El presidente de la Conferencia Espiscopal Ricardo Blázquez.Bernardo Pérez
Uno de cada tres españoles marca la casilla de la Iglesia católica cuando hace la declaración de la renta.
Con ese gesto, envía el 0,7% del impuesto a las arcas de la Conferencia
Episcopal, que distribuye los aproximadamente 250 millones anuales que
supone esta aportación. Una cantidad que no se detrae de lo que pagan
esos ciudadanos concretos, sino de todos, sean católicos o no.
¿A qué se destina esa asignación directa del IRPF?
Básicamente, y en contra de la creencia común de que en su mayor parte
va a Cáritas y otras organizaciones católicas de fines sociales, a
sostener su estructura, el culto y el clero. Cerca del 80% se envía a
las diócesis “para su sostenimiento”. El resto se emplea en pagar la
seguridad social de sacerdotes y religiosos, en retribuir a los obispos,
alimentar el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y financiar las facultades eclesiásticas, entre otros.
Pero hay partidas menos específicas, como “actividades pastorales
nacionales” (7,7 millones), que funcionan como cajones de sastre y de
las que apenas se sabe nada porque la CEE solo publica un escueto
desglose anual. De allí no solo salen los seis millones de la televisión
13TV, sino también partidas destinadas a pagar reformas de edificios,
campañas contra el aborto (162.522 euros) y beatificaciones (100.000
euros), según ha comprobado EL PAÍS, que ha accedido a las cuentas de
2013, las últimas sobre las que ha rendido cuentas la Iglesia.
Cuando en 2006 el Gobierno y los obispos pactaron el sistema de financiación actual,
que incrementó un 37% la asignación tributaria (del 0,52% al 0,7%),
acordaron también que esta presentaría una memoria justificativa de sus
gastos. La CEE hace públicas las grandes cifras, pero no el documento
técnico que envía al Ministerio de Hacienda, con dos años de retraso,
para especificarle en qué emplea el dinero de la equis católica.
Tres de las religiones de “notorio arraigo” en España –musulmanes,
judíos y protestantes; las otras son los testigos de Jehová, budistas y
los mormones– se repartieron 1,2 millones de euros en
subvenciones a proyectos educativos, culturales y de integración social
en 2013, con la condición de que no las destinaran a salarios de
clérigos ni a actividades de culto. La católica es la única confesión
que recibe directamente del Estado fondos para culto y mantenimiento del
clero. Hasta 2006 también recibía una dotación presupuestaria, que
desapareció al aumentar el porcentaje del IRPF.
Las únicas casillas que se pueden marcar son la de la Iglesia
católica y la de otros fines de interés social. Las otras grandes
confesiones llevan años pidiendo tener su propia casilla, sin éxito. La
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) lo llevó a los tribunales, pero la Audiencia Nacional tumbó su petición el año pasado.
Los 250 millones del IRPF son solo una pequeña parte del dinero
público que las distintas administraciones destinan a financiar a la
Iglesia católica en España. A esa cantidad hay que sumar las
subvenciones que recibe de ministerios, comunidades autónomas y
ayuntamientos, las exenciones y bonificaciones tributarias que aún
conserva, como el IBI, los conciertos educativos (posee 2.601 colegios) y
sociosanitarios (es propietaria de 68 hospitales y 801 asilos) y el
mantenimiento que hacen las instituciones del patrimonio que posee la
Iglesia.
Según un cálculo reciente de Europa Laica,
el Estado aporta, a través de subvenciones directas o indirectas y
exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales a la
Iglesia católica. Esta organización asegura que disfruta de un
“verdadero paraíso fiscal” y denuncia que sus cuentas son “totalmente
opacas”. Europa Laica
rechaza también la casilla de fines sociales porque, dice, “la acción
social la debe atender el Estado como derecho, no como caridad”.
Estas son algunas de las actividades que financian los obispos con el
IRPF de los ciudadanos, según las cuentas consultadas por este diario:
Campaña por la vida
La Conferencia Episcopal destinó 162.522 euros a financiar una
campaña contra el aborto titulada ‘Campaña por la vida’. Con el lema Este soy yo… humano desde el principio,
incluyó carteles, 1.300 vallas publicitarias por toda España y un vídeo
para Internet y redes sociales. “Debemos reiterar que la actual
legislación española sobre el aborto es gravemente injusta”, dijeron los obispos cuando la presentaron.
Ese concepto se incluyó bajo la partida genérica Actividades
pastorales nacionales, que la CEE ni siquiera desglosa en el documento
técnico que entrega al Gobierno. Hay una veintena de gastos incluidos.
Como una aportación al Tribunal de la Rota (268.000 euros), donde se
juzgan conflictos eclesiásticos; la peregrinación a Roma de familias
(5.690 euros); las obras en el Colegio Español de Roma (543.040 euros),
que no es un centro educativo sino una residencia para religiosos; obras
de mejora en la sede de la CEE en Madrid (105.711 euros), en una
residencia sacerdotal (296.114 euros); o una subvención para traducir
las obras completas de Joseph Ratzinger (4.167 euros).
