LA DICTADURA DE PRIMO DE
RIVERA
El rey Alfonso XIII junto al
general Miguel Primo
de Rivera (derecha) después de su nombramiento como Jefe del Gobierno y Presidente
del Directorio militar.
La dictadura
de Primo de Rivera fue el régimen
político que hubo en España desde el golpe de
Estado del capitán
general de Cataluña, Miguel Primo
de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de éste el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la «dictablanda» del general Berenguer.
Índice
- 1 Antecedentes
- 2 El golpe de Estado
- 3 La «Dictadura con rey»
- 4 El Directorio militar
(1923-1925)
- 4.1 El restablecimiento de la
«paz social»
- 4.2 El «descuaje del
caciquismo»
- 4.3 La Unión Patriótica: un
partido «apolítico»
- 4.4 El reforzamiento del
nacionalismo español y la lucha contra el «separatismo»
- 4.5 La pacificación de
Marruecos
- 5 El Directorio civil
(1925-1930)
- 5.1 El nacimiento del
Directorio civil
- 5.2 La fracasada
institucionalización del régimen
- 5.2.1
La Organización Corporativa Nacional (OCN)
- 5.2.2
La Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de nueva Constitución
- 5.3 La política exterior
- 5.4 La política económica
- 6 La caída de la Dictadura
- 7 Responsabilidades
- 8 Notas
- 9 Referencias
- 10 Bibliografía
- 11 Véase también
- 12 Enlaces externos
Antecedentes[editar]
Desde el desastre del
98 se produjo
en España una creciente interferencia del Ejército en la vida política. Dos
momentos claves de esta actitud pretoriana del
Ejército fueron la crisis del Cu-Cut! de 1905 –el
asalto por oficiales de la guarnición de Barcelona de la redacción y los
talleres de esta publicación satírica nacionalista catalana, y también los del
periódico La Veu de
Catalunya, en respuesta a una viñeta satírica sobre los militares- y que condujo a
la Ley de
Jurisdicciones de 1906, y la crisis
española de 1917 en la que cobraron un especial protagonismo las
autodenominadas Juntas de Defensa, integradas
exclusivamente por militares.1
Durante ese
periodo, a los intentos regeneracionistas fracasados de Silvela, le siguió
la intentona de hacer una “reforma desde arriba” del conservador Maura, que tuvo
que dimitir tras los sucesos la Semana
Trágica de Barcelona en 1909. Posteriormente Canalejas intentó un
programa reformista liberal, que tampoco logró resolver los problemas
estructurales.
En este
clima, los partidos tradicionales de la Restauración fueron debilitándose
mientras fue creciendo la implantación de los partidos republicanos y de las organizaciones
obreras (CNT, PSOE-UGT). La Primera
Guerra Mundial trajo un periodo de pujanza económica gracias al auge
de exportaciones a los países combatientes, pero supuso también un
desabastecimiento interno y un alza de precios amén de no traer las inversiones
que eran necesarias, por lo que las condiciones económicas de buena parte de la
población no mejoraron. En cambio, la Revolución
rusa sí causó un
hondo efecto, convirtiéndose en referente del movimiento obrero revolucionario
y alarmando a la burguesía. El final de la guerra acabó con la pujanza
económica y, gracias al auge nacionalista en el Tratado de Versalles, motivó a los nacionalismos peninsulares. Además la
dictadura militar de Horty en Hungría y el triunfo de Mussolini y los camisas
negras en Italia impulsaron a Primo de Rivera.
Las décadas
de 1910 y 1920 vieron cómo la crisis se acentuaba.
La guerra en
Marruecos era altamente impopular. Éste sin embargo se hallaba dividido por el
sistema de ascensos entre los africanistas que defendían los méritos de guerra
y los que preferían la antigüedad. Esto desembocó en una crisis interna, en la
que se formaron juntas de defensa. Sin embargo, el ejército fue determinante en
el fracaso de la huelga
general de 1917. Con el paso del tiempo, la suspensión de garantías
constitucionales y el estado de excepción se fueron haciendo normales como
forma de combatir el pistolerismo.
En 1921, el líder rifeño Abd-el-Krim derrotó al
ejército español en Annual, en lo que
fue un duro revés al dominio español de Marruecos. El "desastre de
Annual"
motivó una comisión investigadora parlamentaria y la redacción de un informe (Expediente
Picasso) sobre la situación del ejército en Marruecos y las
responsabilidades de la derrota que se convirtió en una dura crítica al régimen
político y que llegaban hasta el rey.
El golpe de Estado[editar]
El Manifiesto de Primo de Rivera
AL PAÍS Y AL EJÉRCITO.
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin, poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por España y por el Rey. Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. ¡Españoles!¡Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad, rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbres ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades, y… por último, seamos justos, un solo tanto a favor del Gobierno de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del juego. No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio, para la que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para e!!o y en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional, encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios y laboriosos que puedan constituir Ministerio a nuestra amparo, pero en plena dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey por si se digna aceptarlos.[...] |
El 13 de
septiembre de 1923 el capitán
general de Cataluña, Miguel Primo
de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado. La reunión
prevista de las Cortes Generales para fechas
inmediatamente posteriores con el objetivo de analizar el problema de
Marruecos y el papel del ejército en la contienda pudieron constituir el detonante
último de la sublevación. A esta situación se unió la crisis del sistema
monárquico en el que los partidos del turno fueron incapaces de afrontar un
régimen democrático pleno. El 14 de septiembre, el
gobierno legítimo pidió al rey la destitución inmediata de los generales
sublevados, y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el
monarca no apoyó la medida y el gobierno tuvo que dimitir. Poco después Alfonso XIII nombró a
Primo de Rivera Presidente
del Gobierno. En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de "los
profesionales de la política".
Se creó un Directorio
Militar con ocho generales de brigada del Ejército y un contralmirante. Se
suspendió la Constitución, se
disolvieron los ayuntamientos, se
prohibieron los partidos
políticos, se crearon los Somatenes como milicias
urbanas y se declaró el estado de guerra.
