1 de diciembre de 2011
Euskadi alerta del "efecto dominó" que podría tener el conflicto sanitario con La Rioja
EL PAIS - ANIA ELORZA - Vitoria - 01/12/2011
Euskadi ha dicho basta. Tras varias semanas de infructuosas negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo que haga que La Rioja vuelva a atender a los pacientes de la Rioja Alavesa, el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, ha anunciado hoy que, si no se soluciona la crisis sanitaria, Euskadi podría tomar medidas similares con las tres comunidades vecinas -Cantabria, Navarra y Castilla y León- a cuyos pacientes de zonas limítrofes atiende.
"Esto es un problema de cohesión nacional, no local", ha asegurado Bengoa esta mañana en el Parlamento vasco, "no vale con pequeños arreglitos por todo el país". Desde el 9 de septiembre los pacientes de la Rioja Alavesa se tienen que desplazar a Vitoria -a más de 60 kilómetros, frente a los 4 kilómetros a los que está Logroño- porque el Gobierno riojano rechaza atenderlos en el Hospital de San Pedro. La decisión afectaría a unos 5.000 habitantes de la zona. Por ello, ha asegurado que si el Gobierno de Mariano Rajoy no hace "entrar en razón" al Ejecutivo riojano de Pedro Sanz, esto provocará un "efecto dominó" hacia las comunidades colindantes con Euskadi. El País Vasco asume la atención sanitaria de 11.000 personas de localidades limítrofes cada año.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha respondido que cuando Rajoy se haga cargo del Gobierno "obligará" a La Rioja a atender a los pacientes vascos.
Todas las miradas se centran ahora en la reunión que el propio Rajoy mantiene hoy con los presidentes de las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, un encuentro al que también acudirá Sanz. Mientras tanto, el consejero de Salud riojano, José Ignacio Nieto, ha asegurado hoy en Logroño que es
"inasumible" para su comunidad atender a pacientes vascos y navarros sin contraprestaciones y ha indicado que no tienen comunicación oficial de la ruptura de las negociaciones.
Bengoa se ha mostrado crítico con Sanz, a quien ha tildado de "antivasco" y al que ha censurado por crear un conflicto "contaminado con historias relacionadas con cuestiones fiscales que se han ido enquistando". Sanz ha realizado numerosas declaraciones públicas en las que ha exigido a Euskadi que atienda a sus propios pacientes, aunque el intercambio de enfermos es recíproco. El principal escollo que ha evitado un acuerdo es la exigencia de una contraprestación económica desde La Rioja, aunque también lo ha sido una propuesta de los riojanos, que planteaban atender a los vascos solo en determinadas especialidades, dejando fuera las más demandadas: dermatología, traumatología, otorrinolaringología y oftalmología. En su última aparición, Sanz aseguró que "paso ya del tema" y explicó que un conflicto similar con Navarra estaba ya zanjado, algo que el Gobierno de esta comunidad desmintió ayer.
Con esta situación, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de optar por "vías diferentes a la negociación" porque esta "no ha dado ningún resultado". Su Departamento de Sanidad ha solicitado una reunión urgente del consejo interterritorial de Sanidad, en el que están agrupadas todas las comunidades autónomas junto al ministerio, y ha pedido la intervención de la alta inspección sanitaria para que exija a La Rioja que atienda a los enfermos de la Rioja Alavesa, a los que los dirigentes vascos han calificado como "rehenes" de Pedro Sanz. Estos solo son atendidos hoy en día en los casos urgentes, pero no en consultas del especialista, como sí ha hecho hasta septiembre. La situación, que se ha prolongado durante casi tres meses, "puede producir no solo problemas de cohesión sanitaria, sino también de seguridad clínica", ha insistido el consejero.
De momento, Euskadi no va a tomar represalias en materia sanitaria. Sin embargo, Bengoa sí ha anunciado que ha suspendido la tramitación de un convenio de trasplantes renales con La Rioja, ya que esta última comunidad no es autosuficiente a la hora de realizar estos procesos -los más complejos se realizan en Euskadi y en los que se asumen en Logroño en muchas ocasiones el órgano procede del País Vasco-. El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, ha señalado que de 225 trasplantes de este tipo de La Rioja en los últimos años, 110 fueron con órganos vascos. "Seguiremos en lo asistencial pero suspendemos la tramitación legal del convenio", ha resumido.
