Israel se consagra como “Estado nación judío” y
desata la protesta de la minoría árabe por discriminación
La polémica ley
reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación y deja el hebreo
como única lengua oficial
Jerusalén 19
JUL 2018 - 09:40 BRT
Vista
general de la Knesset, en 2016. REUTERS / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
El Parlamento israelí —Knesset— ha aprobado la
madrugada del jueves la controvertida Ley del Estado-Nación, que define oficialmente Israel como el “Estado Nación del pueblo
judío”, reserva el derecho a la autodeterminación a este colectivo y
establece que el hebreo sea la única lengua oficial. Un proyecto abanderado por
la coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tras
aprobar el texto —con 62 diputados a favor y 55 en contra—, aseguró que se
trata de “un momento fundamental en la historia del sionismo”, porque
“establece por ley el principio básico de nuestra existencia“. Los diputados de
la Lista Conjunta Árabe abandonaron el plenario al grito de “apartheid” y uno de ellos, el palestino con nacionalidad
israelí Ayman Odeh, enarboló una bandera negra para simbolizar “la muerte” de
la democracia israelí.
En las filas del partido de Netanyahu, el Likud,
tan sólo se escuchó una voz discordante, la del diputado Benny Begin, quien
advirtió que esta ley podría aumentar las tensiones sociales y alentar el
nacionalismo extremo en Israel. “Es ua ley racista que fomenta el nacionalismo
envilecido”, dijo Shelly Yarcimovich, la laborista líder de la Unión Sionista.
Para Avi Dichter, el parlamentario que propuso la ley en el 2011, su aprobación
es “la respuesta a quienes piensan que la presencia judía en Israel es temporal”.
La ley, tras pasar la semana pasada la primera
lectura en la Cámara, fue objeto de un intenso debate en los últimos días y
negociaciones de última hora para modificarla y lograr que saliera adelante.
Fuentes consultadas en la Knesset aseguran que Netanyahu sacrificó la ley de
subrogación —que iba a permitir a los hombres en Israel tener hijos por ese
método— a cambio del apoyo a la conocida como ley de nacionalidad por parte de
los partidos religiosos judíos.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, el Fiscal
General Avichai Mandelblit y los abogados del Parlamento habían recomendado
modificar el texto y buscar alternativas a la exclusión categórica de
ciudadanos propuesta inicialmente y que abría la puerta al rechazo de
individuos por su condición social, raza, religión, sexo o cualquier otra
característica. La cláusula 7b, que permitía la creación de “comunidades separadas” y que fue
criticada por Rivlin por considerarla "discriminatoria", fue
sustituida por otra redacción que reconoce que "el Estado considera el
desarrollo del establecimiento de los judíos como un valor nacional y actuará
para alentar y promover su establecimiento y su consolidación".
La redacción del nuevo texto no ha estado exenta de
crítica. De hecho, fue aprobado por la mínima —ocho votos a favor y siete
en contra— en la comisión parlamentaria encargada de preparar el borrador para
su aprobación definitiva. Además de recoger en sus principios básicos que
“el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío” reconoce el derecho
de autodeterminación, pero sólo de una parte de la población. “El derecho a
ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del
pueblo judío”, reza la nueva ley.
Esta polémica ley no será una más del ordenamiento
jurídico israelí, sino pasará a formar parte de las llamadas leyes básicas, las
que rigen el sistema legal a modo de Constitución —que Israel no tiene— y que
son más difíciles de derogar una vez aprobadas, modificables solo por otra
norma del mismo rango. Con esta nueva ley, ya son 12 las leyes básicas del
Estado hebreo.
Algunos de los parlamentarios contrarios a su
aprobación inciden en que en el texto no se mencionan ni la palabra democracia,
ni la palabra igualdad, y que además la norma discrimina a las minorías no
judías de Israel. Entre ellas, el casi 20% de población árabe que tiene el
país. “Es un crimen de odio contra las minorías y contra la democracia. Esto es
una etnocracia. Que se considere un valor nacional que los judíos se
establezcan en esta tierra significa que seguirán demoliendo casas árabes y que
no desarrollarán nuestras infraestructuras”, ha asegurado a EL PAÍS Ahmad Tibi,
diputado árabe de la Knesset.
