23 de diciembre de 2011

Centrismo a medida

EDITORIAL

Centrismo a medida

Rajoy entrega la gestión a Sáenz de Santamaría y acierta al separar Economía de Hacienda

Mariano Rajoy anunció la composición del nuevo Gobierno sin que, hasta el instante mismo de hacerlo público, hubiera trascendido ninguna noticia sobre su estructura ni sobre los integrantes y sus respectivas responsabilidades. Con esta reserva, el presidente recién elegido parece haber querido transmitir un doble mensaje de disciplina en torno a su liderazgo y de respeto a los procedimientos institucionales. Lo primero era necesario para un dirigente que, tras la derrota de 2008, encontró uno de sus principales frentes políticos en el interior de su propio partido. Lo segundo estaría dirigido a corregir la exhibición de prepotencia en que el anterior presidente popular, José María Aznar, convertía la formación de cada Ejecutivo, y también las formas atropelladas de las que hizo gala Rodríguez Zapatero.
La principal característica de la estructura del nuevo Gobierno no es tanto la reducción de carteras, mínima en relación con lo que se esperaba, como el intento de recuperar una estructura clásica para abordar las diversas áreas de gestión. Rajoy ha evitado asignar departamentos a problemas específicos como fórmula para subrayar la importancia política que se les concede, según hizo Zapatero con los Ministerios de Vivienda e Igualdad. Al mismo tiempo que ha integrado en una sola cartera las responsabilidades de Educación, Cultura y Deportes, recuperando una fórmula tradicional, ha optado por separar Economía y Hacienda. En el resto del área económica ha restablecido el Ministerio de Agricultura y ha mantenido los de Fomento, Industria y Trabajo, aunque en este último caso haya cambiado de nombre (Empleo). Habrá una sola vicepresidencia, además de los departamentos consolidados como Exteriores, Defensa, Justicia e Interior.
La estructura del Ejecutivo diseñada por Rajoy simplifica la gestión en la medida en que, en principio, parece diseñada para evitar interferencias entre ministerios, huyendo de la combinación de criterios funcionales y transversales. La crisis económica ha sido una de las razones que aconsejaba separar Economía y Hacienda, subrayando la importancia de abordar una estrategia económica de conjunto de la que la política fiscal sería solo una parte, aunque destacada. Aunque ambos departamentos aparecen en pie de igualdad sobre el papel, es previsible que el de Economía y Competitividad acabe ganando preponderancia sobre el de Hacienda. En especial, si se toma en consideración que Rajoy solo ha previsto una sola vicepresidencia de contenido político y no tanto económico.
El equipo al frente de las diversas responsabilidades está compuesto en su totalidad por personas próximas al nuevo presidente. La única novedad reside en el hecho de que no era suficientemente conocida la confianza de Rajoy en algunos nuevos ministros, como es el caso de los de Exteriores, Trabajo o Educación. Todos tienen experiencia de gestión en diversos niveles de la Administración, tal vez con la excepción de la nueva vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, bregada en las tareas parlamentarias. Es la apuesta más personal de Rajoy. Sáenz de Santamaría se configura como la mujer fuerte del nuevo Ejecutivo.
Rajoy ha repetido en diferentes ocasiones su voluntad de actuar con independencia. En la formación de su primer Gobierno no ha atendido a cuotas de género ni territoriales, sin duda para desmarcarse de unas opciones que terminaron pasando una elevada factura a Zapatero. Por otra parte, el nuevo Gobierno presenta un perfil centrista que pretende desmarcar al PP que accede por segunda vez al poder del que llegó en 1996 de la mano de Aznar. Rajoy ha hecho un Gobierno a su medida, y ahora solo falta que confirme con hechos y actitudes lo que de momento solo puede ser una imagen. Enfrente tiene un país preocupado por la crisis y a la espera de conocer su programa.

Tras el fin de ETA

TRIBUNA

Tras el fin de ETA

"Memoria es básicamente compromiso con las víctimas de la banda terrorista", dice el autor