El IVA de las obras
Casi 4,9 millones de euros de la asignación tributaria se destinaron a
compensar a las diócesis por la exención del IVA que dejaron de
disfrutar en 2007. En aquel año el Estado empezó a reclamar a la Iglesia
católica que pagara este impuesto. En realidad, se trató de una
exigencia de la Unión Europea, que en diciembre de 2005 emitió un dictamen amenazando al Gobierno con llevarlo al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si España seguía saltándose el derecho comunitario.
Desde entonces, las diócesis envían un informe a la Conferencia
Episcopal, consultado por EL PAÍS, en el que detallan todas las obras
ejecutadas y en el que calculan el 50% del IVA de las nuevas
construcciones y el 25% de las rehabilitaciones. Esas cantidades se las
devuelve la Conferencia con parte del dinero de la equis católica.
La diócesis que recibió la mayor compensación en 2013 fue Madrid, con
más de 870.000 euros. Ese año hizo obras por valor de 15,4 millones de
euros, como la construcción de una parroquia, Beata Teresa de Calcuta,
en el barrio de Vicálvaro, que costó 3,1 millones. La obra más cara fue
la rehabilitación de la residencia sacerdotal San Pedro, en el centro
de Madrid, que costó cuatro millones de euros.
Autopromoción
Casi cuatro millones de euros de los impuestos de los españoles
fueron a parar a las campañas de publicidad para la financiación de la
Iglesia, es decir, a los anuncios en prensa, radio y televisión para
pedir a los ciudadanos que marcaran la equis en el IRPF. Los anuncios en
la televisión se llevaron el 70% del presupuesto. Una parte de esa
partida también va a promocionar el día de la iglesia diocesana, en el que las parroquias piden a los fieles que hagan donativos para financiar su actividad pastoral.
“Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social.
Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno
de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor ayudando
al necesitado y anunciando el evangelio. No te costará más; no te
devolverán menos. Programa x tantos.” Así se promocionó la iglesia en
una cuña radiofónica en 2013. Apelaba a la labor caritativa, pese a que
la asignación tributaria apenas dedica el 2,5% de los 250 millones a
esta actividad.
Lo mismo para 13TV que para Cáritas
La aportación a la cadena de la Conferencia Episcopal, 13TV, procede
también de la partida Actividades pastorales nacionales. Seis millones
de euros, el 80% del total de ese capítulo (7,7 millones de euros), va a
parar a esta televisión, que tiene una audiencia del 2,4% (dato de
febrero de 2016) y unas pérdidas anuales que rondan los 12 millones de
euros, según las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil.
Exactamente la misma cantidad que se destina a 13TV, seis millones de
euros, es la que llega a Cáritas. Se trata de una aportación muy
reciente. Hasta 2010, la Conferencia Episcopal no destinaba ninguna
partida procedente del IRPF a la organización oficial de la Iglesia
Católica en España para la acción caritativa y social. Desde entonces ha
ido aumentando: en 2011 eran cuatro millones; en 2012, cinco.
Pese a que solo el 3% de todo el presupuesto que maneja esta ONG
procede de esta partida, en el documento técnico que la Iglesia envía
al Gobierno para justificar a qué destina el dinero del IRPF se detalla
su actividad. La Conferencia Episcopal también apela en sus anuncios
cada año al trabajo de Cáritas para pedir apoyo económico a los fieles a
través de la casilla de la Iglesia. Lo cierto es que no se nutre de
esta casilla, como muestran los datos, sino de la de fines sociales, que
en 2013 aportó 20,6 millones a esta organización.
“Esta aportación existe solo a partir de la crisis económica. Los
obispos deciden hacer un gesto y destinar una cantidad de su dinero
ordinario. También lo hacen para animar a los católicos a contribuir”,
explica Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal. “Y hay que recordar que Cáritas
está en la parroquia y que por tanto se nutre también del envío de
fondos a las diócesis para su sostenimiento”, añade. La mayoría de las
sedes de Cáritas las gestionan los párrocos y la luz, agua y otros
gastos corren a cargo del obispado. investigacion@elpais.es
10.000 folios en papel
La información que la Conferencia Episcopal hace pública en su página
web acerca de cómo gasta la asignación tributaria es escasa: apenas
desglosa los conceptos e incluye información irrelevante –porque no se
paga con los 250 millones procedentes del IRPF sino con otras
subvenciones públicas-- sobre actividad educativa, penitenciaria,
sanitaria o caritativa. El País solicitó a través del Portal de
Transparencia acceder al documento técnico que los obispos envían al
Gobierno. La respuesta fue afirmativa, pero con trabas. “Dada la
envergadura de la información […], varios tomos en formato papel que
pueden suponer unas 10.000 páginas”, la única manera era consultar los
documentos en una oficina del Ministerio de Justicia. Los tomos, como en
el caso del resumen público, incluyen centenares de páginas de datos
que no se corresponden con el objeto de la justificación. Ni siquiera al
Gobierno se le envía un desglose detallado de los gastos. Para
obtenerlo fue necesario acudir a la Conferencia Episcopal. “Somos
conscientes de que la Iglesia católica no ha rendido cuentas tanto como
otras instituciones. Probablemente podríamos ser más transparentes”,
reconoce Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal, que añade que la CEE está
dispuesta a acabar con la tradicional opacidad de sus cuentas.
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