EL PAÍS - Madrid - 09/04/2010
"Los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación de Garzón"
El diario 'The New York Times' defiende al juez de la Audiencia Nacional en un duro editorial
Una injusticia en España. Así titula The New York Times el alegato en defensa de Baltasar Garzón que publica hoy. En un duro editorial contra la causa abierta contra el magistrado, que califica de "políticamente motivada", el prestigioso diario afirma: "Los crímenes reales en este caso son las desapariciones [durante la guerra civil y la dictadura franquista], no la investigación de Garzón".
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"España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla", afirma el periódico neoyorquino.
Según el NYT, la querella contra el juez de la Audiencia Nacional debería haber sido rechazada por los tribunales. La posible suspensión en sus funciones por 20 años a la que se enfrenta "complacería a sus enemigos políticos, pero sería una parodia de la justicia".
El diario argumenta que si, como parece probable, las desapariciones de más de 100.000 personas durante la represión franquista son crímenes contra la humanidad de acuerdo con el Derecho Internacional, la ley de amnistía de 1977, que Garzón ignoró deliberadamente según el juez Luciano Varela, "no puede absolverlos legalmente".
Una condena a Garzón, a quien el NYT califica de juez "arriesgado y controvertido que se ha granjeado muchos enemigos", "acabaría de hecho con una carrera dedicada a hacer que terroristas y dictadores paguen por sus crímenes".
Aunque al juez "le atraen los casos notorios y algunas veces se extralimita", "su objetivo constante ha sido negar la impunidad a los poderosos y extender el ámbito de las leyes internacionales sobre derechos humanos", afirma el diario. Por eso, "se debería permitir a Garzón volver a ese trabajo lo antes posible".
EDITORIAL
An Injustice in Spain
Published: April 8, 2010
Spain’s best-known investigative magistrate, Baltasar Garzón, is now being prosecuted in a politically driven case that should have been thrown out of court.
Judge Garzón is charged with ignoring a 1977 amnesty law when he decided to investigate the disappearances of more than 100,000 people during Spain’s 1930s civil war and the decade of Francoist repression that followed. The charges were brought by two far-right groups who fear an open investigation of the Franco-era record. Unfortunately, one of Mr. Garzón’s fellow magistrates sustained the complaint and brought formal charges this week.
As a result, he will now be suspended from his duties pending trial. If convicted, he could be barred from the bench for up to 20 years, effectively ending a career dedicated to holding terrorists and dictators accountable for their crimes. That would please his political enemies, but it would be a travesty of justice.
The real crimes in this case are the disappearances, not Mr. Garzón’s investigation. If, as seems likely, these were crimes against humanity under international law, Spain’s 1977 amnesty could not legally absolve them. The suspected perpetrators are all dead, and Mr. Garzón long ago halted his investigation, passing jurisdiction to local Spanish courts in the areas where the victims were exhumed.
Mr. Garzón is a fearless and controversial prosecutor who has made many enemies over the years. He has brought cases against Basque and Al Qaeda terrorists, powerful Spanish politicians, Latin American dictators and Russian mafia thugs.
High-profile cases, like his bid to try the former Chilean dictator Augusto Pinochet, appeal to him, and sometimes he overreaches. But his consistent goal has been to deny impunity to the powerful and expand the scope of international human rights law.
Mr. Garzón should be allowed to resume that work at the earliest possible date. Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it.
TRADUCCION GOOGLE
EDITORIAL
Una injusticia en España
Publicado: 8 de abril 2010
El más conocido magistrado de investigación de España, Baltasar Garzón, está siendo procesado en un caso impulsado políticamente que debería haber sido expulsado de la corte.
El juez Garzón es acusado de ignorar una ley de amnistía de 1977 cuando se decidió a investigar las desapariciones de más de 100.000 personas durante 1930 la guerra civil de España y la década de represión franquista que siguió. Los cargos fueron presentados por dos grupos de extrema derecha, que temen una investigación abierta del registro del franquismo. Por desgracia, uno de los compañeros magistrados Sr. Garzón sostuvo la denuncia y presentó cargos formales de esta semana.
Como resultado, ahora será suspendido de sus funciones en espera de juicio. Si es declarado culpable, podría ser excluido de la banca por hasta 20 años, poniendo fin a una carrera dedicada a la celebración de los terroristas y dictadores por sus crímenes. Eso sería complacer a sus enemigos políticos, pero sería una parodia de la justicia.
Los crímenes reales en este caso son las desapariciones, no la encuesta del Sr. Garzón. Si, como parece probable, se trataba de crímenes contra la humanidad bajo el derecho internacional, de España 1977 de amnistía no podía legalmente les dispensa. Los presuntos autores están muertos, y el Sr. Garzón hace mucho tiempo detuvo su investigación, pasando a la jurisdicción local de los tribunales españoles en las zonas donde las víctimas fueron exhumados.
Sr. Garzón es un fiscal valiente y polémico que ha hecho muchos enemigos con los años. Él ha llevado casos contra vascos y los terroristas de Al Qaeda, de gran alcance los políticos españoles, los dictadores de América Latina y Rusia matones de la mafia.
casos de alto perfil, como su intento de probar el ex dictador chileno Augusto Pinochet, la apelación a él, ya veces overreaches. Pero su firme objetivo ha sido negar la impunidad a los poderosos y ampliar el ámbito de aplicación de normas internacionales de derechos humanos.
Sr. Garzón se debe permitir a reanudar esa labor a la mayor brevedad posible. España necesita una contabilidad honesta de su problemático pasado, no el enjuiciamiento de quienes tienen el valor de la demanda.