El Gobierno rectifica y todos los particulares podrán recuperar papeles de la Guerra Civil

ABC - 10/03/09

El Gobierno rectifica y todos los particulares podrán recuperar papeles de la Guerra Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer un Real Decreto que desarrolla la ley del Archivo para los no catalanes


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Un paso más en el desmantelamiento del Archivo de Salamanca
A la Junta de Castilla y León no le ha cogido de sorpresa la nueva orden del Ejecutivo central ya que, en palabras de su portavoz y consejero de la Presidencia, Jose Antonio de Santiago-Juárez «es un paso más en algo que ya denunciábamos que iba a pasar hace algunos años», pese a que el Gobierno negara en un principio que los papeles iban a ser entregados a particulares. Por ello De Santiago-Juárez insistió en que el Real Decreto aprobado sólo es «un paso más en el desmantelamiento del archivo», lo que demuestra, según el portavoz regional, «la falta de sensibilidad y compromiso» del Gobierno central con los castellanos y leoneses, pero sobre todo la falta de compromiso del Grupo Socialista de Castilla y León y de su portavoz, Óscar López, con los ciudadanos de esta Comunidad al permanecer callado en un asunto como éste y consentir que el Gobierno desmantele un archivo que no es un nacional.
S. GAVIÑA MADRID
Actualizado Sábado, 27-12-08 a las 11:07
Tres días ha tardado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en rectificar la situación discriminatoria en la devolución de documentación incautada a particulares durante la guerra civil, a la que según la ley 21/2005 del 17 de noviembre de 2005 sólo tenían derecho los de Cataluña.
Ahora, y gracias a un real decreto aprobado ayer —in extremis— en el último Consejo de Ministros del año, todos los particulares de España podrán optar a la devolución. Según un comunicado remitido ayer por el ministerio de Cultura, el mencionado Real Decreto regulará «el procedimiento a seguir por las Comunidades Autónomas (menos Cataluña), Ceuta y Melilla para la devolución a particulares de los documentos incautados durante la guerra civil».
Explica, además, que podrán solicitar la restitución de estos documentos «las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos siempre que acrediten la titularidad de los mismos en el momento de la incautación». Para la valoración de las solicitudes presentadas, indica que se constituirá «una Comisión Técnica formada por expertos en archivística y Derecho Administrativo. Una vez que se hayan resuelto las solicitudes, se procederá a la restitución material de los documentos a los interesados, quedando una copia autentificada de cada uno de ellos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Además, se regula la posibilidad de que el titular decida mantener los documentos depositados en este Centro».
Recriminación de la Audiencia
ta resolución se produce tres días después de que la Audiencia Nacional, tras rechazar la petición de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo a devolverle la documentación incautada en Madrid en 1939, le hiciera una recriminación al Gobierno por la ley 21/2005, lamentándose de que en leyes posteriores a ella, en particular la de la Memoria Histórica aprobada hace un año, no hubiera remediado la situación, ya que no habilitó la devolución ni reguló los requisitos y el procedimiento que debe seguirse a tal efecto y, además, confirmó que «todos los documentos sobrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura» constituyen parte del patrimonio del Estado.
Asimismo, en dicha sentencia subrayaba un punto importantísimo que posiblemente haya hecho reflexionar al Gobierno. En ella afirmaba que «sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la guerra civil de 1936 a 1939, y en aras de preservar ese derecho fundamental a la intimidad y el derecho, también fundamental, a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en similares circunstancias».
Habrá una demanda escasa
En referencia a este Real Decreto, el director General de Libro, Rogelio Blanco, en declaraciones ayer a Europa Press, afirmó que no existe una cifra prevista de cuántos documentos se puede solicitar, pero aseguró que «no serán muchos», e indicó que en estos últimos cinco años las demandas de particulares han sido escasas «por eso intuyo que será una petición muy baja a tenor de lo que está sucediendo». Asimismo, señaló que muchos solicitantes sólo reclamarán un reconocimiento de su propiedad para después «dejarlos depositados en el Archivo». El director general del Libro explicó que muchos de estos documentos volverán al Archivo de Salamanca porque desde el Ministerio se han establecido acuerdos con algunos grupos e instituciones para que una vez que los reciban, como fija la ley, los reciba la Generalitat y los traspase al particular, para después regresar al Archivo de Salamanca. Entre ellos, Rogelio Blanco citó el acuerdo con