29 de enero de 2013
El TS ratifica la exclusión del concierto a tres colegios diferenciados por sexo
Día 25/01/2013 - 19.05h
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido tres nuevas sentencias que ratifican la exclusión de los conciertos educativos a tres centros de la provincia de Sevilla que «segregan el alumnado por sexo», lo que ya llevó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a anunciar que no renovará los conciertos con los 12 centros andaluces que imparten la educación diferenciada para el curso 2013-2014.
En tres sentencias distintas dictadas consecutivamente los días 21, 22 y 23 de enero, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ratifica que la Administración autonómica no renueve el concierto de los centros Molino Azul, de la localidad sevillana de Lora del Río; Elcható de Brenes, y Ribamar, de Sevilla capital.
Las sentencias del Supremo estiman los recursos de la Junta contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por las que se acordaba aprobar los conciertos con estos tres centros, anulando así la orden de 2009 sobre el cambio de criterios en la concesión de los conciertos, orden en la que obligaba a los colegios de educación diferenciada a convertirse en mixtos para continuar beneficiándose de las subvenciones.
Esta orden, de 7 de agosto de 2009, denegaba la renovación de los conciertos educativos por el tiempo solicitado de cuatro años y, alegando el incumplimiento de los centros, resolvía renovar este concierto solamente por un año --durante el curso 2009-2010--, condicionando la extensión a los otros tres años al cumplimiento del requisito de la escolarización de alumnos de ambos sexos a partir del curso 2010/2011.
Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce(Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina(Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla),Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital,Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).
Hay que recordar que el TSJA anuló la orden de 2009, en relación aRibamar y Molino Azul, tras los recursos presentados por la Unión Sindical Obrera (USO) y los propios centros, que pidieron desestimar los recursos de la Junta en cuanto a que el sindicato «no acredita el nexo entre los intereses que defiende y el objeto de debate», ya que, según USO, «han de tenerse en cuenta las consecuencias negativas de la aplicación de la orden recurrida para los trabajadores», pues «dependiendo de la demanda de escolarización podría seguir funcionando pero como centro privado».
En ese caso, argumentó USO, a sus trabajadores «les resulta de aplicación el VIII Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado», por lo que «en el supuesto de que no pudiera la empresa seguir manteniendo el coste de los trabajadores, se producirían los despidos y el cierre de la empresa».
La Junta alegó también que «el incumplimiento de las normas de admisión de alumnos sí es causa de la no renovación del concierto», recordando que, según la Ley Orgánica 2/2006, que regula las condiciones de admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados, las administraciones educativas «tienen competencias para regular la admisión de alumnos», mientras que «el principio de igualdad ha de ser respetado específicamente en el procedimiento de admisión de alumnos».
Ante ello, USO señaló que ello «carece de fundamento, ya que el centro educativo reúne todos los requisitos, como reconoce la propia Administración al concederle el concierto por un año, con una única condición para renovarse por el resto del periodo establecido en la normativa», que es «la admisión de alumnos de ambos sexos, con lo cual no se está cumpliendo dicho precepto».
Según USO, «el hecho de denegar la renovación de un concierto por ese motivo supondría una flagrante discriminación y conculcación del derecho de igualdad», pero el Supremo entiende que el TSJA «ha contravenido la interpretación de los preceptos invocados, dado que, para la renovación del concierto educativo, han de tenerse en cuenta, no solo las normas educativas esgrimidas, sino también la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y la correlativa andaluza, Ley 12/2007, de 26 de noviembre».
«No contraria a la legislación vigente la enseñanza separada por sexos, mas cuestión distinta es que tal actividad pueda ser objeto de concertación con fondos públicos», argumenta el Supremo, quien concluye que «debe confirmarse la actuación administrativa al entenderse ajustada a derecho la condición impuesta para la renovación del concierto a partir del curso 2010/2011».
