13 de agosto de 2017
España ignora el ‘año Lutero’
España ignora el ‘año Lutero’
El protestantismo
multiplica sus fieles en Cataluña, Madrid y Andalucía
FOTO:
Los Reyes, con los representantes de las iglesias evangélicas, en una recepción
del mes pasado. / VÍDEO: Encuesta: ¿Sabes qué es el protestantismo?. PACO CAMPOS (EFE) / EPV
En España no se ha culminado la transición religiosa, se
quejan los protestantes. Ponen un ejemplo. Pese a lo proclamado por
la Constitución de 1978 ("Ninguna confesión tendrá carácter estatal",
dice su artículo 16.3), cada vez que se produce un suceso catastrófico, las
autoridades civiles convocan duelos con el nombre de funeral de Estado. Son, en
realidad, vistosas ceremonias en templos de la Iglesia romana, presididas por
un alto prelado de esa confesión, sermón incluido y como único interviniente.
La reacción del resto de las religiones, que agrupan ya a varios
millones de fieles, es siempre la misma: protestar sin acritud ante el Gobierno
de turno. Nunca se les contesta.
"De los últimos 500 años, sólo en 50 ha habido libertad religiosa.
Queremos revertir esa estadística y construir un nuevo escenario con mayor
comprensión, tolerancia y concordia", manifestó el secretario ejecutivo y
representante legal de las Iglesias protestantes, Mariano Blázquez Burgo, en la
audiencia que el rey Felipe VI concedió la semana pasada a la Comisión
Permanente de la Federación de Entidades Religiosas de España (Ferede) y a los
organizadores del Congreso Evangélico con que los protestantes lanzaron la penúltima
semana de julio los actos del 500º aniversario de la Reforma
luterana.
Ni un sello
conmemorativo
España lideró hace 500 años el combate contra Lutero y está en el furgón de cola en la conmemoración del quinto centenario de la
Reforma, en cuyo lanzamiento, la primavera pasada en Suecia,
participó el papa Francisco. "No nos han dado ni un sello conmemorativo,
algo que ha hecho hasta el Estado vaticano", lamenta Pedro Tarquis,
director del diario Protestante Digital. Han
solicitado al Gobierno que declare festivo el 31 de octubre, la fecha en que
Martin Lutero clavó sus famosas tesis en la puerta de la iglesia de Wittemberg
(Alemania). La petición no ha tenido respuesta.
Los mal llamados funerales de Estado son solo un ejemplo de anormalidad
religiosa en un país donde decrecen los fieles católicos y aumentan los de las
otras confesiones. Lo constata la última comparativa de la práctica religiosa
realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En España hay
23.000 lugares de culto católicos, 3.800 evangélicos, 1.500 musulmanes, 33
judíos y tres centenares más pertenecientes a otras confesiones, pero la
práctica religiosa, según el CIS, constata un descenso constante de la fe
católica (el 67,9% de los españoles dicen ser católicos, pero solo el 16,9% va
a misa al menos una vez al mes).
La misma encuesta indica que hay 500.000 cristianos evangélicos que se
congregan habitualmente en sus centros de culto, y otro millón de protestantes
no congregantes; que hay 1,5 millones de musulmanes y que el 27,5% de los
españoles se declaran agnósticos o ateos.
Este mapa de creencias cambia cada mes en el campo del protestantismo.
Según el registro de confesiones abierto en el Ministerio de Justicia, hay
2.436 entidades evangélicas, la última inscrita el día 27 del mes pasado. En
cambio, los organizadores del VIII Congreso Evangélico, también en julio,
concluyeron que el número de sus congregaciones ronda las 4.000 (entre 3.800 y
4.000).
Son cifras que se pueden calificar de espectaculares si se tiene en
cuenta que el protestantismo fue severamente perseguido durante la dictadura
hasta que en 1967 Franco mandó tolerar algunas iglesias no católicas y relajar
las persecuciones del resto, obligado a suavizar su enfermizo
nacionalcatolicismo por mandato del Concilio Vaticano II y las exigencias
de Estados Unidos.
Ocurrió en otoño de 1958. Dos senadores y un alto militar
estadounidenses acuden al palacio del Pardo, en Madrid, para sondear a Franco
sobre sus intenciones ante la visita a España del presidente de Estados Unidos,
el general Dwight D. Eisenhower. ¿Cómo sería recibido, con qué intenciones?
Franco, eufórico, promete liderar en Europa el combate contra la subversión
comunista, aspira a afianzarse como reserva espiritual de Occidente, anuncia el
exterminio de la masonería… Un senador le advierte: "Señor, el presidente
Eisenhower es protestante, yo soy masón y mi colega en el Senado es judío. Los
tres estaríamos en la cárcel en este país". Franco enmudeció.
Semanas más tarde, dio la orden de permitir la apertura de una iglesia
protestante en Madrid y otra en Barcelona. La Junta de Metropolitanos, que es
como se llamaba entonces la Conferencia Episcopal Española, mandó a su admirado
Caudillo un severo comunicado de protesta.
