El Gobierno da los primeros pasos para destensar la
crisis catalana
El Ejecutivo
levanta la supervisión previa sobre los pagos de la Generalitat de Cataluña
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/ Interactivo: PIC+
Madrid 8 JUN 2018 - 16:59 BRT
Cataluña
es una prioridad del nuevo Gobierno como
lo fue del anterior. “El principal problema de España es la integridad
territorial”, dijo este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá. Pero la
disposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que este viernes celebró su primer
Consejo de Ministros, es tratar de normalizar la relación con la Generalitat,
presidida por el independentista Quim Torra. En aras de la distensión, el
Gobierno levantó este
viernes el control sobre los pagos de la Generalitat (algo que
ya había anunciado el Ejecutivo saliente). Sánchez habló con Torra —y con el
resto de presidentes autonómicos— y acordaron verse “pronto”.
Todavía hay “ira arrinconada”, en palabras de la
portavoz del Gobierno, y el propósito del Ejecutivo de Sánchez es un nuevo
ambiente de normalización con Cataluña. El presidente quiere que la distensión
sea una realidad cuanto antes y este viernes, tras la reunión del primer
Consejo de Ministros, el Ejecutivo hizo los primeros gestos. En realidad, estos
no se separan de la hoja de ruta anunciada ya por el Gobierno del PP para
cuando decayera la intervención del artículo 155 en Cataluña. Pero la
coincidencia temporal entre la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez y la
constitución de un nuevo Govern viable en Cataluña ha permitido que sea el
presidente socialista el que inicie el camino para encauzar las relaciones.
La portavoz del Gobierno de Sánchez anunció en su
comparecencia de prensa el fin del control previo de los pagos de la
Generalitat de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda, “como gesto de
normalización”. “Esta mañana se nos ha informado de la culminación del artículo
155 en Cataluña y hemos determinado que se den instrucciones, a través de la
subsecretaría de Hacienda, a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda
afrontar los pagos, sus gastos, sin necesidad, como hasta ahora, de pasar por
la supervisión del Hacienda del Gobierno de España”, explicó Celaá.
Esa supervisión que elimina ahora el Ejecutivo
socialista se puso en marcha a mediados de septiembre de 2017 —dos meses antes
de la aprobación del artículo 155— ante la escalada independentista por el
referéndum del 1-O. Entonces Hacienda intervino las cuentas de la Generalitat y
asumió todos los pagos a proveedores para asegurarse de que no se destinaba ni
un euro a actos relacionados con la consulta ilegal. En lugar de entregar al
Govern los fondos que le correspondían del sistema de financiación, Hacienda
utilizaba ese dinero para pagar los compromisos de la Generalitat, incluidas
las nóminas de los funcionarios autonómicos. Además, obligó a todos los bancos
que trabajan con el Govern a emitir un certificado para asegurarse de que no se
pagaban facturas irregulares.
Decidido por el PP
Ese control total es el que ahora
decae, porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido —como ya lo había hecho
el Ejecutivo saliente de Mariano Rajoy— ponerle fin una vez levantado el
artículo 155. Aunque esta medida no iba técnicamente aparejada al 155 (fue
anterior), el PP decidió que ambas finalizaran al mismo tiempo —cuando se
constituyese en Cataluña un Govern cuyos miembros no tuviesen causas judiciales
pendientes—, y así lo trasladaron fuentes de Hacienda hace unos días. El
presidente socialista sigue esta estela.
Se trata de un gesto de confianza en el Govern que
preside Torra, pero no significa que Hacienda vaya a desentenderse por completo
del control de las cuentas catalanas. Ahora el Gobierno catalán no necesitará
autorización previa para cada gasto, pero sí se seguirá aplicando una
supervisión mensual a los pagos realizados, para comprobar los gastos a
posteriori. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, precisó
en un comunicado: “La Generalitat continúa sujeta a los mecanismos de control
sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al
Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, controles a posteriori para asegurar el
cumplimiento de las reglas fiscales”.
A este primer gesto siguió la primera conversación
entre Pedro Sánchez y Quim Torra. El presidente telefoneó al president por la tarde, dentro de una ronda con
todos los presidentes autonómicos, y acordaron que sus gabinetes fijaran fecha
para un encuentro “pronto”, según informó La Moncloa. La conversación fue
“cordial” y sin “ningún reproche”, trasladaron fuentes gubernamentales. La cita
no tiene aún fecha.
Sánchez —que el pasado mayo llamó “racista” al
presidente catalán por sus reiterados artículos y tuits antiespañoles— quiere
iniciar el diálogo, igual que se comprometió a hacer el Gobierno saliente del
PP. En los últimos Consejos de Ministros de este, el entonces portavoz Íñigo
Méndez de Vigo repitió sin descanso que una vez se constituyera un Govern sin
presos ni fugados se normalizarían las relaciones y se iniciaría el diálogo
“dentro de la ley”.
Los parámetros sobre los que se va a mover el
diálogo con Cataluña en el caso del Gobierno de Sánchez también son
inamovibles: “Vamos con la Constitución en una mano y el diálogo en otra”,
señaló la portavoz gubernamental. Esta declaración de principios choca de
entrada con los anuncios del Ejecutivo catalán de que en su agenda de temas
para hablar con Sánchez está la autodeterminación de Cataluña. Un tema que está
“absolutamente fuera” de la discusión, según respondió la ministra a una
pregunta directa. Cataluña, añadió Celaá, “es un asunto transversal que recorre
todo el Gobierno”.
No hay una agenda aún establecida, o no se ha hecho
pública, sobre los primeros asuntos que va a aprobar este Ejecutivo. La
portavoz sí adelantó que las prioridades se desenvolverán en el terreno de “la
recuperación de los derechos perdidos” durante el mandato del PP y la adopción
de medidas “modernizadoras”, junto al ya esgrimido “europeísmo”.
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