El Gobierno rehúsa tomar medidas para proteger a
España de injerencias
El Gobierno y el
Congreso no han tomado las medidas necesarias para remediar la vulnerabilidad
en que queda el Estado
EL
PAIS - Madrid 31
DIC 2017 - 10:33 BRST
A pesar de que las redes de injerencia rusas lograron en 2017 su objetivo de aprovechar la crisis catalana para
trasladar una imagen negativa de España ante sus socios internacionales, el Gobierno y el Congreso no han tomado las
medidas necesarias para remediar la vulnerabilidad en que queda el Estado,
especialmente ante elecciones generales o un referéndum de reforma
constitucional. El presupuesto de la Comisión Europea para proteger
de injerencias a los países de la Unión es muy limitado y España no ha
solicitado la cobertura del centro de análisis estratégico de la OTAN contra la
desinformación. El resultado es que España queda desprotegida, dada la
constante intromisión no sólo de medios y organizaciones rusas, sino también
del entorno chavista.
Las redes rusas efectuaron entre septiembre y octubre un ataque en redes
sociales a España con la intención de agravar la crisis catalana y avivar la
división por medio de noticias falsas o exageradas, amplificadas con el uso de
cuentas automatizadas, conocidas como bots. Su objetivo
principal en aquellas fechas era darle a los independentistas la impresión de
que su pulso contra España era realista y tenía un apoyo internacional del que
en realidad carecían. También retrataron a España como un Estado autoritario y
en descomposición, una forma de dañar la imagen de este país y de la UE en todo
el mundo.
Un análisis de EL PAÍS y la Universidad de George Washington escrutó
cinco millones de mensajes en Twitter sobre la crisis catalana, llegando a la
conclusión de que hubo 4.800 bots en la órbita rusa programadoconstantemente
informaciones falsas o manipuladas con titulares como “Kosovo llevó a
Cataluña”, “Cataluña tendrá un efecto dominó y habrá 45 nuevos países en
Europa” o “Doce países apoyan la independencia de Cataluña”.
Ante esta agresión, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció
el pasado día 13 la creación en 2018 de un Centro de Operaciones de Seguridad
(COS) para proteger las redes informáticas de la Administración pública ante
ciberataques. Su función será vigilar el ciberespacio 24 horas al día siete
días a la semana, como hacen los controladores aéreos, según explicó Luis
Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo del
servicio secreto CNI que hasta ahora cumplía esta función.
La creación del COS completa una maraña de centros, algunos con
competencias solapadas, que incluye también al CERTSI (Equipo de Respuesta de
Emergencias Cibernéticas de Seguridad e Industria), competente en la protección
de las redes de ciudadanos, empresas e infraestructuras críticas (electricidad,
energía, transporte, etc) y dependiente de los Ministerios de Agenda Digital e
Interior; y el Mando de Ciberdefensa, responsable de proteger las redes de las
Fuerzas Armadas.
Ninguno de ellos se ocupa, sin embargo, de combatir la difusión de
noticias falsas en las redes sociales a pesar de que estas, cuando tienen como
objetivo la desestabilización, “pueden representar una amenaza para la
seguridad de los estados”, según una proposición no de ley (PNL) presentada por
el Grupo Popular en el Congreso el pasado día 18.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció a principios
de mes que propondría al Congreso la creación de un “grupo de trabajo” con
parlamentarios y editores de los principales medios de comunicación para
analizar lo que denominó “guerra de la información” y proponer medidas para
atajarla.
Sorprendentemente, esta idea no figura en la PNL de su partido. Lo que
propone el PP es elaborar métodos para identificar y “sellar” las falsas
noticias (no explica si se trata de eliminarlas o etiquetarlas); atribuir a los
“servicios encargados de la seguridad pública” (se supone que fuerzas de
seguridad y servicios de inteligencia) “sistemas de vigilancia, monitorización,
mitigación y respuesta ante acciones extranjeras” desestabilizadoras; promover
un acuerdo internacional contra la desinformación como amenaza global a los
sistemas democráticos; y “reforzar la comunicación estratégica” para hacer
frente a campañas de actores hostiles contra países de la UE.
La ambición y ambigüedad de la propuesta del PP contrasta con la tímida
respuesta ante la injerencia rusa en la crisis catalana. El Gobierno abordó la
cuestión en la Comisión de Secretos Oficiales y juramentó a los diputados de la
misma a que guardaran mutismo absoluto por temor a que la filtración de que sus
datos apuntan a la autoría de Moscú pudiese molestar al Kremlin y provocar un
incidente diplomático.
A nivel internacional, dos son los organismos que pueden amparar a España
ante posibles injerencias. Por un lado, la Unión Europea y por otro la OTAN. La
alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica
Mogherini, anunció recientemente que en 2018 dedicará 1,1 millones a combatir
la desinformación y las injerencias extracomunitarias. De su departamento
depende un grupo de especialistas, el East Stratcom Task Force, que sigue las
redes sociales a la búsqueda de bulos que tengan como finalidad la
desestabilización política. Hasta ahora ese departamento no tenía un
presupuesto espécífico, a pesar de las peticiones de diversos
europarlamentarios preocupados por la injerencia rusa.
Respecto a la OTAN, existe un Centro de Comunicaciones Estratégicas que
presta servicio de defensa digital, pero al que el país en cuestión debe
solicitar el ingreso con el pago correspondiente adicional al gasto militar.
Ese centro, con un presupuesto total anual de cinco millones de euros, presta
servicio no sólo a las repúblicas bálticas y los países nórdicos, más expuestos
a la agresión rusa, sino también a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.
España no participa, por lo que entre sus empleados no hay nadie que se dedique
a seguir al detalle las informaciones publicadas por el entorno de RT y Sputnik
en español, y su impacto en redes.
Ambos organismos internacionales manejan cifras que permiten hacerse una
idea de la magnitud de la maquinaria de injerencia y desinformación rusa: el
Kremlin invierte hasta 1.000 millones de euros anuales en sus medios
informativos públicos. RT tiene presencia en 100 países y Sputnik publica
noticias en 33 idiomas. El gobierno ruso da mayor impacto a sus bulos y
noticias falsas con lo que se conoce como 'granjas de trolls', empresas
anónimas que utilizan perfiles falsos y automatizados para dominar los
algoritmos de las redes sociales y alcanzar el mayor impacto posible.
Los medios internacionales pagados por el Gobierno ruso siguen un mismo
patrón. Primero: buscar una fuente que haga algún pronunciamiento que transmita
la visión prorrusa de cualquier conflicto internacional. Entre las
cuestionables fuentes de Sputnik y RT que han opinado sobre la crisis catalana
y la política española están William Mallinson, identificado como diplomático
británico y que en realidad es un académico de la desconocida universidad
online romana Guglielmo Marconi y cuyo servicio es el de funcionario, tercer
secretario y segundo secretario en funciones en destinos como Nairobi; o el
analista John Wight, que en su currículum cuenta que fue portero de discoteca y
doble de Hollywood.
El segundo paso es darle a la información un titular impactante: “Madrid
sólo puede actuar con violencia”, “Franco está vivo en España” o “Cataluña
tendrá efecto dominó y habrá 45 nuevos países en Europa”. Finalmente, se
comparte en contenido en redes y se viraliza con cuentas falsas automatizadas,
para convertir esas afirmaciones en tendencias a nivel global.
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