Dos nuevas denuncias vinculan muertes con recortes en Cataluña
Dos nuevas denuncias vinculan muertes con recortes en Cataluña
Un hombre fallece de hemorragia cerebral tras esperar seis días una resonancia - "El quirófano se quedó sin luz y perdimos al bebé", lamenta otro afectado
EL PAIS - FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/12/2011
Arrecia el goteo de denuncias que vinculan muertes de pacientes con los recortes que la Generalitat ha aplicado este año en sanidad pública y especialmente en los hospitales, donde el cierre de camas y quirófanos ha colapsado las urgencias y disparado las listas de espera. Ginés M., de 51 años, falleció por una hemorragia cerebral en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras esperar que le realizaran una resonancia magnética que solo se le practicó seis días después, cuando empezó a sangrar por la nariz minutos antes de morir; Cristina R. G., de 28 años, ingresó en el hospital de Sant Pau embarazada de 34 semanas con una infección abdominal que no pudo operarse de urgencia por problemas con el suministro eléctrico. El retraso, de unas 30 horas, provocó supuestamente la muerte fetal por la infección. Así consta en las dos denuncias presentadas ayer por laAsociación el Defensor del Paciente (Adepa) y que los afectados achacan directamente a los ajustes de la Generalitat, supuesto que deberá dilucidarse en los juzgados.
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Salud replica que es "irresponsable" achacar las muertes al ahorro sanitario
"No se trata de negligencias, son recortes. Mi marido murió en el hospital porque no tenían camas libres", resumió la esposa del fallecido, Maria del Carmen M. Los hospitales afectados rechazaron realizar comentarios sobre sendos casos "por respeto a la confidencialidad de los pacientes". El departamento de Salud que dirige Boi Ruiz, por su parte, replicó a última hora que considera "irresponsable" atribuir estos casos a los recortes "sin datos que lo fundamenten". "De forma puntual pueden producirse disfunciones en los servicios sanitarios", justificó Salud. "Las actuaciones se basan siempre en criterios asistenciales", añadió un portavoz del Vall d'Hebron. Se trata del mismo centro que ya ha sido denunciado en una causa que se halla en fase de instrucción por la muerte de una mujer por una aneurisma tras haber retrasado la operación durante días por el colapso en los quirófanos. En este segundo caso de fallecimiento irregular de un paciente, causa que ha sido registrada ya ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el centro demoró durante casi una semana la realización de una prueba para diagnosticar una patología que resultó mortal.
Ginés M., que padecía espasmos y movimientos incontrolados en un brazo, ingresó en el hospital el pasado 24 de octubre sobre las 22 horas. Al día siguiente le realizaron varias pruebas, entre ellas un TAC. En él se apreciaron varias lesiones, pero los médicos señalaron que requerían una resonancia para calibrar el diagnóstico, según relata la denuncia. La urgencia, prosigue la sentencia, no podía realizarse en urgencias por lo que el paciente tuvo que esperar al día 27, jueves, para ser ingresado en una habitación convencional. "No tenían camas porque muchas estaban cerradas por los recortes de la Generalitat", aseguró entre sollozos la esposa del fallecido. Aún así, la resonancia se dejó para pasado aquel fin de semana. A la mañana del domingo día 30, sin embargo, el estado de Ginés M. se agravó con vómitos y hemorragias nasales. A las 11 de la mañana los médicos señalaron que realizaban "un escáner", detalla la denuncia. El resultado evidenció una hemorragia cerebral y que ya era demasiado tarde. "No se puede hacer nada", detalla que dijeron los médicos el texto de la denuncia. "¿Toda la vida pagando por la sanidad pública y cuando la necesitas pasa esto?", lamentó ayer Maria del Carmen acompañada de su hija.
