El Gobierno aplica el artículo 155 para destituir a
Puigdemont y sus consejeros
El Consejo de
Ministros aprueba convocar elecciones en seis meses
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EL PAIS - Madrid 21
OCT 2017 - 16:51 BRST
El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones
adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere
la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la
administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos
ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier
iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá
proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas competencias
concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser
aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará
el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo
viernes.
El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en
Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con
normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social
y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos
los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que "no se
suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en
riesgo".
"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo
155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando
que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume
personalmente la competencia de disolver el Parlament. "No se pueden hacer
peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de
Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis
meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del
PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni
nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno,
de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la
ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus
criterios a los demás", ha argumentado Rajoy durante una rueda de prensa en
la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. Y ha recalcado:
"Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos.
Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también,
sino como un apoyo al Estado de derecho".
Organismo de
coordinación
El plan que le ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias
del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de
Interior. De hecho, especifica que se dispondrá el cese del consejero de
Interior, "y en su caso", de las autoridades dependientes, en
referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.
"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno
podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña,
coordinando la actuación de los Mossos", establece el plan enviado por el
Ejecutivo a la Cámara Alta. "En el caso de que sea necesario, los Mossos
serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado". Y subraya: "[Si se cesa al jefe de los Mossos] el ejercicio
de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados
por el Gobierno de la Nación".
Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos
meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir
si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra
a un representante para desempeñar esa labor.
En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el
artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y
a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que
las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de
Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y
deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de
secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una
"desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas
y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían
haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en
La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en
aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus
obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.
La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un
precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de
Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico
antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.
Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi
una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto
institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la
intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y
Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como
la mejor respuesta a la creciente tensión política,
institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio,
rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament.
Rajoy, además, ha recalcado este sábado que solo el Senado puede detener ya la
aplicación del artículo 155. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las
medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias
concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.
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