La «Dictadura con rey»[editar]
La expresión
"dictadura con rey" ha sido acuñada por el historiador Santos Juliá (que
también utiliza el término "dictadura militar de real orden").2 Obedece al hecho de que la suerte final del golpe
militar la decidió el rey Alfonso XIII al no respaldar al gobierno y ceder el
poder a Primo de Rivera, lo mismo que había hecho un año antes el rey de Italia
Víctor
Manuel III que se negó a firmar el decreto que declaraba el estado de emergencia para
impedir que la "marcha sobre Roma" de
los fascistas triunfara, y que al día siguiente nombró a Mussolini, jefe del
gobierno. No es casualidad que poco después de instaurarse la Dictadura,
Alfonso XIII le dijera a Víctor Manuel III en el curso de una visita oficial a Italia: ya tengo
"mi Mussolini".3 Por su parte Primo de Rivera admiraba a Mussolini, al
que consideraba el apóstol de la campaña dirigida contra la corrupción y la
anarquía. Según la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "el
aumento de las dificultades y la propia consolidación del régimen dictatorial
le llevaron [a Primo de Rivera] a aproximarse algo más al fascismo, pero
siempre con indecisión, de manera tímida".4
A partir de
la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya
no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva
fórmula política de "dictadura con rey", que se iba a difundir más
tarde por otras monarquías europeas. Que Alfonso XIII ya no era un monarca
constitucional, lo pudieran comprobar los presidentes del Senado, conde de
Romanones, y del Congreso de Diputados, Melquiades
Álvarez, cuando pasados tres meses del golpe le recordaron al rey que la Constitución
de 1876 le obligaba a convocar elecciones (cosa que el rey no hizo). Fueron
fulminantemente destituidos mediante un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado
por el Rey.5 Primo de Rivera lo justificó así:6
El país no se impresiona ya con películas de esencias
liberales y democráticas; quiere orden, trabajo y economía.
En principio
la Dictadura iba a ser un régimen temporal —Primo de Rivera dijo que su
propósito era permanecer sólo noventa días tiempo suficiente para regenerar
el país—, pero duró seis años y cuatro meses.7 8
Fases de la dictadura[editar]
El 14 de
septiembre de 1923 se declaró
el estado de
guerra, que
duraría hasta el 16 de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba
el real decreto que
establecía un Directorio militar que asumía todas las funciones del poder
ejecutivo. Primo de Rivera se convertía en jefe de Gobierno y único ministro. El
resto del directorio estaba compuesto por un general de brigada
de cada capitanía
general, más el marqués de Magaz, Antonio Magaz
y Pers (contralmirante), en
representación la Armada. Los generales que integraban el Directorio fueron: Adolfo Vallespinosa Vior (I Región
Militar), general de Artillería Luis Hermosa y Kith (II Región
Militar), Luis Navarro y Alonso de Celada (III Región
Militar), Dalmiro Rodríguez Pedré (IV Región
Militar), Antonio Mayandía y Gómez (V Región
Militar), el general Francisco Gómez-Jordana y Souza (VI Región
Militar), Francisco Ruiz del Portal (VII Región
Militar) y Mario Muslera y Planes (VIII Región
Militar).
Las primeras
decisiones del dictador marcaron el rumbo de cómo se iba a gobernar. A la
disolución de las Cortes se unió el día 18 de septiembre un decreto
que prohibía el uso de otra lengua que no fuera el castellano, ni de símbolos
como banderas vascas o catalanas. La Mancomunidad de Cataluña fue intervenida con el nombramiento del conservador Alfons Sala y se
disolvieron las Diputaciones Provinciales. Del mismo modo se restringieron las
libertades políticas, se anuló el sistema de representación, se suspendieron
las garantías constitucionales y se censuraron las publicaciones de la prensa.
El 3 de diciembre de 1925 se restableció el cargo de
Presidente del Consejo de Ministros y se estableció lo que se conoce como Directorio
civil, con hombres que no provenían del antiguo sistema de partidos, entre
los que se encontraban José Calvo
Sotelo como
ministro de Hacienda, Galo Ponte y
Escartín como ministro de Gracia y Justicia y Eduardo Callejo de la Cuesta como ministro de Instrucción
Pública, entre otros. No obstante, la Constitución permaneció suspendida.
Contexto internacional[editar]
Los sistemas
democráticos se tambaleaban también en Europa. El fascismo se implanta
en Italia en 1922, se funda en Alemania el NSDAP y los
regímenes autoritarios alcanzan a Portugal y Polonia. Primo de
Rivera se reunirá con Benito Mussolini, a quien
elogiará diciendo que era "el apóstol de la campaña contra la anarquía
y la corrupción política", recogiendo con agrado una parte importante
del sistema corporativista que se
estaba implantando en Italia y que
pretendió importar a España. La
explosión del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista, muy crítico
con los sistemas democráticos débiles y acomodados, unido a una rápida
extensión en toda Europa de las
ideas emergentes de los socialistas con amplio
apoyo de las masas populares, influyó en la reacción habida en España.
