21 de febrero de 2012

PSOE, PP, PNV y CiU pactan la 'hoja de ruta' para gestionar el fin de ETA

PSOE, PP, PNV y CiU pactan la 'hoja de ruta' para gestionar el fin de ETA

Los partidos se oponen a la propuesta parlamentaria de UPyD para ilegalizar Amaiur

Rosa Díez frenará hoy la aprobación del documento, presentado como enmienda a su moción

El PSOE, PP, PNV y CiU han pactado esta mañana un texto común para la gestión del final de ETA, con la pretensión de extenderlo a Izquierda Unida, que ya a transmitido su disposición a sumarse. El texto parte de la constatación del cese definitivo de la violencia de ETA, anunciado por la banda terrorista el 20 de octubre pasado, que ha inaugurado una nueva etapa comprobada, durante estos meses, por las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza. También constituye el primer reconocimiento conjunto de que el final de la violencia de ETA "es la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista".
Los encargados de negociar el documento han sido el socialista Ramón Jáuregui, el popular Leopoldo Barreda, y Aitor Esteban, del PNV, quienes han estado en contacto el ministro del Interior, Jorge Fernández, y el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares. 
El documento exige a ETA que pase del cese definitivo de la violencia a su disolución "definitiva e incondicional", y anima, a su vez, al Ejecutivo, los Gobiernos del País Vasco y Navarra y a las fuerzas políticas democráticas a que contribuyan con unas medidas acordadas al reconocimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo y a la "convivencia social" en Euskadi, una manera eufemística de referirse a la activación de medidas de reinserción de los presos etarras.
Pretenden alcanzar un texto común que constate el inicio de un “tiempo nuevo”
Los socialistas han aprovechado la propuesta parlamentaria que Rosa Díez, de UPyD, presentó el pasado martes de instar al Gobierno del PP para que ilegalice a Amaiur y Bildu, y que esta tarde vota el Congreso, para promover un texto común alternativo con el PP y el resto de los partidos democráticos que no se limite a oponerse a dicha ilegalización. Díez impedirá hoy en el Congreso la aprobación del documento, presentado como enmienda a su moción, informa Fernando Garea. 
Con este documento para constatar la apertura de un tiempo nuevo sin violencia de ETA y que fije las pautas para esa nueva etapa, en la que también se reclama a la banda su disolución.
El PSOE pretende con este texto repetir lo que los partidos democráticos han hecho en otros momentos clave de la lucha antiterrorista, como fueron los pactos de Madrid y de Ajuria Enea, que en 1988 establecieron una primera hoja de ruta política contra ETA, o el acuerdo parlamentario de mayo de 2005, que con la única excepción del PP dio cobertura al proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA de 2006, fracasado finalmente con el atentado de la banda terrorista en la T-4 de Barajas.
Ahora se trata de fijar una guía común para la gestión del final de ETA ya que existe una base para dicho acuerdo entre los principales partidos. Cuando el pasado martes, Rosa Díez, de UPyD, reclamó en el Congreso la ilegalización de Amaiur y Bildu, el ministro del Interior, Jorge Fernández, se opuso y aludió a un tiempo nuevo, algo sobre lo que ya se han pronunciado en distintas declaraciones el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti.
El PSOE está dispuesto a ayudar al Ejecutivo del PP a escenificar ese giro con un acuerdo político al que ya se han sumado PNV y CiU. La cobertura política del acuerdo, que viene reclamando desde hace semanas en Euskadi Antonio Basagoiti, le irá bien al Gobierno del PP para neutralizar las presiones de la derecha más radical y de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, y de posiciones como las de Rosa Díez que se anclan en el inmovilismo en política antiterrorista.
A última hora de ayer no había garantías de que la negociación del acuerdo llegara a buen puerto. El PP, que parte como el PSOE de quela situación de España y el País Vasco atraviesa por una nueva etapa tras el cese definitivo de ETA del 20 de octubre, pretendía introducir algunas cautelas en el texto alternativo al de Rosa Díez que el PSOE no aceptaba y que podían dar al traste con el logro de un texto común.
No obstante, en el caso de que PSOE y PP no hubiesen cerrado el acuerdo, sí se iba a mantener el rechazo de ambos partidos, hoy en el Congreso, a la propuesta de Díez de ilegalizar a la izquierda abertzale. La diferencia hubiese radicado en que cada partido defendería el rechazo con sus propios argumentos. El PSOE ya ha adelantado que no tiene sentido promover la ilegalización de Amaiur y Bildu cuando ya ha cesado la violencia de forma definitiva.

Acuerdo parlamentario sobre la gestión del final de ETA

1.- Constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo por las libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la cooperación internacional, todo lo cual constituye la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA.
2.- Insta al Gobierno a mantener el diálogo con el Gobierno vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas, promoviendo la máxima unidad de acción para:
a) exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional.
b) reforzar el compromiso con las victimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista.
c) favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
3.- Insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos.

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