El Gobierno endurece los requisitos para ser presidente del Poder Judicial
Los viajes internacionales de los vocales del Consejo deberán ser coordinados con Exteriores
El nuevo jefe de los jueces será el único miembro del consejo con dedicación exclusiva
El ministro renuncia a establecer sin acuerdo que sean los jueces quienes elijan a los vocales
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo deberá ser un magistrado de sala del Supremo con al menos tres años de antigüedad. Así la ha avanzado el ministro del Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón, que además ha asegurado que los viajes internacionales de los vocales del CGPJ deberán ser coordinados con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La modificación de la ley recoge también un cambio en el sistema de mayorías para la toma de decisiones, que en su mayoría serán adoptadas por mayoría simple. También se modifica el sistema de sanciones y será un "promotor de acción de la justicia" el que elevará la propuesta de sanción a la comisión disciplinaria.
El ministro ha asegurado que el nuevo jefe de los jueces será el único miembro del Consejo con dedicación exclusiva, mientras que los otros 20 vocales deberían seguir con su actividad principal. Los vocales compaginarán su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, ha subrayado el ministro. Su remuneración será mediante el cobro de dietas. Según Ruiz-Gallardón este cambio provocará un mayor número de candidatos a ocupar uno de estos puestos.
Estas medidas están incluidas en un informe elaborado por un grupo de expertos a los que el Gobierno ha pedido opinión sobre la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Ese informe responde al desprestigio del órgano de gobierno de los jueces en este momento, tras la dimisión de su presidente, Carlos Dívar. Por eso se van a cambiar los sueldos, los gastos y la dedicación. Ahora el presidente del Poder Judicial cobra 130.000 euros anuales y cada uno de los 20 vocales, 112.000. El CGPJ estará sometido a la Ley de Transparencia.
En la actualidad, el órgano de gobierno de la judicatura está compuesto por un total de 20 vocales más el presidente. Todos ellos están liberados de sus ocupaciones y mantienen unos sueldos que están considerados de los más altos de la administración del Estado. Por ello, el presidente del CGPJ cobra casi el doble que el presidente del Gobierno, con un sueldo anual de 130.000 euros repartidos en catorce pagas.
El ministro de Justicia ha informado de que el contenido de ese informe con los cambios sobre el Consejo del Poder Judicial será enviado a los grupos y que espera que las medidas contenidas tengan "el valor añadido" de un amplio acuerdo parlamentario.
Ahora, la designación de los 12 vocales corresponde al Congreso y al Senado de entre los miembros de la Carrera Judicial. Los otros ocho vocales son juristas de reconocido prestigio y son elegidos igualmente por las Cámaras legislativas. Hasta hoy el ministro defendía que los miembros del Consejo fueran elegidos mayoritariamente por los jueces, aunque hoy, preguntado específicamente sobre ese extremo, ha señalado que no hay tiene una postura dispuesta a acordar todos los puntos recogidos en el informe de los expertos.
Discrepancias en las asociaciones
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha manifestado su acuerdo con la opción de que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. "Nosotros siempre hemos estado de acuerdo porque consideramos que es lo que despolitiza el órgano y así lo ha dicho además el Consejo de Europa y el propio Tribunal Constitucional (TC) español", ha recalcado.
Sin embargo, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por actuar con "clandestinidad" y "secretismo" ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra parte, también ha opinado que la premisa es "engañosa" ya que a pesar de querer despolitizar la justicia ha "presionado" e "influido" en los vocales sobre cómo tenían que resolver la crisis del caso Dívar, algo "incompatible" con lo que ahora propone. "Lo que hay detrás es una reforma integral de la cual va saliendo poco a poco la letra pequeña", ha explicado Bosch.
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