El Directorio militar (1923-1925)[editar]
El restablecimiento de la «paz social»[editar]
La primera
medida que tomó el Directorio fue la destitución de las autoridades
provinciales y locales (gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de las
diputaciones) que fueron sustituidas por militares, cuya primera misión fue el
restablecimiento del orden público por el método expeditivo de declarar el estado de
guerra, lo que
suponía la suspensión de las garantías constitucionales (como la inviolabilidad
del domicilio, la libertad de reunión y asociación, etc.) y la atribución a la
jurisdicción militar de los "delitos políticos" (incluidos el de
ostentar banderas no nacionales o utilizar en actos oficiales lenguas no
castellanas) y buena parte de los delitos comunes.5 Otra de las primeras decisiones del Directorio
también tuvo que ver con el orden público: mediante un decreto de 17 de
septiembre, se extendió la institución catalana del Somatén a todas las
provincias de España.9
La
declaración del estado de guerra condujo a que se restableciera la "paz
social". Desapareció casi por completo el pistolerismo (sólo se
registraron 51 atentados entre 1923 y 1928, frente a los 1.259 de 1919 a 1923)
y se redujo el número de huelgas, a lo que contribuyó también el crecimiento
económico que se vivió en los "felices años
veinte".10
La política
seguida por la Dictadura con las dos grandes organizaciones obreras fue muy
distinta. Primo de Rivera intentó atraerse a los socialistas, provocando una
división en su seno entre los partidarios de la colaboración con la Dictadura,
encabezados por Julián
Besteiro, Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, y los
contrarios, liderados por Indalecio Prieto y Fernando de
los Ríos. Ganó la postura de los primeros y los socialistas se integraron en el Consejo de Trabajo como consecuencia de la absorción
por este nuevo organismo del Instituto de Reformas Sociales, e incluso
Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado, lo que provocó la dimisión de Prieto de la ejecutiva
del PSOE.10 En cambio, la política de la Dictadura respecto de la
CNT fue la represión, por lo que la organización anarquista pasó a la
clandestinidad.11
El «descuaje del caciquismo»[editar]
Primo de
Rivera se consideró a sí mismo el «cirujano de
hierro» que debía
lograr el «descuaje del caciquismo» del que
había hablado Joaquín Costa a
principios de siglo.12 Así, además del restablecimiento de la "paz
social", el otro objetivo asignado a las nuevas autoridades militares
provinciales y locales fue "regenerar" la vida pública poniendo fin a
las redes caciquiles, una vez que la "oligarquía" de los políticos
del turno ya había sido desalojada del poder. Los nuevos gobernadores civiles,
todos ellos militares, fueron encargados de investigar los casos de corrupción,
admitiéndose al principio las denuncias anónimas, y para auxiliar a los
gobernadores se nombraron en cada Partido judicial delegados gubernativos, también militares –más de
ochocientas corporaciones locales fueron investigadas y se incoaron más de cien
expedientes por haberse detectado irregularidades en ellas-.13
Sin embargo,
en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue "poco
efectiva" porque entre ellos "también se dieron casos de
corrupción" "e incluso algunos se convirtieron en auténticos
caciques".14 En realidad, "la razón fundamental de la crisis
del caciquismo durante el período de la Dictadura fue la marginación del poder
durante tanto tiempo de los partidos del turno", aunque muchos caciques
encontraron refugio en el partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica.15
La reforma
política a nivel local culminó con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, impulsado por el entonces director general de
Administración Local, el antiguo maurista José Calvo
Sotelo. En el
preámbulo del Estatuto se decía que el Estado para ser democrático ha de
apoyarse en municipios libres, pero los alcaldes siguieron siendo
designados por el Gobierno, y no elegidos por los vecinos.12
Otro paso en
el "descuaje del caciquismo" fue la disolución de las diputaciones
provinciales en enero de 1924, a excepción de las del País Vasco y de Navarra.
Los gobernadores civiles quedaron encargados de nombrar a sus nuevos miembros
entre profesionales liberales y empresarios, lo que provocó la desafección de
los miembros de la Lliga
Regionalista encabezados por Josep Puig i
Cadafalch, quien en un principio había creído en la buena voluntad regionalista de
Primo de Rivera, ya que los designados para las cuatro diputaciones catalanas,
como en los ayuntamientos, fueron españolistas, procedentes en su
mayoría de la Unión Monárquica Nacional.9
La Unión Patriótica: un partido «apolítico»[editar]
A principios
de 1924, comenzó a fraguarse la idea de que no era suficiente para «regenerar»
el país poner fin a la «oligarquía» y «descuajar el caciquismo», sino que también
era necesaria una «política nueva», que se apoyara en «gentes de ideas sanas» y
los hombres «de buena fe» que formarían un «partido político, pero apolítico,
que ejerce una acción político-administrativa».12 Una fuerza política, que no definiera los objetivos
ni las políticas a aplicar, sino que se hiciera cargo de la administración del
Estado llevando a la práctica el lema regeneracionista de «menos política, más
administración».3
Así es como
nació en abril de 1924 la Unión Patriótica, aunque las primeras "uniones patrióticas"
habían surgido de manera espontánea en los círculos del catolicismo
político. Primo de Rivera definió la Unión Patriótica como «un partido central,
monárquico, templado y serenamente democrático» y más adelante lo dotó de un trilema, al modo carlista: «Patria,
Religión y Monarquía».nota 1 Uno de sus ideólogos, el escritor José María
Pemán, se
preocupó de diferenciarlo del fascismo y afirmó
que el Estado que defendía la Unión Patriótica era el "tradicional
socialcristiano", y que además renegaba del sufragio
universal que consideraba "un gran error".17 En el partido se integraron personas procedentes de
la derecha tradicional católica (antiliberal y antidemocrática), del
"maurismo" y de otros sectores conservadores, "apolíticos"
de todo tipo y también simples oportunistas.18
La Unión
Patriótica fue un partido «organizado desde el poder y por el poder» (como lo
reconoció José Calvo Sotelo),15 y para su constitución el dictador echó mano de una
formación política en gestación que venía del mundo católico antiliberal y
antidemocrático no carlista, más concretamente del vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que
encabezaba Ángel
Herrera Oria, y que precisamente había sido la organización que había impulsado las
primeras "uniones patrióticas" con el fin de constituir el gran
partido de la derecha católica.3
La base de
la Unión Patriótica fue fundamentalmente local y provincial, y la Junta
Directiva Nacional creada en 1926 nunca tuvo unas funciones muy precisas. Más
importante como aglutinante del partido fue el papel del diario La Nación, el órgano
de prensa de la Unión Patriótica sostenido con fondos de la Administración.19
Por otro
lado, la eficacia de la Unión Patriótica en el «descuaje del caciquismo» fue en
realidad reducida, porque "incorporó en sus filas a muchos antiguos
caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos", como en el caso de
la provincia de Cádiz, cuna de Primo de Rivera, "donde la práctica
totalidad de los caciques tradicionales se integraron en la Unión
Patriótica".17
El reforzamiento del nacionalismo español y la lucha
contra el «separatismo»[editar]
En el Manifiesto
del 13 de septiembre se hacía referencia a la descarada propaganda
separatista como una de las justificaciones del golpe. Cinco días después
el Directorio promulgaba el Decreto de 18 de septiembre de 1923 contra el
«separatismo», que castigaba con severas penas los «delitos contra la seguridad
y la unidad de la Patria», juzgados por tribunales militares. Así pues, la
Dictadura se decantó desde el primer momento por "un nacionalismo español
autoritario y beligerante. Los símbolos y las entidades afines a los otros
nacionalismos fueron perseguidos. La censura redujo a la mínima expresión no
sólo la prensa democrática y obrera, sino también las publicaciones en otras
lenguas. Las actividades políticas fueran severamente limitadas y, en general,
nacionalismos subestatales y regionalismos entraron en un forzado eclipse, que
duraría hasta 1929".20
En Cataluña,
pronto se hizo patente la equivocación de la Lliga
Regionalista de apoyar el golpe de Primo de Rivera, ya que este llevó a cabo
inmediatamente una política de persecución del catalanismo. Entre
otras medidas se prohibió el catalán en los actos oficiales, se intentó
suprimir el uso de catalán en los sermones y en las ceremonias religiosas, se
impuso el castellano como única lengua administrativa, se castellanizaron y
cambiaron los topónimos catalanes, se boicotearon los Jocs Florals (que
hubieron de celebrarse en el exterior), se prohibió izar la bandera catalana,
se limitó el baile de sardanas, se persiguió a instituciones profesionales,
sindicales y deportivas simplemente por usar el catalán, etc.21 Esta política generó numerosos conflictos con
diversas instituciones catalanas y entidades catalanistas que se resistían a
aceptarla, y muchas de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o
definitivamente. Fue el caso, por ejemplo, de algunos locales de la Lliga
Regionalista que fueron cerrados y el de su periódico La Veu de
Catalunya que fue suspendido temporalmente.21
En enero de
1924 Primo de Rivera se reunió en Barcelona con algunos dirigentes políticos
catalanes pero sólo consiguió el apoyo de la españolista Unión Monárquica Nacional, cuyo líder Alfonso Sala
Argemí pasó a
presidir la Mancomunitat tras la dimisión de Puig i Cadafalch. Sin
embargo, Sala acabó enfrentándose a las autoridades militares de Cataluña y
protestando por carta a Primo de Rivera. Así cuando en marzo de 1925 se aprobó
el Estatuto Provincial, que en la práctica prohibía la Mancomunitat, Sala
dimitió.22
Tras la
desaparición de la Mancomunitat, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la
cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña fueron
creciendo en virulencia, manifestándose totalmente contrario a cualquier tipo
de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo
de Llano, "Primo de Rivera ofendió no sólo a grupos políticos sino a la
totalidad de la sociedad catalana".21 Así se fue produciendo un distanciamiento cada vez
mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando progresivamente los conflictos.
