El prior del Valle de los Caídos niega al Gobierno
el acceso para exhumar a Franco
La ministra Delgado
requirió oficialmente el 11de diciembre la autorización para acceder a la
Basílica y el representante de la Abadía envió su negativa el 26 por faltar el
consenso de la familia
Madrid 2
ENE 2019 - 18:17 BRST
Tumba
de Francisco Franco frente al altar de la basílica del Valle de los
Caídos. SAMUEL SANCHEZ
La Iglesia ha comunicado oficialmente al Gobierno
que no autoriza el acceso al Valle de los Caídos para la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado
allí desde 1975. La nueva respuesta negativa la remitió el pasado 26 de
diciembre el prior del Valle, el benedictino Santiago Cantera, después de que
dos semanas antes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara la
preceptiva autorización para entrar en el templo a las más altas instancias de
la Iglesia Católica. El prior argumenta que falta el consenso de la familia
Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales. El culebrón se podría resolver en dos o tres meses en el Tribunal
Supremo.
La ministra Delgado remitió el pasado 11 de
diciembre una notificación a la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos,
en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid), para avanzar en el
expediente de exhumación y posterior reinhumación de los restos del dictador.
La comunicación se envió también al nuncio del Papa, Renzo Fratini; al
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; al abad de Santo Domingo de Silos —cabeza de
la orden benedictina en España—, Lorenzo Maté; y al representante legal de la
Congregación de Solesmes, Clemente Serna. En el texto, la ministra admite
que para exhumar a Franco es necesario acceder a la basílica y que
para ello “es necesaria la correspondiente autorización
eclesiástica”. En la nota “se solicita autorización” para acceder al templo y
“dar cumplimiento al acuerdo que, en su caso, se adopte” conforme a lo
dispuesto en ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.
Las autoridades eclesiásticas recibieron la misiva
oficial de la ministra Delgado, que les daba un plazo de 10 días para
responder, y contestaron el 26 de diciembre a través de una carta del prior de
la Abadía, Santiago Cantera, que ha contado con el consentimiento y
conocimiento de sus superiores, según fuentes jurídicas conocedoras del caso.
El prior en su réplica insiste en sus argumentos ya conocidos para oponerse al
acceso al templo para exhumar a Franco “sin el permiso de la familia”. Un
mensaje que de distintas formas ha expresado el arzobispado y hasta el Vaticano,
tras una visita de la vicepresidenta Carmen Calvo a Roma, pero al que añadían
que la Iglesia no estaba contra la exhumación y delegaban esa responsabilidad
en el Gobierno.
El representante de los Franco ya ha comunicado
varias veces que la familia se niega a la exhumación y también que si el
Gobierno la lleva en cualquier caso adelante, como es su pretensión, recurrirá
esa iniciativa ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para la
hipotética inhumación que la cripta familiar en la catedral de La Almudena, en
pleno centro de Madrid. Una idea que el Gobierno rechaza de plano y para la que está buscando informes
que lo prohiban incluso alegando razones de seguridad.
J. C., MADRID
Desde el Ministerio de Justicia se intentó ayer por
dos veces notificar oficialmente al albacea de la familia Franco la apertura
del plazo de alegaciones al procedimiento abierto para la exhumación del
dictador del Valle de los Caídos tras cumplimentar antes los trámites de los
informes requeridos al Ayuntamiento de El Escorial y el sanitario a la
Comunidad de Madrid. Sin éxito. El Gobierno tiene prisa por avanzar en el
procedimiento y los Franco y su letrado, Luis Felipe Utrera-Molina, todo lo
contrario: quieren retrasarlo al máximo. El abogado de los Franco no estará
durante esta semana en su despacho y fuentes jurídicas rechazan que con ese
movimiento de urgencia del Ministerio de Justicia se pueda dar por iniciado el
trámite y el plazo de 10 días para presentar alegaciones. El letrado está de
vacaciones y no volverá hasta la semana que viene, luego tendrá casi hasta
finales de enero para armar su respuesta legal y en cuanto el Consejo de Ministros
apruebe definitivamente la exhumación (se calcula que para la primera semana de
febrero) presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas
calculan que el Supremo podría tardar varios meses en emitir su sentencia.
El prior del Valle de los Caídos también arguye en
su respuesta que el caso aún está sub iudice, en
proceso de juicio, y que en su día tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo.La
solicitud formal de la ministra de Justicia es otro paso obligado más,
administrativo y político, tras la determinación mostrada por el Gobierno de
Pedro Sánchez tras ser nombrado en junio de 2018 de retirar del Valle de los
Caídos la tumba de Franco situada en el prebisterio entre el altar mayor y el
coro de esa basílica construida con la participación mayoritaria y forzada de
presos republicanos.
Esa decisión fue comunicada por Sánchez en julio con la idea de ejecutarla “en
breve”. El Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley al
respecto el 24 de agosto y el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo para
iniciar el procedimiento el 31 de agosto. El deseo del presidente se topó con
todo tipo de impedimentos y bloqueos por parte de la familia del dictador y del
representante de la autoridad de la Basílica, que tiene consideración de lugar
de culto.
El Gobierno ha ido adaptando acuerdos y decisiones
según ha ido tropezando con esos escollos y el proceso se ha ralentizado tanto
que se acabó 2018 con Franco aún en su sepulcro. El propio Sánchez admitió en
su última rueda de prensa del año que tras esperar tanto tiempo ahora prefería
cumplir todos los trámites aunque fuera a costa de demorar la exhumación.
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