Asimismo, la sentencia referente al centro Elcható --cuya empresa titular es la Federación de las Escuelas Agrarias de Andalucía--, el Supremo dice que el TSJA «ha contravenido» el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, recordando que en su sentencia de 24 de febrero de 2010 «mantuvimos que la educación separada por sexos era conforme en España», pero «dejó de serlo para los centros docentes sostenidos con fondos públicos una vez» que esta Ley «introdujo como criterio de no discriminación en dicho artículo el relativo al sexo, imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación».
La estafa de la sanidad privada
TRIBUNA
La estafa de la sanidad privada
La falta de datos económicos y científicos enturbian el debate sobre la gestión sanitaria
EL PAIS - RODRIGO CORDOBA 28 ENE 2013 - 19:21 CET2
Gracias al esfuerzo, la competencia y el compromiso de miles de profesionales sanitarios, nuestro sistema sanitario público ofrece unos excelentes resultados en gasto y en salud de la población cuando lo comparamos con el resto de modelos sanitarios y de países. Somos un país “top ten” en indicadores sanitarios como la expectativa de vida al nacer o la mortalidad infantil con un gasto sanitario total del 9,5% del PIB en 2009 (un 6,2% es gasto público). Países con potente sanidad privada como EE UU tienen peores indicadores sanitarios que España a pesar de que su gasto total es del 17,6%. La OMS sitúa a España como el 7º mejor sistema sanitario del mundo (el 3º entre los países más poblados) mientras Alemania está en el 25º y EE UU en el 37º. Sin embargo, no hay motivos para el triunfalismo. Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir. Pero en vez de coger el toro por los cuernos, y mejorar la gestión pública, algunos gobiernos autonómicos llevan años empecinados en privatizar la gestión sanitaria. Me refiero aquí al “Modelo del Hospital de Alzira” o las crecientes intenciones privatizadoras de la gestión de hospitales y centros de salud en Madrid. Entre otras cosas prometen un gasto 25% menor en los modelos de gestión privada. Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y” da buenos resultados clínicos”,pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia que la sustente entre otras cosas por la pertinaz opacidad en los datos clínicos de los centros de gestión privada y la consiguiente ausencia de evaluaciones independientes. Hay innumerables hechos que ponen en duda estas afirmaciones. Veamos algunos:
- La Comunidad de Madrid pretende privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud que atienden 1,4 millones de personas. El coste per cápita de la atención hospitalaria es de 600 € pero, según los presupuestos para 2013, ofrece pagar 441 €. Cualquier ciudadano o profesional no puede dejar de hacerse varias preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa con ánimo de lucro, gane dinero y a la vez consiga ahorrar, mantener el personal y la calidad de la asistencia sanitaria? Hasta un niño se da cuenta que son los ciudadanos y los profesionales los que van a salir perdiendo en esta insensata operación
- En el caso del Hospital de Alzira la Generalitat Valenciana concedió en 1999 la gestión a una empresa privada a un coste capitativo pactado para 7 años que suponía un ahorro frente a otros hospitales de gestión pública. Pero a los dos años la empresa tenía un déficit de cinco millones de euros. El Gobierno valenciano anuló la concesión y les indemnizó con 25 millones de euros, para seguidamente sacarla de nuevo a concurso y adjudicarla a aquellos que habían fracasado, eso si aumentado sustancialmente el canon por habitante pasó de 225 euros a 369 (un 68%).Un informe los expertos en Administración Sanitaria de España (Sespas) señala que la “excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios…exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador”. En otras palabras, los gobiernos pueden dejar de cumplir su función de árbitro y convertirse en el delantero centro de los intereses privados.
Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir"
¿Y en Europa? El Gobierno del Reino Unido esta acelerando el proceso de privatización de la gestión de la sanidad británica (el prestigioso NHS) bajo la bandera de la “eficiencia”. El resultado es que de momento la sanidad ha tenido un coste anual añadido entre 1.800 y 2.400 millones de euros mas que antes mientras que las intervenciones programadas se han reducido en un 10% anual con lo cual aumentan las listas de espera ¿Dónde este al ahorro? Con respecto a los médicos, las experiencias de gestión privada es muy evidente: a los nuevos se les paga menos y a los antiguos se les carga de trabajo con igual salario. Normalmente cuando un hospital británico pasa a gestión privada es posible que mejore aspectos superficiales pero pierde buena parte de su personal de enfermería, disminuye la calidad asistencial clínica y hay indicios de que aumente la mortalidad intrahospitalaria. Para las empresas de gestión privada todo esto no son más que “daños colaterales”.