Acció
Catalana llevó el "caso catalán" a la Sociedad de
Naciones y Francesc Macià, un antiguo
militar fundador de Estat Catalá, se
convirtió en el símbolo de la resistencia de Cataluña a la Dictadura.21
La pacificación de Marruecos[editar]
Respecto al
"problema de
Marruecos" el general Primo de Rivera siempre había manifestado una postura
"abandonista",21 así que ordenó el repliegue de las tropas a la franja
litoral del Protectorado español de Marruecos, con el
consiguiente malestar del sector "africanista" del
Ejército. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Francisco Franco, que
escribió varios artículos en la Revista de Tropas Coloniales en defensa
del colonialismo español. Una de las razones de fondo de la oposición al
"abandono" de Marruecos estribaba en que el repliegue suponía el
final de los rápidos ascensos por "méritos de guerra", lo que había
permitido a los oficiales destinados en África ascender más rápidamente que los
que estaban en las guarniciones peninsulares. Era el caso del propio teniente
coronel Franco, que cuando se graduó solicitó destino en el Ejército de África
(en los "regulares",
primero en Melilla y después en Ceuta), y en sólo cinco años (de 1912 a 1917)
ascendió de teniente a comandante por "méritos de guerra". Cuando el
teniente coronel Millán Astray organizó en 1920 la Legión
Extranjera (siguiendo el modelo francés), nombró al comandante Franco al frente de
uno de sus batallones. En 1922, Franco publicó Marruecos, diario de una
Bandera, donde contó su experiencia en la Legión. Ese mismo año los medios
conservadores, como el diario ABC, lo
pusieran como ejemplo de "soldado" ante la campaña antimilitarista que se
desató tras el "desastre de
Annual". En
1923 ocupaba la jefatura de la Legión y era ascendido a teniente coronel.
Cuando, finalmente, Primo de Rivera se decidió a reanudar la guerra de
Marruecos, el teniente coronel Franco, como otros oficiales
"africanistas", cambió su actitud y se hizo acérrimo partidario de la
Dictadura. El teniente coronel Franco ascendió en sólo tres años a coronel y de
coronel a general. Tenía 33 años de edad. Si no hubiera habido guerra aún seria
capitán, afirma El historiador Gabriel Cardona.23
En marzo de
1924 Primo de Rivera mandó retirar las tropas de la zona de Yebala y Xauen, lo que
permitiría acortar las líneas. Sin embargo, el repliegue se efectuó en
condiciones climatológicas deficientes. Esto fue aprovechado por Abd el-Krim, el líder
de la autoproclamada República
del Rif, para lanzar una ofensiva, por lo que la operación fue una catástrofe.
Hubo más bajas que las producidas en el desastre de
Annual de tres
años antes, aunque con un número inferior de muertos; Abd el-Krim se apoderó de
buena parte del protectorado español.24 Primo de Rivera logró ocultar a la opinión pública la
magnitud del desastre gracias a la censura,25 pero en octubre de 1924 tuvo que asumir personalmente
el cargo de Alto Comisario Español en Marruecos. Sólo el
error de los rebeldes rifeños de atacar las posiciones francesas en la
primavera de 1925 permitió a Primo de Rivera salvar la situación.24
En efecto,
el ataque de Abd el-Krim a las zonas de Marruecos bajo protectorado francés fue
suficiente para que Francia, por primera vez, se mostrara dispuesta a colaborar
con España para poner fin a la rebelión rifeña.26 De esta colaboración surgió el proyecto del desembarco
de Alhucemas, que tuvo lugar en septiembre de 1925 y fue un completo éxito, pues
sorprendió al enemigo por la retaguardia y partió en dos la zona controlada por
los rebeldes. Así, en abril de 1926, Abd el-Krim solicitaba entablar
negociaciones. Al año siguiente, Marruecos estaba completamente pacificado, y
dejó de ser un problema para España.26 En su obsesión por no caer en manos del ejército
español, Abd el-Krim se entregó a los franceses, que lo deportaron a la isla Reunión.25
La victoria de Marruecos fue, sin duda, el triunfo más
espectacular del gobierno de Primo de Rivera, y sentó las bases de la política
exterior de la Dictadura en el futuro. La voluntad de permanencia en el poder
del general Primo de Rivera a partir del año 1925, a pesar de que él mismo
había indicado la provisionalidad de su régimen, fue precisamente que hubiera
solucionado un problema que había sido la pesadilla de todos los gobernantes
españoles desde el año 1898.