Quienes están en contra de la ley, la consideran
discriminatoria no sólo por arrogar el derecho de autodeterminación solamente a
los judíos, sino porque también reconoce el hebreo como la única lengua oficial
del país y el árabe a un segundo plano al dejar de considerarlo lengua
cooficial del Estado y concederle un “estatus especial”, aún por desarrollar en
una legislación posterior.
En otro punto, la ley recoge que la capital de
Israel es “Jerusalén completa y unida”, algo que contradice los acuerdos
firmados hasta ahora con la Autoridad Nacional Palestina en los que se
contempla que el estatus de la ciudad será acordado por las partes en
negociaciones futuras. “Es una decisión en la línea de la doctrina Trump. No
hay un plan de paz público del presidente norteamericano, pero el traslado de
la embajada a Jerusalén, el recorte de fondos de ayuda a los palestinos y su
falta de crítica hacia los asentamientos refuerzan la política de hechos
consumados de Netanyahu”, asegura Nabil Shaat, asesor en política exterior del
Presidente palestino, Mahmud Abbas. “El mundo puede ver ahora a Israel como es
en realidad, no como una democracia, sino como un sistema de apartheid, primero implantado de facto y ahora de
iure”, añade.
El texto reconoce también como símbolos
del Estado la bandera blanca con dos franjas azules cerca de
los bordes y la estrella de David azul en el centro; el escudo o emblema, la
menorá (candelabro judío) de siete brazos con hojas de olivo en ambos lados y
la palabra Israel debajo, y el himno, Hatikváh (adaptado
de un poema judío, sobre el retorno del pueblo a Israel).
Tras la primera lectura en el Parlamento, miles de
ciudadanos —entre 3.500 y 5.000, según la fuente— se manifestaron en Tel Aviv.
Unas protestas que, según los opositores, se repetirán el próximo fin de
semana.
La ley del Estado Nación es una más de las
polémicas normas patrocinadas por el ejecutivo de Benjamín Netanyahu, aprobadas
contra reloj por el Parlamento hebreo antes del receso veraniego y consideradas
un clavo más en el ataúd de la democracia israelí.
Esta misma semana la Knesset daba luz verde a una
ley que resta competencias al Tribunal Supremo, que ya no se encargará de los
procedimientos legales de los palestinos que litigan —generalmente contra los
colonos judíos— por la posesión de la tierra en Cisjordania. A partir de ahora
este tipo de litigios dependerán de la Corte de Jerusalén, lo que para algunos
expertos es un paso más en el camino de la anexión del territorio palestino
ocupado por Israel en 1967. “Hoy termina el festival de peticiones a la Corte
Suprema por parte de los palestinos y de grupos de izquierda contrarios a
Israel”, dijo la Ministra de Justicia hebrea, Ayelet Shaked, cuando se aprobó
la ley el pasado martes.
La noche anterior, la Knesset aprobó ley conocida
como “Breaking the Silence” —Rompiendo el Silencio, en
inglés—, una normativa por la que se impide a las ONG llevar a cabo charlas en
los centros educativos israelíes que fomenten una visión negativa del Ejército
y que critiquen la ocupación. La norma fue propuesta por el Ministro de
Educación, Naftali Bennet, y en la práctica abre la puerta a la persecución
legal de las organizaciones como Peace Now o Breaking
the Silence(BtS), que habitualmente denuncian abusos cometidos por
Israel en los territorios ocupados palestinos y organizan actividades para
fomentar el debate sobre la ocupación.
En el tintero queda aún por aprobar la llamada “ley mordaza”, un borrador cuyo preámbulo ya ha recibido
el visto bueno de la comisión parlamentaria encargada de su redacción y que
prevé penas de hasta 10 años de cárcel para quienes graben o fotografíen a los
soldados israelíes de servicio.
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