El
Constitucional paraliza la convocatoria del referéndum en Cataluña
El Tribunal advierte a Forcadell y Puigdemont de su
deber de cumplir la ley
FERNANDO J. PÉREZ EL PAIS
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. ALEJANDRO GARCÍA EFE
El pleno del Tribunal Constitucional ha
acordado, por unanimidad y a petición del Gobierno, suspender de manera
cautelar las dos resoluciones aprobadas en octubre en el Parlament con las que se abría la vía a la
celebración de un referéndum de independencia en 2017, pese a las sentencias
contrarias y advertencias previas del propio Tribunal Constitucional.
Además, el Tribunal presidido por Francisco
Pérez de los Cobos, de acuerdo con lo solicitado por el Abogado del Estado,
advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a los
demás miembros de la Mesa, así como al President de la Generalitat, Carles
Puigdemont, y a los miembros del Consejo de Gobierno de su deber de “impedir o
paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión
acordada y les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la
penal, en las que pudieran incurrir”.
El acuerdo del Constitucional, con forma de
providencia, recuerda a Forcadell y Puigdemont su deber de "paralizar”
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Además,
les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las
que pudieran incurrir”.
La Presidenta del Parlamento de Cataluña,
los miembros de la Mesa del Parlamento y el secretario general de la Cámara
autonómica tienen, a partir de ahora, veinte días, para emitir los informes
“acerca de si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación
de la Resolución 306/XI”, han contravenido la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba la declaración independentista
del Parlament del 9 de noviembre del mismo año.
El pasado 19 de octubre, la Fiscalía se
querelló contra Forcadell por permitir, el pasado 27 de julio, la votación sobre
el proceso soberanista pese a la prohibición expresa del Tribunal
Constitucional. El ministerio público reprochó a la presidenta de la Cámara
regional su "total desprecio" a la Constitución de 1978 y la acusó de
usar "torticeramente" la presidencia del Parlament.
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