El pasado 20 de octubre, aún con su liturgia y retórica habitual, la banda terrorista que acabó con la vida de 829 personas a lo largo de más de 40 años aceptó su final. No ha sido fruto de un examen de conciencia ni de una catarsis moral, sino de su debilidad operativa y de su deslegitimación social. Por supuesto, no hay que bajar la guardia y debemos seguir alerta ante cualquier tentación de volver a las andadas por improbable que sea, que lo es. Pero, además, y a la vez, debemos hacer otras cosas sin las cuales la ansiada paz no será plena; las más importantes son memoria y justicia para sus víctimas; también promover el respeto a las personas, a las instituciones democráticas y a las reglas del juego, la tolerancia positiva y un sano relativismo en Euskadi que espante los integrismos y dogmatismos que fortalecieron a ETA.
Memoria por tanto; primero y antes que nada. Memoria que es básicamente compromiso con las víctimas de ETA (no edulcoremos su principal sentido) por definición todas inocentes. Memoria también del conjunto de los ciudadanos que la combatieron más directamente, héroes sin duda. Por eso decimos que el fin de ETA es el triunfo de la democracia y no de una parte de la sociedad frente a otra. La memoria es por consiguiente algo más que el mero relato o que la historia de lo que pasó que corresponderá elaborar a los historiadores o al periodismo de investigación y que exige rigor científico y una vocación descriptiva que aspira a la objetividad.
La memoria, sin embargo, supone tomar partido; no es neutral sino deliberadamente parcial; es una apuesta excluyente a favor de los que sufrieron el terror, para honrarlos primero y como testimonio después para que la violencia fanática no vuelva a repetirse jamás. Por eso es tan importante que se impulse cuanto antes el Centro de la Memoria que prevé la nueva ley de víctimas del terrorismo, aprobada en septiembre pasado por todos los grupos políticos excepto por UPyD.
Es importante que se impulse cuanto antes el Centro de la Memoria"
Y debe ser un Memorial exclusivamente para las víctimas del terrorismo, fundamentalmente víctimas de ETA, y no un cajón de sastre que incluya a otro tipo de víctimas, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos o de otros delitos violentos, que merecen sin duda todo el respeto y la máxima consideración y reconocimiento pero que unificándolas, haciendo tabla rasa, diluyéndolas en un todo común, les hacemos un flaco favor a todas, a unas y a otras; no solo porque se trate de violencias diferentes, ninguna aceptable, sino porque cada tipología de víctimas merece un tratamiento específico, un reconocimiento particular, por respeto a su singularidad.
Es como si pretendiéramos mezclar a las víctimas del franquismo, a las que debemos por cierto otro Memorial, o de violaciones de derechos humanos en general, con las de la violencia de género o las de delitos especialmente horribles como algunos asesinatos, desapariciones y violaciones de jóvenes y menores conocidos en los últimos tiempos. Porque todas estas víctimas son diferentes entre sí, aunque todas compartan un elemento común de sufrimiento y de dolor injustificado.
Y en el caso de las víctimas de ETA, que es el que aquí nos ocupa, existe otra razón para su singularidad: no contribuir, ni consciente ni inconscientemente, a legitimar la “teoría del conflicto”, imposible en una democracia avanzada como la nuestra, “de las víctimas de los dos bandos”, sostenida falazmente por ETA y por la izquierda abertzale; una teoría que enmascara la cobardía de no afrontar con grandeza y hombría de bien la responsabilidad por el inmenso daño causado unilateralmente; es esa “huelga moral” de la que habló Primo Levi. Y no pienso tanto en que se pida perdón, del que no soy entusiasta ni tampoco el conjunto de las víctimas y que sería “mucho pedir” si se hiciera en serio, más allá de su valor jurídico para la obtención de beneficios penitenciarios de acuerdo con la legalidad vigente. Basta con que no manipulen la verdad de lo sucedido, aunque sea solo por respeto a los muertos, el que no le tuvieron cuando fueron asesinados.
Justicia, en segundo lugar. Por supuesto, la justicia del Estado constitucional de derecho. A sensu contrario: ni venganza, ni impunidad. Sí, para los presos, posibilidad de reinserción social, tal y como prevé la Constitución de 1978. También y antes reparación integral de las víctimas, a poder ser por sus victimarios o incluso por los miles de simpatizantes y votantes que hoy no quieren ya violencia y sí política democrática en las instituciones. No sería un mal paso; a mi juicio, mejor, más práctico y tangible, que el metafísico perdón y su intrínseco arrepentimiento, poco probable y, hoy, poco creíble… Es una justicia, en suma, garantista para el reo, sin tratos inhumanos ni degradantes, posibilista en la reinserción, respetuosa con los derechos humanos fundamentales. Una justicia que también protege a la víctima, antes, durante y después del proceso penal; que le concede derechos que salvaguardan su dignidad y su buen nombre, incluso su intimidad; que garantizan su derecho a ser escuchada y a saber y que aseguran su reparación administrativa y/o judicial como en ningún otro país del mundo. Es verdad que la decisión última en un Estado de derecho que se precie corresponde a los jueces, ese tercero imparcial que diseñaron Montesquieu o Beccaria, intérpretes y aplicadores de la ley, y así debe seguir siendo, también cuando no compartimos sus decisiones.
En definitiva, Memoria y Justicia son las dos ideas fuerza que a mi juicio deben inspirar a partir de ahora, en este nuevo tiempo sin ETA, a las instituciones y a la sociedad vasca y española. También más respeto, en el sentido profundo del término: a las personas (Homo homini sacra res, decía Séneca), a las reglas del juego y a la diversidad social y cultural de Euskadi y de España, con un pluralismo político que es estructural y no coyuntural y que bien interpretado es una bendición para todos, que imposibilita la secesión y que “condena” a los vascos primero y al conjunto de los españoles después a vivir juntos, a convivir. Bendita convivencia. Bendito pluralismo.
José Manuel Rodríguez Uribes ocupa la Cátedra Berinstain sobre el terrorismo y sus víctimas de la Universidad Carlos III y es director general (en funciones) de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.

