El PP mantiene en su escrito al Gobierno que ANV apoya a ETA de forma reiterada

ABC - 10/12/08



El PP mantiene en su escrito al Gobierno que ANV apoya a ETA de forma reiterada


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El PP abre también el frente del Senado contra ANV
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción en la Mesa para intentar conseguir la disolución de los ayuntamientos donde gobierna ANV. La iniciativa popular, con la que se garantiza un debate en la Cámara Alta, tiene dos puntos importantes. El primero se refiere a la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para que se disuelvan estos consistorios; el segundo, está relacionado con el dinero, procedente de los Fondos de Inversión Local, anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero, ya que el PP quiere que, en el caso de los ayuntamientos gobernados por ANV, se envíe a las diputaciones forales para su distribución.
MARIANO CALLEJA MADRID
El informe que Mariano Rajoy prometió a Alfredo Pérez Rubalcaba el día de la Constitución, para demostrarle con argumentos jurídicos que es posible disolver ya los ayuntamientos gobernados por ANV, salió ayer por la tarde desde los despachos del Grupo Popular del Congreso hasta el Ministerio del Interior.
El documento, al que ha tenido acceso ABC, consta de nueve páginas y basa sus argumentos en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y en la sentencia del Tribunal Supremo de ilegalización del partido filoetarra. Los populares destacan que la causa esencial para disolver un ayuntamiento es «la gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».
El informe apunta que el apartado 2 del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local entiende como «decisión dañosa para los intereses generales» aquellos acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. Un apartado que se introdujo tras la reforma de la ley en 2003, dentro de las modificaciones legales acordadas en el seno del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
Como complemento a la ley de Partidos , se aprobó la ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales, con el fin de expulsar de las instituciones a los terroristas y a quienes les apoyan.
«Silencio cómplice»
En ese sentido, se constata que en los últimos años la sociedad española ha sido testigo del silencio cómplice de ANV y de su negativa a condenar los atentados allá donde gobierna. A juicio del PP, ese comportamiento abre la puerta a la disolución de esos ayuntamientos.
Los populares basan sus argumentos jurídicos también en la sentencia del Supremo del 22 de septiembre de 2008, donde afirma que «ANV es un partido político que ha acabado colaborando reiterada y gravemente con Batasuna, complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA».
El PP hace notar que «es el propio Tribunal Supremo quien predica de ANV los criterios de reiteración y gravedad en su colaboración con Batasuna que exige el articulo 61 de la Ley de Bases». Recuerda, además, que el TS, asumiendo argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, da por probados una serie de hechos que ponen de manifiesto el apoyo claro, grave y reiterado de los órganos locales controlados por ANV a la estrategia terrorista. Cita como ejemplos los casos de Durango, Baracaldo, Hernani, Elórreo, Mondragón y Azpeitia.
En el mismo documento, el PP defiende la convocatoria de elecciones municipales en los 43 ayuntamientos de ANV el mismo día en que se celebren los comicios autonómicos vascos, previstos para marzo. Recuerda que la legislación electoral general fija que «una vez producida su disolución, se deberá proceder a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses».
La conclusión del PP es que existe el instrumento legal para desalojar ya a los alcaldes de ANV, pero hace falta voluntad política: «Tenemos el instrumento legislativo y el precedente. Ahora tan sólo es necesaria la voluntad política de quien tiene que poner en marcha el procedimiento que establece la Ley».
El PP había incluido los mismos argumentos, de forma resumida, en una Proposición no de Ley para que se debatiera el martes 16 en el Congreso. Pero ayer, en la Junta de Portavoces, el PSOE vetó la iniciativa, que ya no podrá ir a Pleno hasta 2009, según denunció la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, defendió que el Gobierno «trabaja ya en todos los frentes».
La moción, «hoy mismo»
El presidente de la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, se mostró ayer partidario de presentar «hoy mismo» una moción de censura en Azpeitia, si bien recalcó que les falta un voto y que «son otros partidos», en referencia a EA y Aralar, los que tienen la decisión.