El Gobierno aprueba los cambios en Educación para la Ciudadanía
Es el primer paso del Ejecutivo para eliminar la materia casi completamente del currículo escolar
Mariano Rajoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria, primer paso del Gobierno para eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo del Ministerio de Educación es reformar la ley para eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.
Como eso puede tardar, el Gobierno ha aprobado este viernes el cambio de currículo para que desaparezcan inmediatamente de primaria y secundaria los contenidos que provocaron la oposición de algunos padres que, apoyados por la Conferencia Episcopal, promovieron la objeción de conciencia a esta materia nacida en 2006.
Así, se eliminan, entre otras, las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia —la principal exigencia de los obispos—, por considerarlas “cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico”, dice la nota del Gobierno. Los nuevos temarios hacen más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales y en muchos casos sustituyen contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas.
Andalucía, País Vasco y Cataluña expresaron el pasado mayo su intención de utilizar el margen que tienen las comunidades para completar los currículos escolares —un 35% en el caso andaluz y el 45% en las otras dos— para devolver la materia a su esencia anterior.
El Consejo de Ministros también ha dejado sentenciado el nuevo régimen para tener derecho a asistencia sanitaria pública. A falta de los detalles que pueda llevar el decreto, que este viernes no estaba en el BOE, se consagra que los inmigrantes en situación irregular se quedan sin ella, y para los españoles que nunca hayan cotizado se establece un límite de ingresos de 100.000 euros al año para tener tarjeta sanitaria.
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