La Audiencia Nacional llama a Chávez a colaborar contra ETA

La Audiencia Nacional llama a Chávez a colaborar contra ETA

El tribunal entrega a Caracas a un presunto asesino a la espera de que haga lo mismo con etarras

El presidente venezolano a su llegada a la cumbre de Mercosur el 20 de diciembre. / MATILDE CAMPODONICO ( AP )
La Audiencia Nacional está a punto de enviar un mensaje a Hugo Chávez. Lo hará, como se hacen estas cosas en Justicia, en forma de auto. Su contenido, aprobado por el pleno de la Sala de lo Penal y que está siendo redactado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, viene a ser el siguiente: concedo la extradición aVenezuela de un presunto asesino machista nacido en ese país aunque con nacionalidad española, pero con una condición. Que Caracas dé garantías de que hará lo propio con los delincuentes nacidos en España y con doble nacionalidad que acoge y que están reclamados por jueces españoles.
Lo más probable es que la resolución no los nombre, pero en el estudio del asunto estuvo muy presente el caso de Arturo Cubillas Fontán —funcionario del Gobierno venezolanoprocesado por el juez Eloy Velasco por pertenencia a banda armada como presunto organizador de cursillos de manejo de armas y explosivos a miembros de ETA en aquel país— y de otros cinco presuntos etarras implicados en la misma trama. La orden de busca y captura contra Fontán emitida por el juez español causó unconflicto diplomático con Venezuela. Chávez calificó de “señalamientos infames e inaceptables” las afirmaciones realizadas por el magistrado de que su Gobierno colaboró con ETA y las FARC. Hasta el momento, las autoridades venezolanas se han negado a detener a Cubillas a pesar de la orden internacional de detención cursada contra él. Y la justicia de ese país se niega a extraditarlo argumentando que la Constitución venezolana impide entregar a sus nacionales.
España, sin embargo, sí atendió en junio la orden internacional de detención de un juez venezolano contra Alejandro Iglesias y arrestó en Santiago de Compostela a este presunto asesino machista, acusado en ese país de “homicidio calificado por medio de incendio y por motivos fútiles e innobles”. Según la justicia de ese país, tras una discusión por motivo de celos”, Iglesias “roció a su novia, Bárbara González Camanica, con una sustancia combustible desconocida y después la prendió fuego”. Acto seguido la dejó en un hospital y se dio a la fuga. La mujer, con quemaduras en el 70% de su cuerpo, falleció.

Cauce de colaboración

La situación de Iglesias en España es similar a la de Cubillas y varios de los etarras reclamados —José Ignacio Etxarte, José Ángel Urtiaga, José Miguel Arrugaeta, Ignacio Domínguez y José María Zaldua— en Venezuela pero a la inversa. El presunto homicida nació en ese país en 1981, pero en 1996 optó por la nacionalidad de su padre, la española. Aun así, a diferencia de lo que hizo Caracas con Cubillas, la Audiencia ha decidido entregarlo. Porque, según la legislación venezolana, Iglesias conserva la nacionalidad de ese país a pesar de ejercer la española. También porque los hechos que se le imputan se cometieron en Venezuela y sobre una víctima de ese Estado, luego es este quien debe investigarlo.
La solución dada por la Audiencia al caso busca abrir un cauce de colaboración judicial entre ambos países —roto desde la reclamación de los presuntos terroristas— y escenificar la buena voluntad de la Justicia española. El tratado de extradición entre ambos Estados les permite denegar la entrega de sus nacionales, pero la Audiencia rechaza ejercitar ese derecho porque, en ese caso, el asesinato machista quedaría impune.
El delito imputado a Iglesias por Venezuela es, además, de mayor gravedad que los que la Audiencia achaca a Cubillas y el resto de presuntos etarras que le reclama España. El Código Penal venezolano castiga esa infracción con una pena de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que la pertenencia o colaboración con organización terrorista que pesan sobre Cubillas y el resto de presuntos miembros de ETA oscila entre los cinco y los 14 años de prisión.
La garantía de reciprocidad exigida a Venezuela por la entrega de Iglesias no es la única condición impuesta por el tribunal. En caso de ser condenado, el presunto homicida podrá exigir cumplir su pena en cárceles españolas. Ahora, como en todas las extradiciones, la última palabra sobre su entrega a Caracas corresponde al Consejo de Ministros.