Por otro
lado, como ha señalado Santos Juliá, "entregada la dirección de la guerra
a las africanistas carecía de sentido seguir con el enojoso asunto de las
responsabilidades, al que se dio definitivo carpetazo".27
El Directorio civil (1925-1930)[editar]
El nacimiento del Directorio civil[editar]
Como ha
señalado la historiadora Ángeles Barrio, "la popularidad que le había dado
a Primo de Rivera el éxito de la campaña de África le permitía dar un paso
adelante en la continuidad del régimen, devolver el ejército a los cuarteles y
emprender una fase civil del Directorio. De hecho, el 13 de diciembre de 1925
Primo de Rivera constituía su primer gobierno de tipo civil, en el que sin
embargo los puestos clave –Presidencia, ocupada por él mismo, Vicepresidencia y
Gobernación, por Severiano Martínez Anido, y guerra por Juan O'Donnell, duque de
Tetuán- se reservaban a militares. En el mismo acto de presentación del
gobierno, para salir del paso de las especulaciones, cada vez más insistentes
en diversos sectores, sobre la necesidad de una salida constitucional, Primo de
Rivera hizo pública su intención de mantener en suspenso la Constitución y de no convocar
elecciones".28
Con el
"Directorio civil" Primo de Rivera restableció el Consejo de
Ministros con las carteras tradicionales y con una composición mitad civiles y
mitad militares. Los civiles pertenecían a la Unión Patriótica, y entre ellos
destacaban las "estrellas ascendentes del autoritarismo corporativo: José Calvo
Sotelo [un antiguo "maurista" que en los dos años anteriores había
ocupado la Dirección General de Administración Local] en Hacienda, Eduardo
Aunós en Trabajo y el conde de
Guadalhorce en Fomento".29 Otro ministro destacado era el conservador José Yanguas
Messía.30
Según
Genoveva García Queipo de Llano, con el nombramiento del Directorio civil
Primo de Rivera, "afirmaba su voluntad de permanecer en el poder y no
marcaba ningún camino preciso para salir del régimen dictatorial".30
La fracasada institucionalización del régimen[editar]
El primer
paso hacia la institucionalización del régimen fue la fundación en abril de
1924 del "partido único" Unión Patriótica y el segundo la formación
del "Directorio civil" en diciembre de 1925. Los pasos siguientes
fueron el establecimiento de la Organización Corporativa Nacional y la
convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto
de nueva Constitución.
La Organización Corporativa Nacional (OCN)[editar]
Primo de
Rivera había prometido a los sectores obreros una actitud de "paternal
intervención" para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que se
concretó en la creación en noviembre de 1926 de la Organización Corporativa Nacional (OCN), una
institución que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo
la "supervisión" del Estado, y cuyo impulsor fue el ministro de
Trabajo Eduardo Aunós, antiguo
miembro de la Lliga
Regionalista y defensor del catolicismo
social. La idea de
la OCN estaba inspirada en la "doctrina social de la Iglesia", aunque también estaba
influida por el modelo corporativo fascista, dado el papel "tutelar"
que se concedía al Estado.31 29 Según Ángeles Barrio, el objetivo último de la OCN
era garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo
del trabajo (lo que denomina como "corporativismo social").32
La OCN
constaba de un primer escalón formado por comités paritarios; un segundo escalón constituido por
las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, un tercero, formado por los
consejos de la corporación de cada oficio, que constituían el órgano superior.
La representación de patronos y obreros era igual en cada paso –cinco por cada
lado-33 y la labor presidencial era ejercida por un
representante del gobierno. Primo de Rivera ofreció la representación de la
clase obrera en la OCN al sindicato socialista, la Unión General de
Trabajadores, lo que creó un importante elemento de división interna entre las
socialistas, ya que la UGT aceptó el ofrecimiento.31 "El plan que Primo de Rivera proponía a la UGT
era ventajoso para el desarrollo y ensanchamiento de sus bases sindicales y
para su representatividad en el ámbito de las relaciones laborales, que venía
disputándosela con la CNT desde los primeros años del siglo", afirma
Ángeles Barrio, pero como alega esta misma historiadora la colaboración de la
UGT con la Dictadura produjo una honda fractura en el socialismo español, ya
que algunos líderes como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos se opusieron a
ella por considerarla injustificada y oportunista.34
La Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de nueva
Constitución[editar]
El 13 de
septiembre de 1926, tercer aniversario del golpe de Estado que le llevó al poder,
Primo de Rivera realizó un plebiscito informal
para demostrar que contaba con el respaldo popular y presionar así al rey para
que aceptara su propuesta de convocar una Asamblea Consultiva, no elegida.
