Los
obispos condenan sin matices la maternidad subrogada
Tampoco aceptan quedarse al margen del pacto
educativo en defensa del catolicismo en las escuelas
José María Gil Tamayo en una rueda de
prensa. JAVIER LIZÓN EFE
El portavoz de los obispos españoles, el
sacerdote José
María Gil Tamayo, bromeó este viernes cuando se le preguntó sobre el descubrimiento de nuevos y lejanos planetas donde podrían hallarse otras vidas, en
contra de lo que sostiene la tradición cristiana. “La Biblia no es un libro de
ciencia”, dijo. Fue menos contemplativo al juzgar desde la doctrina y la moral
católicas el debate de la maternidad subrogada. “Un hijo no es un derecho, ni es un
deseo. Es un don. Los niños y las mujeres no tienen precio. La maternidad subrogada
constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un
objeto de consumo, con una clara mercantilización en todos los casos, sea
mediante dinero o por donación”, proclamó sin dejar ninguna salida al dilema
ético y legal suscitado en la sociedad.
Gil Tamayo añadió: “Hablemos a las cosas por su
nombre, sin eufemismos. Si es vientre de alquiler, es vientre de alquiler; si
es aborto, es aborto, no es interrupción del embarazo. Al margen de
vinculaciones afectivas entre la madre gestante y el niño gestado, será siempre
fruto de una transacción al servicio de un derecho falso, que es el derecho a
tener un hijo. Tanto si se paga el servicio de gestación como si no se hiciera,
contraviene el orden natural de la procreación humana. Se trata de un medio
alternativo que la Iglesia no acepta”.
Los máximos dirigentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), entre ellos todos sus cardenales y
arzobispos hasta sumar la veintena de cargos, se han reunido esta semana con un
objetivo más mundano y económico: preparar su estrategia de combate ante el pacto educativo que intentan fraguar los partidos políticos con representación parlamentaria, del que
los obispos recelan con severidad. Son una potencia educativa (2.600 centros
confesionales, 123.000 trabajadores, 100.000 profesores, casi dos millones de
alumnos y en torno a 30.000 docentes de catolicismo elegidos por los obispos
para cada curso escolar pero a sueldo del Estado con un coste de 500 millones
de euros por curso), pero su tránsito por el sector no es nada pacífico, sobre
todo por su exigencia de que la asignatura confesional se realice en todas las
escuelas, también en las públicas, en las mismas condiciones académicas que,
por ejemplo, las matemáticas.
Gil Tamayo basa las exigencias episcopales en una
supuesta tradición “gloriosa” en el campo de la educación, que los prelados no
están dispuestos a perder bajo ningún concepto. Para ello, han creado una “mesa
eclesial”, presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. “Queremos hacer nuestro
aporte desde la unidad. La Iglesia tiene un peso en la educación que no se
puede ignorar. Queremos estar en el pacto”.
Inmersos con frecuencia en lo que Gil Tamayo
calificó como “patología judicial”, ganando o perdiendo incontables pleitos en
muchas comunidades autónomas porque abundan ya los centros que se niegan a
incluir clases de catolicismo en sus aulas, o reducen los horarios exigidos por
ley, los obispos achacan sus problemas a “instancias ideológicas que deberían
quedarse al margen” y van al pacto educativo, si se les llama (no contemplan lo
contrario), convencido de la razón que les dan los llamados Acuerdos firmados
en Roma en 1976 y 1979 entre España y el Estado vaticano. En su opinión, el
sistema actual, tan criticado por todos los partidos a excepción del PP, ofrece
un “mapa de enorme disparidad, que genera anarquía, dispersión, inseguridad a
los docentes y caos”.
Puesto en lo peor, el portavoz episcopal no niega
que los temas que les interesan sobremanera pudieran quedar fuera del debate y
del futuro pacto. “Si ocurriera
porque no se les considera importantes, no lo aceptaremos. Si quedan fuera
porque se cree que están estabilizados y no se tocan, ese es otro tema. Tenemos
que defender que lo religioso no sea una moneda de cambio”, recalcó.
Esta es la última reunión de la Comisión Permanente
de la CEE. Cuando vuelvan a encontrarse en la Casa de la Iglesia en Madrid será
ya en una asamblea de todos los prelados, convocados a finales de marzo para
renovar todos sus cargos. Pocos dudan que, pese a cumplir ya los 75 años de edad,
el cardenal arzobispo de Valladolid será reelegido para un segundo mandato
consecutivo (antes tuvo otro, que disputó al cardenal Antonio María Rouco, ya jubilado).
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