El
uso de la Corona
El Gobierno debe aumentar la presencia
institucional del Rey en beneficio de todos
Felipe VI recibe al presidente Macri y su esposa, Juliana Awada, en el
Palacio Real junto a la reina Leticia. GETTY IMAGES
El mes próximo, Felipe VI cumplirá mil días
en el trono. 33 meses en los que ha tenido que afrontar importantes retos,
especialmente durante el año en el que el país estuvo sin Gobierno. Llegó a la
jefatura del Estado tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I (un hecho inédito
en la historia reciente de España), con la reputación de la Monarquía bajo
mínimos, el movimiento independentista catalán en plena efervescencia y en
medio del procesamiento de su hermana Cristina de Borbón y su cuñado Iñaki
Urdangarin por diversos delitos en el caso
Nóos.
Ante una situación tan poco favorable optó
por una estrategia conservadora, ciñéndose a las funciones que le marca la
Constitución y evitando cualquier asunto que pudiera poner en tela de juicio su
imparcialidad o el respeto por las instituciones del Estado.
El resultado de su actuación ha sido
positivo en líneas generales, y así lo corroboran las encuestas más recientes.
Sin embargo, como nos ha recordado la sentencia del caso
Nóos, un
asunto que fue decisivo en la decisión de abdicación del anterior Rey y que
sigue afectando a la reputación de la familia real de forma negativa, el
horizonte está lejos de estar despejado.
Pasado este tiempo de rodaje, sería
deseable que Felipe VI intensificara su actuación institucional dentro y fuera
de España. Sin embargo, no es al Rey al que se debe reclamar una mayor
actividad institucional, sino al Gobierno. La Constitución española establece
en sus artículos 56 y 64 que el monarca no tiene responsabilidad sobre sus
actos y que estos actos serán refrendados por el presidente del Gobierno. O, lo
que es lo mismo, que es el Ejecutivo el que le marca la agenda y le controla
sus intervenciones públicas.
No tiene sentido que Mariano Rajoy mantenga
la actividad institucional de Felipe VI en un nivel de tan bajo perfil que
incluso esté poniendo en riesgo de irrelevancia el papel del Rey. España tiene
ante sí muchos y muy graves problemas de índole política y social, y el jefe
del Estado podría ayudar a buscar soluciones con una mayor presencia pública,
manteniendo su imparcialidad, pero ayudando en los procesos de diálogo. El
mandato constitucional, aunque muy tasado, le otorga un margen de maniobra que
debería utilizarse, especialmente en lo referente a Cataluña.
Todo ello, sin olvidar el papel que el Rey
debería jugar en la política exterior y que ha estado muy por debajo de sus
posibilidades en lo que va de mandato. Todavía está reciente la suspensión
incomprensible del importante viaje a Reino Unido en 2016. Juan Carlos I y el
propio Felipe VI han sido durante años los mejores embajadores de España y han
jugado un papel decisivo en la relaciones exteriores, especialmente con los
países de Iberoamérica, donde la entrada de escena de Donald Trump hace aún más
evidente el vacío de liderazgo español y europeo. Es absurdo desaprovechar la
capacidad del Monarca en este y otros terrenos. La Jefatura del Estado, como
las demás instituciones, puede y debe ser útil.
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