Dos años antes, en 1956, se había constituido de forma clandestina la
Comisión de Defensa de las iglesias evangélicas, para atender a pastores y
fieles encarcelados. El reconocimiento legal hubo de esperar hasta 1967,
acuciada la dictadura por presiones desde el exterior, también del Vaticano. En
ese año se aprueba una tímida ley de libertad religiosa. La primera entidad no
romana en legalizarse fue la Iglesia Reformada presbiteriana de Barcelona (9 de
mayo de 1968), y la segunda, el 17 de junio, la Comunidad Bahá’i. Un año más
tarde había ya 105 inscripciones, casi todas protestantes, pero también de
ortodoxos, mormones, musulmanes y judíos.
En diciembre de 1997 eran 1.600 las congregaciones protestantes
registradas, y 10 años después sumaban 2.600. Las cuentas con motivo del VIII congreso, este julio
pasado, elevan la cifra a casi 4.000. Madrid (+30%) y Cataluña y Andalucía
(+20%) son las regiones en las que se produce un mayor crecimiento de fieles y
lugares de culto. Pese a todo, los protestantes no lograron hasta 1992 un
Acuerdo de Cooperación con el Estado con la Federación de Entidades Religiosas
de España (Ferede) como interlocutor. Es quien coordina sus quejas y alegrías,
y también los diferentes servicios comunes, incluida una potente red de 264 ONG
de acción social agrupadas en Diaconía, que ayudan a más de un millón de personas.
Contabilizándolo en conjunto, las evangélicas son la quinta ONG en España.
A George Borrow, famoso como Jorgito el Inglés,
lo metieron en la cárcel en Madrid en 1838 por vender la Biblia en español, y
al pastor Juan Antonio Monroy, que presidió FEREDE en 1999, le pusieron una
pistola en la frente por negarse a hincar sus rodillas durante la misa de jura
de bandera, a la que fue obligado a asistir como soldado raso. "Te
arrodillas, Monroy, o te mato", gritaba el sargento. La democracia acabó
con esas barbaridades, pero los protestantes insisten en el largo camino que
hay que recorrer todavía para que se pueda proclamar con verdad que en España
se respeta el mandato constitucional de la libertad religiosa y de culto.
Es innegable la hegemonía católica (menor de la que se presume: muchos
dirigentes protestantes o musulmanes engruesan las listas de católicos por
haber sido bautizados de recién nacidos), pero el Estado debe garantizar a las
religiones minoritarias lo que el Estado les prometió en la Constitución:
igualdad de oportunidades y que se remuevan los obstáculos que dificultan su
práctica. "Aunque suene a cosa rara, España no es un país fanático",
escribió Borrow en La Biblia en España, un
éxito de ventas en su época y aún hoy. Su encarcelamiento duró lo que tardó en
llegar de Londres la carta del mismísimo Rey de Inglaterra anunciando que
suspendería un viaje previsto a Madrid si el pastor, anglicano como el monarca,
seguía preso un minuto más.
Perseguidos de muerte muy pronto (Felipe II proclamó que prefería dejar
de ser rey antes que permitir luteranos en su reino; él mismo presidió varias
quemas de herejes), los protestantes cuentan hoy con iglesias en todas las
grandes ciudades y pueblos de más de 5.000 habitantes, con la excepción de 31
poblaciones. Pese a todo, tienen un rosario de peticiones al Estado, por
ejemplo el contar con su propia equis en las declaraciones de la renta (IRPF),
como la Iglesia católica. El Tribunal Supremo debe resolver si ese es un
privilegio exclusivo de los obispos romanos, como tantos otros. Así lo
sentenció hace un año la Audiencia Nacional. También piden que las
administraciones tengan de verdad en cuenta la pluralidad religiosa y cultural.
"En España no tenemos aún tradición de libertad, tolerancia y gestión de
la diversidad en materia religiosa. Muchos Ayuntamientos no muestren la
suficiente sensibilidad al tratar los asuntos que afectan a las confesiones
minoritarias", lamenta Blázquez Burgo, el líder de FEREDE. Entre sus
ejemplos, la extravagancia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz exigiendo una
distancia mínima de 500 metros entre lugares de culto, como si fueran
farmacias, lo que impide que las minorías puedan abrir sus locales, ya que el
templo católico ha llegado siempre primero, con creces. Alcaldes hay que cuando
les llega alguna denuncia por discriminación religiosa, consultan qué hacer al
párroco católico.
Por arriba, los Gobiernos también aprietan incumpliendo incluso
sentencias y leyes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció el 3 de
abril de 2012 que los pastores evangélicos, que no pudieron cotizar antes de
1999 por la realización de su ministerio, prohibido durante décadas, tienen
derecho a pensión de jubilación, como los curas ý los obispos católicos. Se
trata de "una discriminación por motivos religiosos", dice el
Tribunal en su condena a España. El Gobierno no hace caso. Igual discriminación
se produce en la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, donde rara vez
se informa a los padres o alumnos de los derechos que les asisten de recibir
enseñanza de su confesión, o en la celebración de matrimonios civiles en forma
evangélica. Muchas veces, el personal de los registros no está suficientemente
informado o formado, y los hay que faciliten información inexacta, como que en
España solo es posible el matrimonio civil o el canónico.
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