- Según George Halvorson, presidente de la aseguradora americana Kaiser Permanente, en EE UU se emplea incorrectamente el 25% del presupuesto sanitario en prácticas clínicas que no aportan ninguna salud a las personas y que no tienen ninguna evidencia científica. Eso indica que una buena gestión puede disminuir los costes en buena medida sin mermar los resultados en salud. En ese país donde la mayoría de la sanidad es privada, los hospitales mas eficientes tienen un gasto per capita un 16% menor que los más derrochadores lo que indica la variabilidad de las prácticas de gestión sanitaria, dentro de los propios sistemas, sean estos públicos o privados. Sin embargo, globalmente la sanidad americana es de las más ineficientes del mundo si observamos los indicadores de salud, los que atañen a la gente corriente.
La cuestión clave es cómo mejorar la gestión. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Esto se logrará evaluando el centro en función de los resultados de salud y no sobre criterios economicistas. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública en las que los profesionales tengan protagonismo. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente. Finalmente, si no hay evidencia de que la gestión privada de la sanidad sea mas eficiente ¿porque no apostamos por mejorar la gestión pública? Hace poco ha sido contratado por la Administración de Estados Unidos el Consejero de Salud del País Vasco, Rafael Bengoa, un claro ejemplo de que también hay buenos gestores en la sanidad pública. La sanidad es un servicio, tiene costes y debe ser eficiente pero no es un negocio para que se lucren los amiguetes de los políticos.
Rodrigo Córdoba García es medico de familia y profesor de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
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El paro juvenil español acapara la atención de los líderes europeos
El paro juvenil español acapara la atención de los líderes europeos
Rehn afirma estar "muy preocupado" por los problemas de quienes entran en el mercado laboral
El líder de la Eurocámara pide a Báñez un compromiso de crear empleo a cambio de la rebaja
EL PAIS - AGENCIAS Madrid 28 ENE 2013 - 20:07 CET849

El vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn. / GEORGES GOBET (AFP)
El jueves fue la canciller alemana, Angela Merkel, quien señaló al paro juvenil español como uno de los grandes problemas de Europa y este lunes ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Economía, Olli Rehn, quien ha dejado en evidencia que el tema preocupa más allá de las fronteras españolas. Durante un acto en Madrid, Rehn se ha mostrado "muy preocupado" por el aumento del desempleo, sobre todo de quienes se incorporan al mercado laboral, aunque ha dicho ser "consciente" de que se están tomando "medidas para el crecimiento y el ajuste fiscal".
En declaraciones a los medios antes de participar en la cumbre de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Rehn aseguró que hablaría más en profundidad de estas preocupaciones en las comparecencias que celebraría en la propia reunión sindical, y, más tarde, en la rueda de prensa que dio tras su reunión con el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La tasa de paro entre los menores de 25 años en España supera el 55%, un nivel desconocido desde que hay estadísticas comparables. Esto significa que una de cada dos jóvenes no tiene trabajo. En total, la última Encuesta de Población Activa refleja que hay 930.200 de ellos sin empleo. Además, en una peligrosa derivada de la falta de oportunidades para tan siquiera empezar su carrera profesional, muchos jóvenes, entre los que hay un gran número de trabajadores cualificados, están optando por abandonar el país.
Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que también ha participado en el 40 aniversario de la CES, ha avisado de que la rebaja de cotizaciones a emprendedores hasta 50 euros durante seis meses, anunciada este lunes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, estará "muy bien" siempre que se acompañe de un "compromiso vinculante" de creación de puestos de trabajo para jóvenes.