Durante un año Alfonso XIII se resistió, pero en septiembre de 1927, firmó la
convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva que debería preparar y presentar
escalonadamente al gobierno en un plazo de tres años y con carácter de
anteproyecto, una legislación general y completa que a su hora ha de someterse
a un sincero contraste de opinión pública y, que en la parte que proceda, a la
real sanción. Esta Asamblea se reunió en febrero de 1928 y la mayoría de
sus cerca de 400 miembros fueron nombrados directamente o indirectamente por el
gobierno, y sólo unos sesenta habían sido antes diputados, senadores o
ministros.30
En el Real
Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que la fundó, se decía que "no
ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías", sino
un "órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter
general que colaborará con el Gobierno".35 Era "una asamblea corporativa, dependiente por
completo del poder ejecutivo",29 "con miembros elegidos por los ayuntamientos,
las diputaciones provinciales, las uniones patrióticas, los órganos del Estado
y representantes destacados de la Administración, el ejército, la justicia o la
Iglesia junto a otros representantes del trabajo, el comercio, la cultura, las
artes y demás actividades por el gobierno, y pretendía ser la expresión de un
modelo tripartito de representación –Administración, Sociedad y Partido- que
tenía sus raíces en el corporativismo clásico y en el corporativismo fascista
italiano".36
Un fuerte
revés para el proyecto de Primo de Rivera fue la negativa de los socialistas a
participar en la Asamblea Nacional Consultiva, en principio motivada porque los
puestos les habían sido asignados sin elección, pero cuando Primo de Rivera más
tarde aceptó que fueran elegidos por el sindicato UGT, los socialistas
mantuvieron su negativa.11 El socialista que más fuertemente se opuso a la
participación fue Indalecio Prieto, mientras
que Francisco Largo Caballero o Julián
Besteiro siguieron defendiendo la colaboración con el régimen —Besteiro argumentó
que por qué no habrían de ir los socialistas a la Asamblea si habían
participado en las Cortes Generales que, a su juicio, eran tan ilegítimas como
aquélla—.37 Por otro lado, las Universidades, cada vez más
enfrentadas con el régimen, tampoco enviaron represenantes.38
La sección
primera de la Asamblea, presidida por José Yanguas
Messía, con José María Pemán de
secretario, y Antonio
Goicoechea, Víctor Pradera y César Silió, entre sus
vocales, presentó en el verano de 1928 una propuesta de Carta otorgada, como la
calificó el reputado jurista Mariano Gómez, aunque fue
presentada como anteproyecto de "Constitución de la Monarquía
Española", a pesar de que rompía completamente con la historia del constitucionalismo español.39
El
anteproyecto de Constitución –llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, y
que fue redactado por José María
Pemán, Gabriel
Maura Gamazo y Juan de la Cierva-37 tenía un carácter fuertemente autoritario ya que
limitaba el ejercicio de los derechos, no establecía la división de
poderes y sólo la mitad de la Cámara (única) era elegida por sufragio universal,
mientras que la otra mitad era designada por las "corporaciones" y
por el rey. El anteproyecto no satisfizo a nadie, ni siquiera a Primo de
Rivera, debido al excesivo peso que se concedía a la Corona.40 Así un año después de su presentación el anteproyecto
se hallaba completamente estancado, por lo que el debate político se centró ya
en la apertura de un verdadero "período constituyente".41
Como ha
señalado Genoveva García Queipo de Llano, "lo que acabó por arruinar a la
Dictadura como fórmula política fue su propia incapacidad para encontrar una
fórmula institucional diferente a la del pasado".42
La política exterior[editar]
El éxito en
la pacificación de Marruecos tras el desembarco
de Alhucemas impulsó una política exterior más "agresiva". Primo de Rivera
exigió que Tánger, ciudad marroquí que contaba con una importante comunidad
española o de origen español, se integrara en el Protectorado español de
Marruecos. En esto fue apoyado por Mussolini, lo que levantó las suspicacias de
Francia y de Gran Bretaña, garantes del estatuto internacional de Tánger. Al
mismo tiempo exigió también que España tuviera un puesto permanente en el
Consejo de la Sociedad de
Naciones, amenazando con una retirada de la organización si no lo obtenía. Pero
Primo de Rivera no alcanzó ninguno de los dos objetivos. En cuanto a Tánger
obtuvo algunas concesiones administrativas y militares, pero la ciudad mantuvo
su estatus internacional, y en cuanto a la Sociedad de Naciones Primo de Rivera
tuvo que conformarse con que una de las reuniones de la misma se celebrara en
Madrid.43
Estos
fracasos llevaron a Primo de Rivera a reorientar su política exterior hacia
Portugal y hacia Hispanoamérica, un término
que empezó a difundirse entonces. Así la Dictadura patrocinó el viaje del Plus Ultra, un hidroavión pilotado por el comandante Ramón Franco que salió
de Palos de la
Frontera el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires dos días
después, tras haber hecho escala en las islas Canarias y en las de
Cabo Verde. Un
objetivo —estrechar los lazos entre la "madre patria" y las
repúblicas americanas— tuvo la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.44
En 1927 el
dictador italiano Benito Mussolini propuso la
formación de un llamado "Bloque Latino" que
agrupara a Italia, Francia, España, y Portugal en una
alianza basada en la civilización latina y la cultura común que existía entre
estas naciones.45 La propuesta italiana no llegó a prosperar, ya que se
mantuvo la condición de que España debería salir de la esfera de influencia
francesa, y de hecho Mussolini,46 para su frustración, no logró alcanzar ningún acuerdo
con Primo de Rivera en este sentido.46
La política económica[editar]
La Dictadura
centró su propaganda en los logros económicos, pero lo cierto es que en el
notable crecimiento económico que se produjo en esos años tuvo mucho que ver la
favorable coyuntura internacional (los "Felices Años
Veinte"). Su
política económica se basó en una mayor intervención del Estado, a través de
organismos como el Consejo de Economía Nacional creado en 1924 (sin cuyo
permiso no podía, por ejemplo, instalarse ninguna industria nueva),47 y en el proteccionismo de la "producción nacional".
Dos logros importantes de la misma fueron la creación en junio de 1927 de CAMPSA, la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, y de la Compañía Telefónica Nacional de España (efectuada
la concesión en 1924),48 con capital mayoritario de la ITT norteamericana. Pero donde más se hizo patente la
política económica intervencionista de la Dictadura fue en las obras públicas,
desde las obras hidráulicas —para cuyo aprovechamiento integral (energético, de
riegos y de transporte) se crearon las Confederaciones Hidrográficas— a las carreteras (en 1926 se fundó
el Circuito Nacional de Firmes Especiales que realizó
unos 7000 kilómetros de carreteras) y los ferrocarriles.49 También se llevó la electricidad al mundo rural.50 En realidad, según Ángeles Barrio, "nacionalismo
económico a ultranza, intervencionismo y miedo a la competencia eran máximas ya
tradicionales de la política económica en España, y Primo de Rivera sólo hizo
que se desarrollaran y que alcanzaran en los años de la dictadura su máxima
expresión".47
Todo esto
motivó una burocratización de la economía, que dio lugar a episodios de
"favoritismo" como la entrega de monopolios a Juan March (tabaco en Marruecos) o a Urquijo y Ussía. Por otro lado, las regiones ya
industrializadas como Cataluña o el País Vasco, vieron un
incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos
de trabajo. Por vez primera, se pasó de un 57 % de mano de obra dedicada a
la agricultura, a un
45 %, y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Se consolidaba
así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico de unas zonas y el
estancamiento relativo de otras. Además, el incremento demográfico, unido al
proceso anterior, provocó las primeras notables migraciones interiores en la
península.