"Nosotros hemos tenido suerte, ella está viva...", detalló Andrés P., esposo de la mujer que sufrió un abortó tras una infección. "Pero nos hemos quedado sin el bebé", remató. Cristina R. padeció una infección abdominal estando embarazada de más de ocho meses. Ingresó en el hospital Sant Pau en el momento más drástico de los recortes: en la madrugada del pasado viernes 1 de julio. Ningún cirujano pudo visitarla porque "estaban en el quirófano", señaló Andrés. Al día siguiente, minutos después de que ingresara en el quirófano, un empleado advirtió que no podrían operar por cortes de luz en la sala. "Por incidencia técnica en quirófano (fallo del sistema de iluminación de los quirófanos)", detalla el parte médico del hospital. Este centro no empleó el equipo de emergencia sin más explicaciones. La noche del 3 de julio, tras otro día con dolores y vómitos, se le realizó una cesárea y se le extrajo el bebé con parada cardiorrespiratoria. El pequeño falleció a las 4.46 del 4 de julio. "Al menos doy las gracias porque mi mujer ha salvado la vida", se consoló Andrés. El afectado está a la espera de pruebas periciales para presentar una querella penal.
"Deberían imputar a los que gestionan solo pensando en los recortes sin pensar en las personas", señaló la presidenta de Adepa, Carmen Flores.
Un aneurisma en proceso judicial
La primera denuncia por un fallecimiento supuestamente atribuible a los recortes de la Generalitat se halla ya en fase de investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, cuya magistrada ha reclamado ya toda la documentación sobre el caso a los cuatro hospitales de Cataluña que atendieron a la fallecida.
María del Carmen Mesa, de 65 años, ingresó el pasado 7 de septiembre en el Hospital Comarcal de Blanes (Girona) afectada por una aneurisma. La fecha coincide con el periodo en que la Generalitat aplicó los recortes más severos coincidiendo con el verano: cierres de quirófanos, camas, y reducciones de los turnos de guardia y horas extra del personal sanitario que el Gobierno catalán mantuvo hasta octubre.
En el hospital gerundense, Mesa inició una odisea que la tuvo en espera 65 horas por falta de quirófanos y medios técnicos. La mujer no fue intervenida hasta la medianoche del día 9 en el Clínic y regresó después al Vall d'Hebron, donde la maquinaria no funcionaba por "fallos técnicos", según el hospital. El día 16 murió, pese a que el centro hospitalario defiende que se intervino a la paciente antes de las 72 horas que fija el protocolo de actuación para este tipo de dolencia.
La querella de la familia subraya que la demora se debe a los recortes aplicados por la Generalitat catalana.
La sanidad catalana, en el ojo del huracán
- Desde el cambio de Gobierno en Cataluña (diciembre de 2010) se han sucedido los recortes y las protestas. El tijeretazo en sanidad ha sido importante.
- Enero. El consejero de Salud, Boi Ruiz, anuncia que no se construirán más hospitales, se reducirán servicios y se privatizará parte de la gestión. En sanidad el recorte será de 850 millones.
- Febrero. Salud anuncia que paralizará 14 obras, siete nuevos hospitales y siete ampliaciones. Además, cinco hospitales (como el de Sant Pau o el de Bellvitge) empiezan a cerrar quirófanos.
- Marzo. El hospital Clínic de Barcelona cierra una parte de sus urgencias. El de la Esperança clausura todo el servicio.
- Julio. La Generalitat decide clausurar en verano 40 centros de atención primaria, el 10,9% del total. Además, la Generalitat cierra una de cada cuatro camas hospitalarias hasta octubre. El recorte por la Generalitat que preside Artur Mas deja fuera de servicio también 34 ambulancias.
- Septiembre. La Generalitat declara que debe ahorrar 77 millones antes de fin de año. Para ello, dejará al mínimo los mayores hospitales públicos durante la semana del puente de la Constitución. La medida se añade al cierre ya ejecutado de ambulatorios, camas y ambulancias y se aplicará al menos un día entre el 5 y el 11 de diciembre.
- Noviembre. Mas anuncia que quiere implantar una tasa por receta médica. Mientras, los hospitales públicos, tras 10 meses de recortes, se han visto forzados a reducir su actividad: las operaciones quirúrgicas han caído entre el 30% y el 40%; la lista de espera ha aumentado el 23% hasta junio.
La mayoría de los españoles cree que el cese de la violencia de ETA no hará que desaparezca
BARÓMETRO DEL CIS
La Sanidad se convierte ya en el cuarto mayor problema de los españoles
La mayoría de los españoles cree que el cese de la violencia de ETA no hará que desaparezca
EL PAÍS Madrid 1 DIC 2011 - 10:31 CET1
La sanidad se ha convertido en el cuarto mayor problema de los españoles, según el barómetro del CIS de noviembre. La preocupación por el sistema público de salud ha experimentado un considerable aumento en los últimos cinco meses. En julio solo inquietaba al 4,3% de los españoles, en el décimo lugar de la lista de preocupación. En noviembre el porcentaje se ha elevado hasta el 7,7%, una décima menos que en el mes anterior pero un puesto por encima.
