Gómez Bermúdez procesa a siete abogados vinculados a ETA
El magistrado atribuye a los letrados integrar el frente jurídico de la organización terrorista
EL PAIS - JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 30 JUN 2014 - 14:00 CET
Arantza Zulueta, durante su anterior detención, en abril del pasado año. / TXETXU BERRUEZO
Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado auto de procesamiento por integración en organización terrorista contra siete responsables del llamado frente jurídico de ETA (Halboka), entre elloslos abogados Arantza Zulueta —procesada también por depósito de armas y explosivos— Jon Emparantza, Iker Sarriegui; así como David Pla, Julen Zelarain, José Domingo Aizpurúa y Naia Zurriarain; y a otras tres personas más.
El magistrado sitúa a Halboka —siglas en euskera de Hormak Apurtuz Laster Borrokalariak Kalea, que significaRompiendo las Paredes Pronto los Luchadores a la Calle— como unaestructura plenamente integrada en la banda terrorista "que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos de ETA".
Los abogados, con Arantza Zulueta como responsable, fomentaban la sujeción y sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas. De esta forma, conocían sus estados de ánimo y se lo hacían llegar a la dirección, así como las circulares de ETA a los presos y los boletines internos de los encarcelados a la dirección, según el magistrado.
Los presos, tras su detención, escribían informes sobre lo que habían contado en sus declaraciones policiales, así como los errores cometidos que habían facilitado su arresto. Esos documentos se entregaban a los abogados procesados que, a su vez, los hacían llegar a la cúpula de ETA. Los responsables de Halboka también elaboraban, según explica el juez, información sobre objetivos o auxiliaban para recaudar el llamado "impuesto revolucionario".
El juez se centra especialmente en el papel ejercido por Arantza Zulueta, a la que atribuye la mediación directa de uno de esos pagos del impuesto revolucionario. Además, según el magistrado, la dirección de ETA le encargó también un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional y le encargó la creación de un "servicio de inteligencia" por todos los pueblos del País Vasco para obtener datos sobre empresarios a los que pedir el impuesto.
El delito de depósito de armas se le imputa por el pen drive incautado en su despacho. En ese dispositivo, encontrado junto a un cuadro de la pared, había imágenes sobre la ubicación geográfica de tres zulos con armas y explosivos que finalmente fueron localizados en el sur de Francia.
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