"Lo que no se puede ser es por un lado dejar de pagar cotizaciones y que luego no se genere empleo", ha señalado. Su argumento es que es "absolutamente necesario que haya una combinación de disciplina presupuestaria y de estrategia de crecimiento". Más concretamente, ha apostado por desarrollar "inversiones puntuales", especialmente en el sector de las infraestructuras, para luchar contra el desempleo juvenil.
En opinión de este eurodiputado socialista, es una "vergüenza" y "totalmente inaceptable" que en países europeos, como España, una de cada dos jóvenes no encuentre trabajo y ante esta situación ha demandado más presencia de los sindicatos en la UE.
Más tarde, tras una reunión con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Schulz ha ido más allá y ha pedido "de forma inmediata" una directiva europea contra el desempleo entre los menores de 25 años "para que no se pierda una generación entera". Según el presidente del Parlamento Europeo, si la democracia no ofrece sino "desesperanza" a los jóvenes, no es extraño que "pierdan la fe" en el sistema.
Schulz ha criticado que se destinen "cientos de miles de millones para salvar el sistema bancario y no se hable de los millones necesarios para crear empleo", y ha alertado que, si no se toman medidas, la "UE puede fracasar".
Junto a Merkel, Rehn o Schulz, el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, también ha criticado en el pasadoel nivel de paro juvenil, al que calificó de "escándalo".
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El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El paulatino envejecimiento de la población pasa factura a las cuentas de la Seguridad Social
El gasto en prestaciones contributivas sube un 4,8% pese a la supresión de la paga por el IPC
El paulatino envejecimiento de la población ha elevado el número de pensiones contributivas que cada mes abona la Seguridad Social por encima de los nueve millones por primera vez en la historia. El aumento de las prestaciones, además, está pasando facturas a las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Gobierno de no compensar a los pensionistas por la inflación. Ante este aumento de las prestaciones y la persistente caída del empleo, la Seguridad Social ya cerró 2012 consu déficit más abultado desde que dejó de financiar la sanidad.
Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Empleo correspondientes al 1 de enero, el número de prestaciones contributivas creció en un 1,5%, hasta los 9.008.348. Por tipo de prestación, fueron las de orfandad, que aumentaron en un 7,3% aunque su peso en relación con el total es pequeño, y las de jubilación, que son las más numerosas y que suponen un mayor desembolso, que repuntaron en un 2%. Así, a principios de año, el organismo público tenía contabilizadas 5.402.863 pensiones por jubilación.
En cuanto al coste de estas prestaciones, el gasto en pensiones contributivas aumentó en enero un 4,8%, hasta los 7.653 millones, con respecto al mismo mes de 2011, cuando sí hubo paga extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Las previsiones del Gobierno son de destinar un 4,2% a lo largo de todo 2013 en pensiones.
El repunte, que tuvo lugar pese a la supresión de la compensación por el IPC sufrida en 2012, que se solía abonar en una única paga en este mes, y la consolidación de la revalorización en 2013, indica que el gasto se acelera con respecto a los meses precedentes. Esto es debido, explica el departamento que dirige Fátima Báñez, por el incremento en el número de receptores y la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año para las prestaciones de más de 1.000 euros y del 2% para el resto.
A este respecto, la pensión media de jubilación alcanzó los 969,89 euros, un 3,6% con respecto al arranque de 2011. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 849,60 euros al mes, lo que supone un alza interanual del 3,3%.
Frente al crecimiento de los perceptores de prestaciones, el número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones a la Seguridad Social ha caído con más intensidad al sufrir un descenso del 4,57% en 2012. Esto supone que a cierre de 2012 había 787.240 ocupados menos que a finales de 2011, lo que equivale a 16,3 millones de inscritos en el sistema. Esta destrucción de empleo ha provocado que, por primera vez desde 1997, haya menos de dos trabajadores afiliados por cada pensionista, cuyo número a finales de diciembre era de 8,1 millones. Con estos mimbres, la Seguridad Social cerró 2012 con su mayor desfase presupuestario desde que dejó de financiar la sanidad: un déficit de 11.800 millones, sin contar con los intereses del fondo de reserva.
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