La tasa de desempleo rozando los cinco millones y la incertidumbre sobre la prima de riesgo contribuyen a que los principales problemas de los españoles continúen siendo, según el último barómetro del CIS de noviembre, el paro (83%) y los problemas de índole económica (48,2%). La clase política y los partidos políticos siguen constituyendo la tercera mayor inquietud de los encuestados, si bien con un 22,6% baja en un punto la valoración respecto del mes de octubre.
Panorama tras el cese de la violencia de ETA
La mayoría de los españoles sintió "alegría y esperanza" al conocer el anuncio del cese definitivo de la lucha armada de ETA", según el CIS. En concreto el 57,5% de los encuestados. No obstante el optimismo parece que termina aquí, porque casi el mismo número, el 57,4% considera poco o nada probable que la banda desaparezca tras el anuncio.
La mayoría de los españoles también es reacia a adoptar medidas favorables a la banda en el caso de que se confirmara el abandono de la violencia. El 42,4% de los consultados se muestra contrario a aproximar a los presos a las cárceles del País Vasco, frente al 22,3% que sí se muestra favorable al acercamiento. El 50,9% tampoco quiere que se otorgue a los reclusos etarras se les otorguen los mismos beneficios penitenciarios que al resto de los presos. Solo un 19,2% se muestra a favor.
Ocho de cada diez encuestados no desea una amnistía general para los etarras encarcelados, los mismos que tampoco aceptarían conceder indultos individuales a los presos con delitos de sangre.
En cuanto a qué otros requisitos deberían cumplir los presos de la banda para recibir algún tipo de beneficio penitenciario el 43,9% de los consultados ve prioritario la petición pública de perdón, el 23,1% que la organización entregue las armas y el 12% que hayan cumplido íntegramente su condena (con lo que no necesitarían de ningún beneficio penitenciario).
El 48,4% de los consultados tampoco se muestra favorable a que se apliquen medidas generosas a los militantes de la banda que se entreguen voluntariamente. El 33,6% las admitiría siempre que no tuvieran pendientes delitos de sangre.
Aunque ETA sigue ocupando uno de los puestos más bajos en la lista de preocupaciones de los españoles, en esta entrega el porcentaje de encuestados inquietos por el terrorismo ha subido cuatro décimas, pasando del 3,3% de octubre -el mínimo histórico- al 3,7%, el mismo dato del CIS de septiembre.
Desde diciembre de 2007 el terrorismo de la banda ha dejado de estar entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Entonces, coincidiendo con el asesinato de dos guardias civiles a manos de la banda en la localidad francesa de Capbreton, ocupó el primer lugar de los problemas de los españoles, citado por el 39,6% de los encuestados. Una tendencia que continúa, con la salvedad de esta última entrega.
En el análisis de las consecuencias políticas del comunicado de ETA, y teniendo en cuenta que la encuesta se realizó antes de las elecciones generales (entre el 2 y el 9 de noviembre), el 57,4% entendió que el anunció tendría poca o nula influencia en los resultados, frente al 31,5% que consideró que influiría mucho o bastante.
Para los encuestados el PSOE sería el partido que más se beneficiaría del cese definitivo de la violencia (el 32,6%), el mismo partido al que se considera con mayor capacidad para gestionar bien el fin de ETA (20,6%) y del que se considera que ha hecho más para acabar con el terrorismo de la banda (31,3% frente al 12,5% que entiende que es el PP).
En cuanto a la posibilidad de legalizar a los partidos abertzales, el 50,7% considera que el comunicado no debería favorecer esa posibilidad.
Cuatro de cada diez consultados considera que a partir de ahora las decisiones relativas al futuro de la banda deberían adoptarse por consenso entre los partidos con representación parlamentaria. Solo uno de cada diez cree que deberían tomarse de manera exclusiva por el Gobierno de España o únicamente entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. Prácticamente el mismo porcentaje de encuestados se muestra en contra (46,3%) y partidario (42,8%) de un diálogo entre Estados español y francés y ETA.
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