29 de julio de 2016

El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell


El Gobierno pide al Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell

La presidenta del Parlamento catalán dice que el Ejecutivo "está coartando la libertad de expresión"

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. ALEJANDRO GARCÍA EFE

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El Gobierno en funciones ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado tras el Consejo de Ministros de que este es uno de los puntos del incidente de ejecución que presentará ante el Constitucional.

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La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el Constitucional deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato.
Forcadell ha considerado, sin embargo, que "sería profundamente antidemocrático" ser inhabilitada a causa de la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron a pesar de que el Constitucional había advertido de que vulneraban la Constitución. La presidenta de la Cámara ha señalado, además, que la decisión del Gobierno central no servirá para resolver la cuestión catalana. "El Gobierno está coartando la libertad de expresión del Parlament y de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy triste", ha dicho en declaraciones a TV3, justo después del anuncio de la vicepresidenta. Según Forcadell, ella se limitó a "hacer lo que tenía que hacer". "No se puede pedir ni a la presidenta del Parlament ni a nadie que renuncie a sus ideas", ha dicho.

El Gobierno ha decidido en el Consejo de Ministros presentar ante el Constitucional un incidente de ejecución para forzar su pronunciamiento contrala resolución del Parlamento de Cataluña que ha aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía unilateral a la independencia. Ese ha sido el encargo a la Abogacía del Estado que estudió y acordó la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, dirigida por Santamaría. La vicepresidenta en funciones justificó esta acción, que ya se ha tomado en otras ocasiones durante la deriva independentista, ante la "contumacia" en la actuación de los representantes del Parlamento catalán contra los intereses y derechos de todos los españoles.

La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.


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