Para
financiar el considerable aumento del gasto público que supuso la política
económica intervencionista de la dictadura, no se puso en marcha ningún tipo de
reforma fiscal que incrementara los ingresos, por lo que se tuvo que recurrir a
la emisión de Deuda, lo que produjo un fuerte endeudamiento exterior e
interior,51 poniendo en riesgo la estabilidad de la peseta.50
Para
conjugar el grave endeudamiento resultante de la importante inversión en
infraestructuras que generaba un creciente déficit presupuestario también se
recurrió a la venta de monopolios (tabaco, Telefónica, CAMPSA en
petróleo, lotería...). Se echaba en falta una política
fiscal avanzada,
pues salvo un intento de José Calvo
Sotelo de crear un
impuesto único y progresivo echado atrás por la burguesía no hubo intentos de
mejorar la Hacienda. Se promulgaron eso sí, decretos contra la Ocultación de la
Riqueza Territorial, sobre la Contribución Industrial y sobre el Registro de
Arrendamiento y Fincas Territoriales para combatir la evasión fiscal. Todo ello
logró aumentar la renta nacional y la producción industrial, pero empeoró
drásticamente la situación de la Hacienda Pública, cada vez más endeudada. El
endeudamiento se arrastraría más allá de la dictadura, condicionando la
política económica de la posterior Segunda
República.
Por otro
lado, se trató de combatir la conflictividad laboral atrayendo al obrerismo más moderado.
Para ello se recurrió a medidas como la vivienda de protección oficial y el
retiro obrero, o la protección de familias numerosas y del trabajo de mujeres
en temas de maternidad. No se encararon en cambio la reforma agraria o de las
estructuras económicas que creaban el grueso de la problemática.
La caída de la Dictadura[editar]
La
historiadora Genoveva García Queipo de Llano sitúa el inicio de la decadencia
de la Dictadura a mediados de 1928, momento en que confluyeron varios factores:
el agravamiento de la diabetes que padecía
de Primo de Rivera, y que poco después de dejar el poder le llevaría a la
muerte; el fracaso de la Dictadura para instaurar un régimen nuevo; y el papel
creciente de la oposición, a la que se sumó un sector del Ejército que organizó
varias conspiraciones armadas contra el régimen.52 Ángeles Barroso la sitúa un poco antes, a finales de
1927, cuando con la constitución de la Asamblea Nacional Consultiva quedó claro
que Primo de Rivera, a pesar que desde el principio había presentado su régimen
como "temporal", no tenía ninguna intención de volver a la situación
anterior a septiembre de 1923.34
La pérdida de apoyos[editar]
Los sectores
sociales y políticos que inicialmente habían prestado su apoyo a la Dictadura
fueron retirándoselo: los nacionalismos periféricos cuando la Dictadura
incumplió lo prometido sobre la "descentralización" y acabó
disolviendo la Mancomunitat de Cataluña; las organizaciones empresariales
descontentas con la "injerencias" de la UGT en sus empresas ("la
UGT reforzó sus organizaciones y comenzó a extenderlas a la agricultura, lo que
subvertía las tradicionales relaciones entre jornaleros y patronos en el campo.
En las ciudades, donde lo que dominaba era el pequeño y mediano patrono, el
auge del poder sindical se traducía en obligaciones respecto a horarios,
jerarquías de oficios, definición de tareas y de salarios a los que no estaban
acostumbrados"); los sectores intelectuales y universitarios que
abandonaron su "benévola expectativa", desengañados con su
"regeneracionismo" conservador; diversos grupos sociales y políticos
líberales que veían cómo la Dictadura pretendía perpetuarse en el poder,
incumpliendo su promesa de ser un "régimen temporal"; etc. La
progresiva pérdida de apoyos sociales de la Dictadura, hizo que el rey
comenzara "a considerar que tal vez la Corona corría algún riesgo si
seguía atada a la figura del dictador".38
El conflicto
de la Dictadura con los intelectuales tuvo un primer episodio en 1924 cuando
Primo de Rivera expedientó a varios catedráticos —Luis Jiménez
de Asúa, Fernando de
los Ríos— por haberse solidarizado con Miguel de Unamuno, que había
sido destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura, por las
críticas que había hecho al régimen dictatorial. El conflicto se acentuó cuando
muchos intelectuales apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios,
que fueron respondidas por la Dictadura expulsando y desterrando a varios de
ellos, incluido el líder del movimiento Antonio
María Sbert. Estas movilizaciones estudiantiles fueron protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar (FUE),
fundada en 1929.53
Así Ramón del
Valle-Inclán participó en la creación de la Alianza
Republicana, Vicente
Blasco Ibáñez, desde el exilio, y el blasquismo, desde
Valencia, también se oponían, así como Ramón
Menéndez Pidal desde su cátedra. En las Universidades el régimen era
impopular y la imposibilidad de dar títulos oficiales a Universidades de
órdenes religiosas extendieron el descontento a sectores de la Iglesia. Varios
periódicos fueron cerrados, así como las universidades de Madrid y Barcelona.
En el
Ejército el principal conflicto surgió con el Cuerpo de Artillería, a causa de
su completo desacuerdo con la escala abierta de ascensos (es decir, ascensos no
sólo por antigüedad sino también por méritos) propuesta por la Dictadura. La
respuesta de Primo de Rivera fue, primero, suspender a todos los oficiales del
arma en septiembre de 1926 y, después, disolverla. Alfonso XIII intentó mediar
en el conflicto proponiendo una especie de pacto entre caballeros, pero Primo
de Rivera se opuso radicalmente al pacto, amenazando con dimitir y recordándole
al rey que el Ejército estaba bajo su mando. La disolución del arma suscitó la
solidaridad de otros militares con los artilleros, a pesar de que inicialmente
habían apoyado la escala abierta de ascensos.54 La aceptación final del rey de la disolución del arma
fue interpretada por los artilleros como una connivencia entre Alfonso XIII y
Primo de Rivera. "Desde entonces, un sector importante del ejército adoptó
una postura republicana".55 Además, "el conflicto con los artilleros no dejó
de tener repercusiones en los sucesivo, y la más importante de ellas fue que
acentuó el progresivo distanciamiento del rey".54
Hubo dos
intentos de golpe de estado para desbancar a Primo de Rivera del poder y
retornar al sistema constitucional. El primero fue conocido como la Sanjuanada porque
estaba previsto para el 24 de junio de 1926. En la conspiración participaron
los generales liberales Weyler y Aguilera, y destacados miembros de la
"vieja política" como Melquiades
Álvarez.54 El segundo intento de golpe tuvo lugar en enero de
1929 en Valencia y su principal protagonista fue el político conservador José Sánchez
Guerra.52 En este último intento también tuvieron un papel
destacado los artilleros.56
Entre los
dos intentos se produjo el llamado complot de Prats de Molló, un intento de invasión de España desde la Cataluña
francesa dirigido por Francesc Macià y su
partido Estat Catalá, y en el
que colaboraron grupos anarcosindicalistas catalanes de la CNT.54
Los intentos
de golpes de estado eran una novedad que había legitimado la propia Dictadura
—era lícito recurrir a la fuerza militar (al viejo pronunciamiento) para
derribar un gobierno y cambiar un régimen— y "en este sentido, la Dictadura
fue como un retorno a la política del siglo XIX", afirma Santos Juliá-.57
Según Ricardo de
la Cierva la Dictadura de Primo de Rivera supuso aciertos en la institucionalización
económica, pero fracasó en su intento de cerrar sólidas instituciones
políticas:
...Ya hemos registrado la dilución de su convocatoria
ciudadana, la Unión Patriótica, que sin líderes capaces acabó por convertirse en un
conglomerado carente de ilusión y de objetivos, aunque la buena voluntad de sus
orientadores aficionados no mereciese la sangrienta traducción de iniciales que
propuso el general Gonzalo
Queipo de Llano: U.P., urinario público...
