Alaya imputa a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE
La magistrada ha imputado también a 19 altos o ex altos cargos de la Junta
el pais - JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla 2 JUL 2013 - 14:59 CET334
Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta. / P. CABO
La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, ha imputado en el caso a Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004. La imputación se basa en la línea de investigación que realiza la juez sobre la legalidad del procedimiento con el que la Junta de Andalucía pagó durante años los expedientes de regulación de empleo.
La juez anuncia con tono solemne un paso adelante después de dos años y medio de investigación: "Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales (...) habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos", reza el último auto de Alaya.
La magistrada entiende que el sistema utilizado era ilegal y permitía sortear los controles internos. La magistrada ha imputado también a otros 19 altos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la causa por el mismo motivo. Alaya acusa a Álvarez de "dictar las normas" en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación, y ha imputado a su exviceconsejero y número dos de entonces José Salgueiro. El sucesor de Álvarez en la consejería fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que Alaya ha señalado en diferentes autos, pero su hipotética imputación debe ser derivada al Tribunal Supremo, dado que es aforado.
Entre los imputados se encuentra el actual número dos de la Consejería de la Presidencia, Antonio Lozano, que era director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía. También ha imputado al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al que ha citado a declarar el próximo 25 de julio. La Intervención de la Junta de Andalucía alertó en varias ocasiones de que el procedimiento con el que se daban las ayudas sorteaba los controles administrativos. El Gobierno andaluz basa parte de su defensa en que el Interventor jamás alertó del menoscabo de fondos públicos. Esto ha dado lugar a fuertes enfrentamientos entre miembros del Gobierno autónomo que preside el socialista José Antonio Griñán con el exinterventor. Alaya acusa a Gómez por "el indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando".
La juez basa su auto, redactado el pasado 28 de junio, en el oficio remitido por la Guardia Civil el día antes, y en el que analiza el papel desempeñado en los ERE por la Consejería de Hacienda y la Intervención General de la Junta. Asimismo, Alaya menciona los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas de Andalucía para apoyar su tesis contraria a las transferencias de financiación de la Junta andaluza, "una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales", dictamina la juez.
Entre los altos cargos acusados figuran dos exviceconsejeros de Innovación (Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez), el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el interventor delegado en Empleo Juan Luque, tres secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo (Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina) y los directores de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete y Antonio Valverde.
El abogado Carlos Leal declara como imputado pasado mañana tras posponerse su comparecencia durante la Operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil el pasado marzo.
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