, Francia,
Bélgica, Alemania o Reino Unido y jugó un papel clave en el negativo impacto
internacional que tuvo la labor de la Policía durante el referéndum del 1 de
octubre.
El Ejecutivo cree que su papel debe limitarse al de establecer
relaciones comerciales, abrir oportunidades de negocio y atraer turistas. Sin
embargo, el 30 de agosto, Carles Puigdemont intentó convertir en un acto
reivindicativo la inauguración de la última delegación, en Copenhague
(Dinamarca). El Gobierno danés ignoró su visita.
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