El segundo fracaso institucional fue el de la Asamblea Nacional Consultiva, anunciada por el Dictador el 5 de septiembre de 1926, de forma extraconstitucional, pero sin derogar de momento la Constitución de 1876, que siguió suspendida hasta el final del período.
El segundo fracaso institucional fue el de la Asamblea Nacional Consultiva, anunciada por el Dictador el 5 de septiembre de 1926, de forma extraconstitucional, pero sin derogar de momento la Constitución de 1876, que siguió suspendida hasta el final del período.
Ricardo de
la Cierva Historia de España, páginas 808-809
El crecimiento de la oposición[editar]
Al tiempo
que la Dictadura fue perdiendo apoyos, crecieron los grupos de oposición. Entre
los miembros de los partidos del turno, de la vieja política, que se
enfrentaron a la Dictadura destacó el conservador José Sánchez
Guerra, quien, tal
como había prometido, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente se
exilió de España, y más tarde participó en el intento de golpe de estado de enero de 1929. Pero los
partidos del turno como tales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, prácticamente habían desaparecido como consecuencia
de su desalojo del poder y de la política de la Dictadura de "descuaje del
caciquismo". Algunos de sus miembros se integraron en la Union
Patriótica y otros, como Sánchez Guerra o Manuel de
Burgos y Mazo, del partido conservador, o Santiago
Alba, del
liberal, se unieron al Bloque Constitucional fundado por el reformista Melquiades
Álvarez, que defendía la abdicación de Alfonso XIII y la convocatoria de Cortes
Constituyentes. Otros irían aún más lejos y se pasarían abiertamente
al campo republicano, como Niceto
Alcalá-Zamora y Miguel Maura
Gamazo, que
fundaron la Derecha Liberal Republicana.58
Por su
parte, los republicanos se vieron reforzados por el nuevo Grupo de Acción Republicana, de Manuel Azaña (un antiguo
miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez), y alcanzaron la unidad de
acción con la "Alianza
Republicana", fundada en febrero de 1926, en el aniversario de la Primera República Española.59 Formaban parte de la Alianza los viejos Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux –del que en
diciembre de 1929 se desgajó el Partido Republicano Radical-Socialista, de Marcelino
Domingo y Álvaro de
Albornoz- y Partido Republicano Democrático Federal, junto con
las nuevas formaciones de Acción Republicana de Azaña y el Partit
Republicà Català, fundado por Marcelino Domingo y Lluís
Companys.60 Como ha señalado Ángeles Barrio, "la importancia
de la Alianza estribaba en que representaba una renovación del republicanismo capaz de
lograr, como se demostró a raíz de la proclamación de la Segunda República Española, lo que
hasta entonces no le había sido posible: atraer al proyecto político de la
República a unas bases sociales principalmente urbanas, de clases medias y
medias bajas, así como a amplios sectores de los trabajadores".61
En cuanto al
movimiento obrero, la CNT recobró sus fuerzas, aunque escindida entre los
moderados que dirigía Ángel
Pestaña y los más radicales agrupados en la FAI. Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la dura represión
sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que, de la mano de Indalecio Prieto,
abandonaron el proyecto del dictador.
En diciembre
de 1929 Primo de Rivera presentó al rey un plan de "transición" que
pasaba por la convocatoria de una Asamblea formada por 250 senadores y 250
diputados, pero Alfonso XIII le pidió tiempo para responder. Por esas mismas
fechas tomaba cuerpo una conspiración militar para derribar a la Dictadura que
tenía su epicentro en Andalucía y que se desarrollaba casi a la luz pública.62
Ante la
progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos y ante el crecimiento de los
sectores que se oponían a la Dictadura, a lo que se añadió un factor personal
(se estaba agravando la diabetes que padecía), Primo de Rivera pretendió
reforzar su posición ante la Corona y buscó el apoyo directo del Ejército (el
otro pilar en el que se sustentaba su poder). Pero la respuesta de los
capitanes generales fue demasiado tibia (les había enviado una carta
solicitando su apoyo para continuar) por lo que presentó su dimisión al rey en
enero de 1930, que le fue aceptada en el acto. "Alfonso XIII, que era
desde hacía seis años un rey sin Constitución, nombró al general Dámaso Berenguer [entonces
jefe de la casa militar del rey]63 presidente del gobierno con el propósito de retornar
a la normalidad constitucional".64
Según
Genoveva García Queipo de Llano, que Primo de Rivera eligiera la dimisión, el
"procedimiento más insospechado" para dar una salida a la situación,
se debió a "su mal estado de salud y [a] las ganas que tenía de abandonar
el ejercicio de sus responsabilidades". Tras su dimisión, salió de España
y poco después fallecía en un modesto hotel de París.62
La sensación de frustración y abandono que debió de
experimentar Primo de Rivera cuando, tras su dimisión forzada en enero de 1930,
se trasladó a París, probablemente aceleró su muerte, que se produjo dos meses
más tarde en la más completa soledad. Ni él ni sus colaboradores más directos
–entre los que además de Calvo Sotelo o Aunós, habría que citar a su propio
hijo, José Antonio Primo de Rivera- pudieron comprender la poca
benevolencia de la ciudadanía con lo que ellos consideraban un balance muy
positivo de un régimen, que habría librado a España del separatismo, del sindicalismo, del
déficit y de la guerra.
N.B. No copiamos todas las fotos.
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